“Samuel, Mariana, gracias por estar aquí. Al fiscal, no, tres fiscales tenemos aquí. No me vayan a andar buscando”, bromeó Jaime Rodríguez Calderón en la toma de protesta del actual gobernador de Nuevo León. Pero ayer los chistes se terminaron.
El exgobernador y excandidato presidencial pasó su primera noche en el penal 2 de Apodaca. Con un pants color gris y una camiseta blanca, “El Bronco” aparece sentado en una cama en su propia celda.
Rodríguez Calderón será procesado por presunto desvío de recursos públicos luego de su detención y de que un Juez de Control y de Juicio Oral de Nuevo León giraron una orden de aprehensión en su contra.
El exgobernador independiente fue detenido mientras circulaba a las afueras de un rancho en el municipio de General Terán
El exgobernador de Nuevo León también fue detenido por su probable participación en presuntos delitos electorales cometidos hace cuatro años en su campaña, por lo que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) llevó a cabo el operativo y lo detuvo en el municipio de General Terán, en la zona citrícola al sur del estado mientras conducía.
Este ordenamiento judicial se cumplió por la Fiscalía con apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como con la coordinación de policías de Fuerza Civil.
La FEDE, a cargo de Gilberto De Hoyos Koloffon, informó en un comunicado, que Rodríguez Calderón estará bajo resguardo en el penal de Apodaca y quedará a disposición de un juez de control.
“La persona investigada permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social estatal a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica. Esta representación social continuará con las etapas procesales, respetando en todo momento el debido proceso y los derechos humanos establecidos en la Constitución y demás ordenamientos legales”, dice el documento.
Los delitos electorales anteriormente no requerían prisión preventiva oficiosa. Pero en abril de 2019 se reformó el artículo 19 de la Constitución mexicana, donde se establece como prisión preventiva utilizar programas sociales para fines electorales.
“El juez ordenará prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, tarta de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales”, dice el artículo.
Samuel ‘se cuelga’ la medalla de Rodríguez Calderón
El gobernador Samuel García presumió la detención a través de sus redes sociales y se adjudicó este hecho por una denuncia que interpuso.
“Cuatro años y cuatro meses tardamos, pero al fin LO LOGRAMOS #Broncofirmas #NLIncorruptible”, publicó García. La denuncia también fue interpuesta por la exdiputada de Movimiento Ciudadano (MC), Mariela Saldivar.
En 2018, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el 21 de julio una sentencia que determinó que existía infracción por parte de 572 servidoras y servidores públicos por captar apoyos en días y horas hábiles. En agosto de ese año, ordenó al Congreso local emitir una sanción para el gobernador.
“Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas”
Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos.#NuevoLeónIncorruptible #Broncofirmas pic.twitter.com/HGLXp84HjH
— Samuel García (@samuel_garcias) March 15, 2022
Rodríguez Calderón acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y obtuvo una suspensión provisional contra cualquier sanción, pues el Máximo Tribunal de Justicia consideró que el Poder Legislativo no tenía una jerarquía superior al Ejecutivo.
Pero el TEPJF, tras una resolución de una Sala Superior, respaldó las sanciones ordenadas. El Congreso local debía sancionar a “El Bronco” por uso de recursos públicos para fines electorales. Pero no lo sancionó hasta ayer que fue detenido por supuestamente este caso.
Nada contra los ‘broncofuncionarios’ de Samuel
El artículo 11 de la Ley General de Delitos Electorales establece prisión de cuatro a nueve años para la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos.
“Bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición”, dice este artículo.
Esto pone sobre la mesa que la FEDE, de Gilberto De Hoyos Koloffon, no está deteniendo a funcionarios que actualmente están en la administración del gobernador Samuel García.
Se trata del secretario de Finanzas y Tesorería, Carlos Garza Ibarra; Osvaldo Robles, director del Canal 28; José Carlos Hernández Caballero, encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León; Carlos Javier Garza Leal, titular de la Unidad de Inversiones y Financiamiento de Proyecto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería; Nora Elia Cantú Suarez, quien era contralora del Gobierno de “El Bronco”, y ahora, subsecretaria de Educación Media Superior y Superior.