Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la afectación al ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el país, ante la omisión del Senado de la República para el nombramiento de tres integrantes del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, el comisionado Adrián Alcalá Méndez, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, y la comisionada Josefina Román Vergara, participaron en una audiencia pública de la CIDH, en el marco de su 188 periodo de sesiones, en su sede en Washington D.C.
Con la representación del pleno del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, advirtió ante la CIDH que “en México, los derechos de acceso a la información y protección de datos personales están en peligro, pues la falta de integración completa de nuestro pleno afecta la autonomía y el funcionamiento de este organismo, cuyo mandato consiste en la promoción y garantía de tales derechos”.
Precisó que el pleno del organismo garante estuvo imposibilitado para sesionar por casi 5 meses ante la falta de quórum, lo cual provocó un retraso en la resolución de diversos asuntos de su competencia y perjuicios para los derechos humanos de los y las mexicanas, hasta que esa situación fue temporalmente remediada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al otorgar como medida cautelar la posibilidad de sesionar con su integración actual.
Conformación del organismo garante
Ibarra Cadena consideró fundamental respetar la conformación del organismo garante, ya que es de sus integrantes de quienes depende en última instancia su independencia, pluralidad, especialidad e imparcialidad.
“Importa la autonomía del órgano garante, porque los derechos humanos que tutela son esenciales para la democracia. Ataques contra su autonomía, como es la falta de integración de su pleno, importan porque de esa independencia depende la efectividad del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Importa porque la información es una condición ineludible para la democracia y es un requisito para el diálogo público. Importa porque la verdad es la base de una comunicación real entre las personas y sus gobernantes, y es el primer peldaño para una ciudadanía crítica y exigente. Por eso estamos aquí. Porque es importante defender a las instituciones, la democracia y el Estado Constitucional de Derecho, que se soporta en los derechos humanos”, planteó.
La audiencia fue solicitada en agosto pasado por organizaciones de personas defensoras de derechos humanos, investigadoras, académicas y periodistas, en términos del artículo 66 del Reglamento de la CIDH, que prevé la posibilidad de presentar testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más Estados o asuntos de interés general.
Presidió la audiencia la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora sobre los Derechos de la Niñez; junto al comisionado Carlos Bernal Pulido, relator sobre Personas con Discapacidad, y el comisionado Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión.
Por parte del Estado mexicano, participaron Luz Elena Baños Rivas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Jesús Peña Palacios, oficial a cargo de la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En voz del grupo de OSCs, Sarahí Salvatierra, de Fundar; Nayeli Torres, de Artículo 19, e Itzel Checa, del Observatorio de Designaciones Públicas, señalaron que México ha sido un modelo de referencia para crear organismos autónomos en la región, por lo que es preocupante que los intentos por debilitar al INAI tengan éxito y sean replicados en el continente americano, lo cual constituiría graves retrocesos en la materia.
Las OSCs solicitaron a la CIDH lo siguiente:
Primero: Emitir un pronunciamiento público sobre la situación planteada en la audiencia, principalmente, sobre la omisión deliberada por parte del Estado mexicano para completar el pleno del Instituto.
Segundo: Instar al Estado mexicano a cesar los ataques y actos orientados al debilitamiento contra los órganos autónomos, particularmente contra el INAI.
Tercero: Realizar un informe temático sobre estándares interamericanos tendientes a fortalecer los procesos de designación de altas responsabilidades públicas, tomando en cuenta el contexto.
Y cuarto: Que haga un informe temático sobre la situación actual de los órganos autónomos garantes del derecho a la información y el estado de este mismo derecho en la región, en conjunto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Es la primera vez en la historia que un organismo autónomo mexicano participa en una audiencia de la CIDH, a efecto de ser escuchado como parte interesada y aportar elementos para corroborar los hechos y argumentos por los que se considera urgente conminar al Senado de la República a cesar la vulneración a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y cumplir con sus obligaciones en la materia.
Las organizaciones de la sociedad civil que formularon la petición y participaron en la audiencia son Data Cívica, Elementa DDHH, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Iniciativa Sinaloa A.C., Observatorio de Designaciones Públicas (ODP) y el Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México (NOSC) – integrado por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Causa Natura A.C., EQUIS justicia para las mujeres, GESOC, Agencia para el desarrollo A.C., México Evalúa, Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C., ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, SocialTic A.C. y Transparencia Mexicana.
