La ciencia de la prevención es clave en el combate a las adicciones

La venta de bebidas alcohólicas y productos de tabaco está prohibida para menores de edad en México; sin embargo, más del 20 por ciento de la población adolescente tiene acceso a estos productos, así como a drogas ilícitas, y las consume, por lo que la elaboración de planes preventivos en todos los niveles de gobierno debe integrar a la ciencia y los determinantes sociales durante su desarrollo.

“Uno de los problemas más grandes que tenemos en México es que se han probado, desde la investigación, muchos modelos de prevención que han resultado exitosos, desde 1972; sin embargo, no hemos sido capaces de incorporar  la investigación a un sistema que la haga permanente, continua y que realmente se implemente para el uso de la evidencia científica en los programas de prevención”, afirmó María Elena Teresa Medina-Mora Icaza, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante su participación en el Tercer Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones Planet Youth, en Guanajuato, Guanajuato, la especialista subrayó la importancia de integrar la ciencia de la prevención en las acciones para mejorar la salud pública, pues involucra el estudio del desarrollo humano y la ecología social, así como la identificación de factores y procesos que llevan a conductas y resultados de salud positivos y negativos.

“Detrás de cada investigación debería de haber un modelo conceptual de desarrollo que nos permitiera identificar cuáles son nuestras metas y cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir y cómo vamos a evaluar que lo que estamos haciendo realmente cambia a las personas y las ayuda a no usar drogas”, explicó.

Medina-Mora Icaza añadió que para la elaboración de estos modelos es imprescindible tomar en cuenta los determinantes sociales, que son aquellos factores que impactan la salud y el bienestar (circunstancias en las que la persona nace, crece y se desarrolla, vive, trabaja y envejece, y están moldeadas por el dinero, el poder y los recursos a nivel global, local y nacional, que a su vez están influidos por las políticas que se implementan.

A esos factores se suman las desigualdades en la salud, que tiene que ver con segmentos de la población que se asocian con género, raza, etnicidad, educación, ingreso, discapacidad, o vivir en diferentes localidades geográficas; y las inequidades en la salud, que tienen que ver con disparidades como resultado de políticas y prácticas socio-económicas sistemáticas, evitables e injustas que crean barreras a la oportunidad.

“Por ejemplo, un sector que no tiene acceso a los programas de prevención ni de salud son las poblaciones migrantes, las poblaciones que viven en zonas muy aledañas, esto lo vimos muy claramente en la pandemia de COVID-19, sabíamos que había una gran disparidad, que las personas que murieron fueron aquellas que tenían menos acceso a servicios, etc”, comentó.

De este modo, declaró que saber cuál es el tipo de vulnerabilidad de las poblaciones es importante para poder configurar los programas de prevención, ya que hay personas que son más propensas a volverse adictas por su condición de salud o hay otras que están más expuestas a entornos alejados al bienestar como lo son los distintos tipos de violencias, entre ellas, la violencia colectiva, la violencia comunitaria, la violencia familiar, la violencia de pareja o la violencia escolar.

El consumo de drogas en datos

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición continua 2022, dados a conocer por el Instituto Nacional de Salud Pública, indican que la prevalencia actual de consumo de alcohol en adolescentes de 10 a 19 años es de 20.6 por ciento; en los últimos 12 meses y los últimos 30 días fue de 13.9 y 5.2 por ciento, respectivamente.

Además, 4.6 por ciento de las y los adolescentes encuestados, es decir, cerca de un millón de jóvenes, dijeron haber consumido tabaco; mientras que el 2.5 por ciento reportaron el uso de cigarrillos electrónicos.

Mientras que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, cuya última versión es la de 2016-2017 y fue publicada por la Secretaría de Salud federal, indica que una de cada 19 personas de 12 a 17 años en el país consumió marihuana alguna vez hasta el año 2016. El consumo de esa sustancia aumentó entre la población de 12 a 17 años de 2001 (1.1 por ciento) a 2016 (5.3 por ciento).

La misma fuente precisa que una de cada 91 personas de 12 a 17 años (5.3 por ciento) consumió cocaína, hasta 2016, pero implicó un incremento de 2001 (0.2 por ciento) a 2016 (1.1 por ciento); además, una de cada 167 personas de dicho rango de edad (0.6 por ciento) consumió alguna vez algún estimulante de tipo anfetamínico hasta 2016.

¿Qué dice la ley respecto a la salud mental?

El artículo 27 de la Ley General de Salud establece que, para los efectos del derecho a la protección de la salud, entre los servicios básicos de salud que el Estado mexicano debe garantizar, se encuentran el de la salud mental y la educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las  condiciones sanitarias del ambiente.

En tanto, el artículo 72 de dicha disposición legal, mandata que la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“El Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio nacional. Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental un estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos; y por adicción a la enfermedad física y psico-emocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación”, determina la disposición.