La agonía de los Semefos

Las graves deficiencias y carencias que presentan los Servicios Médicos Forenses (Semefo) eran del conocimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) desde el año 2014.

En ese periodo, la PGR ya contaba con un diagnóstico que advertía la falta de médicos, peritos e infraestructura, pero la situación quedó al descubierto en toda su magnitud con el escándalo del tráiler itinerante que almacenaba 273 cuerpos en Jalisco.

La Agencia de Investigación Criminal de la PGR y su Coordinación General de Servicios Periciales emitieron el “Diagnóstico de la Infraestructura y Operatividad de los Servicios Forenses” hace cuatro años, que sirvió para dimensionar la precariedad en la que operaban los Semefos estatales, a pesar de ser un eslabón fundamental para la identificación de cadáveres y la búsqueda de desaparecidos.

Además, revela la falta de homologación en el tratamiento y control de los cuerpos no identificados y no reclamados, su inhumación y prácticas alrededor de los cadáveres con estas características, las cuales se consideran violatorias de la dignidad de las víctimas.

De acuerdo con un documento obtenido por Reporte Indigo vía transparencia (folio 0001700268518), los gobiernos estatales operan sus Semefos con un total de apenas 442 médicos y únicamente 648 peritos especializados en la identificación de cadáveres, destacando solo 11 entidades que cuentan con 10 o más peritos en toda la República.

Dichos estados son Chihuahua, con 198 de estos peritos especializados en identificación de cuerpos; el Estado de México, con 133 peritos; Guanajuato, con 72; Nuevo León, con 41; Tabasco, con 40; Puebla con 23; Chiapas, con 22; Aguascalientes, con 20; Durango, con 16; la Ciudad de México con 10; y San Luis Potosí, también con 10.

En contraste, las entidades con la menor cantidad de peritos especializados en sus servicios forenses son: Baja California, con cero; Baja California Sur, Campeche y Morelos, con uno cada uno de ellos; Coahuila, Jalisco, y Tlaxcala, con solo dos por cada uno de ellos; Hidalgo y Michoacán, con tres peritos cada uno; y Querétaro, con cuatro.

Los gobiernos de Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, no atendieron el requerimiento de información que les hizo la PGR para que compartieran estos datos sobre su estructura forense.

Con tan pocos peritos en esa materia a disposición de los Semefos estatales no es de sorprender que en el país se tenga conocimiento de 35 mil cuerpos que persisten sin ser identificados y aguardan en fosas comunes de las autoridades, en panteones ministeriales y en los propios servicios forenses, según lo reveló el 5 de abril de 2018 quien fuera subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez.

Carencias para identificar a las víctimas

El diagnóstico de la PGR evidencia que los Semefos de los Gobiernos estatales no están preparados para hacer frente a la ola de violencia por la que atraviesa el país, y mucho menos a la crisis de personas desaparecidas que ha dejado a su paso más de 37 mil víctimas en esa condición, de acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

Por ejemplo, en materia de “Técnicas para Identificación” de los cadáveres, la PGR afirma en su estudio que solo 18 de las 32 entidades federativas tienen Semefos que utilizan la “Genética Forense”, pese a la importancia que ésta ha adquirido para la generación de perfiles genéticos en la búsqueda de personas desaparecidas.

A esto se agrega que solo 22 estados utilizan la técnica de “Necrodactilia” (toma de huellas en cadáveres); solo 16 usan la “Odontología Forense”; solo siete la “Antropología Forense”; ocho los “Estudios Radiológicos” y solo 23 la “Filiación y Señas Particulares (tatuajes)”, además de cuatro entidades que no especificaron estos datos.

El oscuro panorama que pintan estas deficiencias en los Semefos estatales se agrava aún más con otro de los apartados estudiados por la PGR en su Diagnóstico: el relativo a los “Recursos de Identificación” de cadáveres de los cuales disponen esas instancias locales del país.

Según el documento y pese a lo indispensable que estas instalaciones resultan para la búsqueda de víctimas desaparecidas, el 29 por ciento de los estados no cuentan con un “laboratorio de genética” en sus morgues.

Asimismo, el 50 por ciento de las entidades no están equipadas con “Laboratorio de Odontología” y el 38 por ciento no tiene un “Laboratorio de Fotografía”, entre otras deficiencias.

En esta materia, la PGR señala que en seis estados el Registro Civil tiene atribuciones para estar a cargo de los cuerpos inhumados en fosas comunes; en otros 18 esa función la ejerce el Ministerio Público; en seis la tarea referida es del área de Servicios Periciales; y en siete están al frente de ello otros entes, como lo son los propios Semefos.

Justamente este tipo de confusión se hizo manifiesta en el estado de Jalisco durante la crisis del tráiler cuya caja contenía 273 cuerpos, pues la Fiscalía General del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se achacaban entre si la responsabilidad de custodiar y hacerse cargo de los cuerpos no identificados ni reclamados en el estado.

El estudio de la PGR también revela que para la “Inhumación de Cadáveres en Fosas”, los Semefos estatales utilizan las fosas comunes con diversas características, mientras la mitad de los estados cuentan con morgues comunes individuales. El resto inhuma cuerpos sin identificar en fosas colectivas, en las cuales el riesgo de descontrol sobre los restos humanos es mayor; mientras que el IJCF mencionó que los cuerpos son “cremados”.

Los hallazgos del estudio en este ámbito son relevantes, pues mientras no impere un control riguroso sobre las fosas comunes que utilizan las autoridades estatales, se estarán perdiendo en ellas oportunidades valiosas para expandir las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.