La batalla amarilla
La iniciativa de reforma para regularizar en Jalisco el servicio que prestan las Empresas de Redes de Transporte (ERT), como Uber, está por cumplir seis meses en la congeladora del Congreso local, mientras las protestas de los taxistas tradicionales arrecian en la ciudad de Guadalajara.
El pasado martes las principales centrales de taxistas como la CROC, CTM y CNOP movilizaron a sus agremiados para tomar las calles del Centro Histórico de Guadalajara, en protesta a la operación de las ERT, lo que logró colapsarlo por buena parte del día.
Luis Herrera
La iniciativa de reforma para regularizar en Jalisco el servicio que prestan las Empresas de Redes de Transporte (ERT), como Uber, está por cumplir seis meses en la congeladora del Congreso local, mientras las protestas de los taxistas tradicionales arrecian en la ciudad de Guadalajara.
El pasado martes las principales centrales de taxistas como la CROC, CTM y CNOP movilizaron a sus agremiados para tomar las calles del Centro Histórico de Guadalajara, en protesta a la operación de las ERT, lo que logró colapsarlo por buena parte del día.
Ese día las avenidas del Centro tapatío se pintaban de amarillo y una trifulca entre taxistas y comerciantes de una plaza de la zona dejó 47 detenidos.
Entre las reacciones al hecho, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz hizo recordar que desde septiembre de 2015 él turnó una iniciativa para regular a las ERT.
“Nosotros enviamos una iniciativa al Congreso impulsando la capital de la innovación, generando mejores condiciones porque quien nos importa, que son los usuarios, queremos un mejor servicio, pero también queremos impulsar el desarrollo de todos esos hombres que se dedican al servicio del volante para que puedan modernizarse”, dijo el mandatario de Jalisco.
La iniciativa llegó al Congreso el 24 de septiembre de 2015, sin embargo, es precisamente una de las disposiciones que propone la que se ha vuelto uno de los principales puntos de desencuentro: su pretensión por limitar la cantidad de vehículos de las ERT.
En el artículo segundo transitorio de la iniciativa se lee: “La Secretaría de Movilidad determinará el número de vehículos objeto de autorización para esta modalidad, durante el primer año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, así como su crecimiento posterior”, para lo que tomará en cuenta la opinión del Instituto de Movilidad y Transporte.
Ese mismo artículo dice que por tres años las ERT sólo podrán operar en el Área Metropolitana de Guadalajara, no fuera de ella.
“Durante los tres primeros años a la entrada en vigor del presente decreto, las autorizaciones para el servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles, se otorgarán exclusivamente para su prestación en los municipios de El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo”.
Pasados los tres años estos servicios podrían llegar a otros municipios del estado.
Innovación en duda
Aunque el gobernador habla de una “capital de la innovación”, el nuevo lema de su gobierno, la puerta que abre su iniciativa para limitar el número de unidades de las ERT no atendió lo que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó desde mediados de 2015
El 4 de junio de 2015 la Cofece emitió su Opinión OPN-008-2015 dirigida a los gobernadores de los estados, así como a las legislaturas estatales, donde aborda el tema de las ERT, ahí señala que el marco que las regule “debería privilegiar la competencia y la libre concurrencia”.
Para ello hay dos restricciones específicas que la Cofece pidió evitar en las legislaciones, la primera de ellas ignorada por el Ejecutivo local.
“Autorizar o registrar vehículos para prestar el servicio o limitar su número imponiendo requisitos adicionales como de placas especiales y/o cromáticas.
“Regular los esquemas tarifarios, los cuales actualmente son determinados por las propias ERT en función de la oferta y demanda del mercado”.
Un marco normativo como el que pretende el Congreso debería limitarse a:
“Tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, por ejemplo, a través de la obligatoriedad de acreditar la existencia de seguros de cobertura amplia, para que exista responsabilidad frente a los usuarios, o mediante la revisión de las capacidades y antecedentes de los conductores”.
El gobernador advierte el crecimiento que las ERT han alcanzado.
La Cofece señala que el servicio está enfocado a un segmento de población con mayores recursos económicos, por los requisitos que exigen las ERT para ser usuario, como tener tarjeta de crédito y teléfono inteligente.
Uber y sus condiciones
La iniciativa para regular a las ERT ha sido en general respaldada por Uber, con excepción de dos problemáticas que la firma ha cuestionado desde octubre pasado.
“No podrás pedir un Uber en lugares donde haya sitios de taxi, incluso si hay un vehículo a la vuelta de la esquina. Además, bajo criterios poco claros, se podría frenar el crecimiento de la plataforma, lo cual se traducirá en tiempos de espera muy largos”.
Luego, el 5 de noviembre, emitió un segundo comunicado para señalar una serie de puntos sobre lo que ellos consideraban “qué hace que una regulación sea innovadora”.
“Que sea la propia demanda la que determine cuál es la oferta ideal. Que garantice tu derecho a elegir el tipo de transporte que quieres y desde donde tú lo necesites. Que permita que, con el tiempo, puedas contar con Uber en todo Jalisco”.
De cara a estas demandas los usuarios, choferes y socios lanzaron campañas para señalar que Uber se quedaba en Guadalajara, impulsando una petición en Change.org para que fuera entregada al Congreso una serie de firmas que respaldaran a Uber.
En febrero pasado se entregaron 90 mil firmas de tapatíos y ciudadanos de la república a los diputados locales.
Finalmente, el 23 de febrero de 2016 la empresa envió un escrito al Congreso, sobre lo que ellos consideran “los puntos más sensibles” que persisten en la iniciativa: Uno sobre la ya impugnada limitación en la oferta, y otra sobre la antigüedad máxima de cuatro años que podrán tener los vehículos de la misma.
“Un límite de antigüedad provocaría la necesidad de comprar un mayor número de autos nuevos, lo que a largo plazo se traduciría en un mayor número de autos en la calle”, asegura.