La batalla legal de los verificentros

Aun año de que la administración del entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera retirara 29 concesiones a operadores de verificentros y les prohibiera brindar servicio, los afectados fueron recibidos por Marina Robles, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), quien prometió revisar cada una de las que sí se otorgaron y si éstas son lícitas.

Los procesos jurídicos de los verificentros que fueron cancelados continúan abiertos y algunos han conseguido que se les reintegren las concesiones.

Hasta 2017 funcionaban 83 verificentros con licencias de operación desde 1995, pero con el argumento de que algunas funcionaban con equipos de medición de contaminantes ya obsoletos, el Gobierno capitalino retiró al menos 29 concesiones el 2 de enero de 2018.

Derivado de aquel conflicto, los concesionarios que no fueron revalidados quedaron fuera del negocio de verificación de los más de 2 millones y medio de vehículos que circulan en la capital.

Al menos 18 concesionarios se unieron en la Asociación Ecológica de Verificación e interpusieron juicios en contra de aquella decisión.

Impugnaron la convocatoria que lanzó la directora general de Calidad de Aire, cuando en uso de atribuciones le correspondía al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, o en su caso, a Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente (Sedema).

“Fue injusto el retiro de concesiones y la nueva convocatoria fue hecha a modo, hubo opacidad en la entrega de las nuevas concesiones, fue raro que Miguel Ángel Mancera entregara dichos permisos a gente que no tenía experiencia en cuestiones ambientales y estos fueron beneficiados”, dijo Gustavo Torres, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación.

Guerra en los juzgados

Gustavo Torres, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, dijo en entrevista con Reporte Índigo que la mayor parte de los juicios promovidos en contra de la medida implementada por la administración pasada han sido ganados en los juzgados.

Ahora solicitan a la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la revalidación de las autorizaciones que dejó sin ingresos a 2 mil 500 familias, según sus cifras.

“Hoy se cumple un año que no nos permitieron revalidar, la mayoría de los que se quedaron sin concesiones se dedicaron a vender en tianguis o algunos se integraron a los nuevos verificentros”, dijo Torres.

Ayer sostuvieron una reunión donde estuvieron presentes la titular de la Sedema, Marina Robles García; y el director de Gestión de la Calidad de Aire de dicha dependencia, Sergio Zirath.

Concesiones cuestionadas

Apartir de enero de 2018 comenzaron a operar 55 nuevos concesionarios con una vigencia de diez años.

Sin embargo, la Asociación Ecológica de Verificación acusó que del total, cinco empresas obtuvieron el 50 por ciento de los permisos para operarlas.

Se trata de Verificaciones Centenario SA de C.V (con cuatro licencias); Power Cars (cuatro); Excelencia Refaccionaria Ave Fénix (cuatro); Control Atmosférico de México (siete); Ciudad Maxi Plus (cinco); Mac 1, 2, 3 y 4 (cuatro), Compañía Empresarial Vedoza (dos); y Suministros y Maquinaria Kebec (dos).

A la asociación le pareció irregular que tan solo la firma “Control Atmosférico de México” obtuviera siete licencias para las que requirió un estimado de 140 millones de pesos de inversión teniendo en cuenta que por cada uno de los verificentros requieren veinte millones de pesos

Luego de aquel conflicto en el que se negó la revalidación a ciertos concesionarios, la Secretaría del Medio Ambiente, entonces encabezada por Tania Müller, suspendió por 6 meses la verificación de automóviles en la capital de la República, es decir, de enero a junio de 2018.

Ese lapso de medio año fue utilizado para la supuesta renovación de verificentros en la ciudad, dejar fuera los que no cumplían con las normas exigidas y dar cabida a los 55 nuevos centros de verificación que contarían con nuevo equipo para la medición de emisiones contaminantes y partículas finas, dinamómetros y equipo para realizar pruebas físico-mecánicas como recomendaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el International Transport Forum.

Con toda esa polémica a cuestas, en octubre de 2018, ya siendo jefa de gobierno electa pero a escasos días de asumir funciones, Claudia Sheinbaum Pardo denunció que el chofer que la apoya desde la precampaña llevó su auto a un centro de verificación en Huipulco y un empleado del mismo le solicitó dinero para pasar los trámites y la inspección sin problema.

Derivado de esto, se inició incluso una carpeta de investigación en la Fiscalía de Tlalpan por tentativa de extorsión.