Este fin de semana comienza en Jalisco el proceso de Consulta Popular sobre el Pacto Fiscal, mediante el cual los jaliscienses podrán decidir si el estado debe analizar su permanencia o salida del actual esquema nacional de distribución de recursos públicos, que es implementado por el Gobierno federal.
Mientras tanto, en el Congreso de Jalisco está lista la iniciativa que reformaría la Constitución Política del estado, y cuyo futuro –su aprobación o rechazo-serádeterminado por lo que resuelvan los jaliscienses en la Consulta Popular que está por iniciar en la entidad.
En específico, la interrogante con que se encontrarán los jaliscienses que decidan participar en la Consulta Popular sobre el Pacto Fiscal, será la siguiente: “¿Estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de Coordinación Fiscal y la manera en que la federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale del Pacto Fiscal?”.
Por ello, la iniciativa que presentó el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ante el Congreso, contiene tres puntos centrales: la obligación de que el gobernador en turno analice durante la primera mitad de su mandato la conveniencia de permanecer o salir del Pacto Fiscal, la facultad del Congreso local para autorizar la salida del Estado del Pacto Fiscal y prevé la creación del Sistema Tributario Estatal.
Te sugerimos: Consulta del Pacto Fiscal en Jalisco llegará a comunidad wixárika
Por ejemplo, el Artículo 50 sobre las “facultades y obligaciones del Gobernador del estado”, se reforma para añadir este precepto:
“XXVII. Celebrar convenios de coordinación fiscal con la Federación, así como darlos por terminados cuando ya no resulten convenientes para el Estado, previa autorización del Congreso. El Gobernador en turno, dentro de los tres primeros años de su encargo y por una sola ocasión, deberá llevar a cabo un proceso de revisión integral de la política fiscal del Estado y sus convenios de coordinación, en el que se pondere el equilibrio entre el componente federal de la aportación del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en su conjunto con sus necesidades solidarias, y presentar sus conclusiones al Congreso.
“Para dar por terminados los convenios de coordinación fiscal con la Federación, se deberá demostrar que ya no se cumplen las condiciones que justificaron la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y motivar que el Estado puede hacerse cargo de la conducción de la política fiscal a través del Sistema Tributario Estatal”, dice.
El rol del Congreso
Por su parte, el Artículo 35 que establece las “facultades soberanas del Congreso”, se modifica para agregar la siguiente: “XXXVIII. Autorizar al Ejecutivo, por mayoría simple, la celebración de convenios de coordinación fiscal siempre y cuando se justifique su conveniencia para el estado, debiendo tomar en cuenta tanto el componente federal de aportación del estado como las necesidades solidarias del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
“Asimismo, en una sola ocasión durante el ejercicio del encargo del Ejecutivo en turno, podrá autorizar darlos por terminados cuando, de manera motivada y previa revisión, se demuestre que ya no se cumplen las condiciones que justificaron su adhesión y que el Estado puede hacerse cargo de la conducción de la política fiscal”.
Finalmente se añade el siguiente párrafo a la fracción X del Artículo 15 para darle vida al Sistema Tributario Estatal de Jalisco: “El estado podrá adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y ceder sus facultades originarias de establecimiento y cobro de contribuciones en los términos de los convenios de coordinación y sus anexos. La participación en la recaudación federal y la transferencia de recursos adicionales por la Federación deberá ser siempre equitativa, y ponderar el componente federal de la aportación del estado al sistema en su conjunto con sus necesidades solidarias.
“No obstante, el Estado contará con un Sistema Tributario Estatal que se regirá bajo los principios de eficiencia, disciplina financiera, transparencia y contabilidad gubernamental y será el encargado de que las personas físicas y jurídicas contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tributarias del Estado e incentivar su cumplimiento voluntario”.
Efectos inmediatos
También el gobernador, Alfaro Ramírez, quedaría sujeto a valorar la conveniencia de permanecer o salir del Pacto Fiscal, pues la reforma considera un artículo Segundo Transitorio que señala que “para efectos de lo dispuesto en el artículo 50 fracción XXVII de la Constitución Política del estado de Jalisco que se reforma a través de este Decreto, el Gobernador del estado deberá realizar la revisión de los convenios vigentes, dentro de los primeros 6 meses a la entrada en vigor del presente decreto. Ello en virtud de que resulta necesario que el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos sean revisados, to- mando en cuenta que el Convenio fue firmado en 1979, y sus anexos aprobados en los años 1979,1980, 1981, 1982,1995, 1996 y 2002, por o que la última revisión se dio hace más de 18 años”.
Cuando el gobernador presentó la iniciativa el 22 de febrero de 2021, dijo: “vamos a consultarle a los jaliscienses si están de acuerdo en que por lo menos cada seis años revisemos el Pacto Fiscal (…). Vamos a preguntarles si están de acuerdo en que el Ejecutivo Estatal y el Congreso del estado garanticen que en la relación fiscal con la federación defendamos los intereses de nuestro estado. Vamos a consultarles si respaldan la idea de que, en caso de que a nuestro estado no le convengan los términos de la relación fiscal con la federación, Jalisco se retire del pacto fiscal”.
Esta iniciativa, explicó el mandatario, se discutirá hasta agotar el procedimiento de consulta ciudadana que esta misma semana se solicitará al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, para que la diseñe y la coordine.
