La posibilidad de una nueva Constitución en Jalisco ha comenzado a generar efervescencia social y política en los temas donde podría haber una ampliación efectiva de los derechos para sus habitantes: el aborto y el matrimonio igualitario.
Recientemente, el Congreso local aprobó la inclusión de un mecanismo en la actual Constitución que permite convocar a un Congreso Constituyente. Éste tendrá la función de elaborar un nuevo texto constitucional para el estado, uno de los proyectos centrales del actual gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.
Sin embargo, la apertura de esta ventana hacia una nueva Constitución suscitó de forma inmediata una respuesta del ala más conservadora de la sociedad jalisciense, que busca mantener en esa futura carta constitucional el estatus quo prohibitivo que hoy prevalece en Jalisco con respecto al aborto y el matrimonio igualitario
Las bases para una nueva Constitución fueron aprobadas por los legisladores el pasado 11 de septiembre, 6 días después el Frente Nacional por la Familia en Jalisco emitió un posicionamiento donde anunció una marcha para el 21 de septiembre, y demandó cuatro puntos para ser incluidos en la nueva Carta Magna.
Primero, la exclusión del aborto como derecho de las mujeres al pedir que “se respete el derecho a la vida consagrado en el articulo 4to. Constitucional y que fue logrado gracias a una iniciativa ciudadana aprobada en el 2009 con apoyo de miles de jaliscienses y que es el primer derecho humano que deberá gozar de todas las garantías constitucionales”.
Segundo, la restricción del concepto de “matrimonio” a la unión hombre-mujer y pedir que “se fortalezca la familia natural como la célula básica y fundamental de la sociedad y que el matrimonio entre hombre y mujer sea respetado y garantizado en el nuevo ordenamiento jurídico”.
Tercero, un blindaje al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias, valores y tradiciones”, y cuarto, el respeto a la libertad religiosa.
Derechos inciertos
La lucha del Frente Nacional por la Familia y en general del sector más conservador de los jaliscienses para imponer su ideario en la futura Constitución tiene altas probabilidades de salir airosa al final del proceso de redacción constitucional, dada la manera en que los diputados diseñaron lo que será el nuevo Constituyente.
Como lo publicó antes Reporte Indigo, el Congreso Constituyente que se confeccionó por los legisladores no tendrá, en realidad, la última palabra sobre la nueva Constitución, pues carece de la facultad de aprobarla.
La determinación final para validar o no la futura Constitución les corresponderá al Congreso local y los 125 municipios, en manos de los partidos políticos.
En caso de autorizarla, el dictamen deberá ser validado luego por la mayoría de los 125 ayuntamientos.
Por más plural que pueda resultar la conformación del Constituyente, la decisión final sobre la futura Carta Magna de Jalisco terminará por recaer en la misma clase política que rige al Congreso y los municipios, que se ha caracterizado por mantener una postura contraria a los derechos del aborto y el matrimonio igualitario.
El Frente Nacional por la Familia y el sector más conservador buscan imponer su ideario en la futura Constitución con altas probabilidades de salir airosos
El 28 de septiembre, cerca de 500 mujeres se manifestaron en Guadalajara por el derecho al aborto. “Exigimos lo que siempre debió ser nuestro derecho: educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y despenalización del aborto para decidir. Nuestra lucha es para que ninguna mujer muera por abortos inseguros y que ninguna mujer esté en la cárcel por ejercer su libertad”, expresaron.
Liberales cautos
Hay diputados de Jalisco que ya se han pronunciado por respetar los derechos de todos, pero los posicionamientos favorables a la ampliación de libertades siguen siendo más bien tímidos, con un lenguaje que evita decir las cosas por su nombre.
“Entre tantas cosas que tenemos que padecer las mujeres, me indigna que se estigmatice y se criminalice a quienes después de haber sido agredidas, abusadas y violadas se les niegue su derecho a una atención que proteja su vida, su salud y su prosperidad.
“Que quede claro, no estoy a favor del aborto, estoy en contra de que se le nieguen a las mujeres y a todas las personas, sus derechos que deben ser protegidos sin restricciones”, dijo el pasado 1 de octubre la diputada del PRI, Sofía García Mosqueda.
El diputado Enrique Velázquez González, del PRD, también manifestó el 23 de septiembre lo siguiente en redes sociales. “Nuestra postura sobre la #MarchaPorLaVida es clara: Los derechos se respetan y defienden igual para Todos, no podemos discriminar ni restar derechos a los diferentes modelos de familia solo porque unos cuantos no están de acuerdo”.
Pero más allá del discurso, ningún diputado ha presentado a la fecha alguna iniciativa que reconozca los derechos del aborto y el matrimonio igualitario.
Sorprendió, la postura adoptada por el exgobernador del PRI, Aristóteles Sandoval Díaz, quien durante su gobierno nunca promovió el derecho al aborto.
“El #AbortoLegal en Jalisco es una deuda que tenemos con las mujeres de nuestro estado”, escribió el pasado 1 de octubre.
Diputados de Jalisco ya se han pronunciado por respetar los derechos de las mujeres, pero sus posicionamientos han sido tibios y con un lenguaje que evita decir las cosas por su nombre
