“En el caso de nuestra familia, nos sentimos comprometidos con quienes necesitan estos medicamentos. Y quedarnos callados sería egoísta de nuestra parte”
“Ellos decían qué discutir, cómo discutir y cuándo discutir (...) Y creo que una de las cosas más importantes es que les echamos a perder ese monopolio de decisión”
El siguiente paso debe ser que la participación activa de los ciudadanos en el Congreso quede asentada en el reglamento de ambas Cámaras
“Hay que reglamentar la participación de la sociedad, obligar a que el parlamento sea abierto y a que los ciudadanos puedan trabajar junto a los legisladores en los temas que le interesan a la sociedad”
El Congreso de la Unión vive una etapa inédita en la historia del país: los principales temas que se discuten hoy día provienen de la sociedad civil.
Aunque solo uno de ellos -la Ley 3de3- llegó al Congreso en la forma de iniciativa ciudadana, lo cierto es que la agenda de organizaciones civiles ha marcado las decisiones y los debates en el Legislativo.
La lucha de un padre por proveer un medicamento a base de cannabidol para su hija, hará posible que en los próximos días se regule el uso medicinal de la mariguana.
Aunque es poco probable que se apruebe, el consumo recreativo del cannabis entró al debate público gracias a la acción de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART).
La consolidación de un gran sistema de combate a la corrupción podrá lograrse gracias a la presión que un grupo de intelectuales ha ejercido sobre los legisladores.
Lograron ingresar una iniciativa ciudadana con el respaldo de más de 630 mil firmas, para que se trabajara en una plataforma verdadera de combate a la corrupción.
La discusión por la Ley contra la Desaparición Forzada llegó al Senado también como parte de la agenda ciudadana de los familiares de personas desaparecidas.
Antes de ellos, otros héroes ciudadanos han presionado al Poder Legislativo. Su esfuerzo ha resultado en leyes que hoy día han ayudado en el combate a los delitos, la atención a víctimas, el mejoramiento de las guarderías o el cambio en el modelo político del país.
Sin embargo, diputados y senadores pocas veces se portan a la altura de las circunstancias históricas. Muchos se niegan a perder su poder y todo lo que eso implica.
Poco a poco, los ciudadanos han conseguido que sus temas y sus tiempos se impongan ante una parte del Congreso que lucha por mantener las viejas formas de hacer política.
Avances paulatinos
Historias de dolor han traído cambios importantes en varias piezas de legislación del país.
El plagio y mutilación de su marido, impulsaron a María Elena Morera a presionar al Congreso para legislar contra el secuestro y los crímenes de alto impacto.
Lo mismo ocurrió con Isabel Miranda de Wallace, quien tras años de buscar justicia por el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, ha trabajado cerca del Congreso en leyes contra el plagio y a favor de la atención a víctimas.
La misma lucha llevó a Alejandro Martí a apoyar legislación para castigar con más eficacia los delitos de alto impacto.
A ellos siguieron los padres de la Guardería ABC, quienes perdieron a sus hijos en el incendio de la estancia.
Gracias a la presión social por la muerte de 49 niños y a la insistencia de varios de esos padres por mejorar la regulación de las guarderías, se logró concretar la llamada “Ley 5 de junio”.
Vinieron después las víctimas de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Organizaciones civiles de familiares de asesinados o desaparecidos comenzaron con movilizaciones y después, cobijados por académicos y asociaciones internacionales, pugnaron por una legislación que respete los derechos humanos.
Llegó entonces al Congreso el poeta Javier Sicilia, quien luego del asesinato de su hijo fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y pugnó por el reconocimiento a las víctimas.
Uno de los cambios legislativos más importantes que impulsó Sicilia fue la reforma política, que permitiría las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas.
Así, la irrupción de los ciudadanos en el Congreso ha ocurrido de manera gradual, obedeciendo al cambio en la democracia del país.
Reglamentar participación
Para Khemvirg Puente, catedrático de la UNAM y especialista en temas parlamentarios, la participación de los ciudadanos en el Congreso comenzó a verse de forma sostenida a partir de 1997, una vez que el Poder Legislativo del país cambió de rostro.
Sin embargo, aunque la entrada decidida de los ciudadanos al Congreso de la Unión es loable, Puente advirtió sobre la presencia de otros intereses en la tarea legislativa que no siempre van en beneficio de la gente.
“La pluralidad que se ve en el Congreso es la misma pluralidad que se ve en el país; pero hay que reconocer que son muchos los que pueden incidir en la tarea legislativa.
“Así, encontramos que grupos de poder, de grandes capitales o con intereses empresariales también tienen la posibilidad de influir en lo que ocurre en el Poder Legislativo, a través de cabilderos, pero con otro tipo de intereses”, sostuvo el académico.
La reacción de diputados y senadores ante la presión social no siempre ha sido la mejor.
Uno de los ejemplos más fehacientes ocurrió con la reciente discusión de las leyes anticorrupción, donde los senadores, sentados a la misma mesa que los ciudadanos que impulsan la legislación, se notaban incómodos, vigilados, lo que no les permitió trabajar a sus anchas.
“Los políticos en México no están acostumbrados a que su labor sea visible para todos. Pero ya se tienen que ir acostumbrando, porque tienen que reconocer que la sociedad está más dispuesta a seguir su actividad”, expuso.
Puente señala que el siguiente paso debe ser que la participación activa de los ciudadanos en el Congreso quede asentada en el reglamento de ambas Cámaras.
“Los ciudadanos no pueden participar ahorita de las tareas legislativas a menos que sea por invitación. ¿Y si nadie los invita? Es decir, queda totalmente a su juicio quién asiste y para qué.
“Hay que reglamentar la participación de la sociedad, obligar a que el parlamento sea abierto y a que los ciudadanos puedan trabajar junto a los legisladores en los temas que le interesan a la sociedad. Eso debe quedar establecido en un documento, en sus reglamentos, no depender de la buena voluntad de unos cuantos”, sentenció el especialista.
Esto, apuntó Puente, ayudaría a legitimar la labor del Congreso de la Unión, una de las instituciones con más baja credibilidad del país.
‘Les quitamos el monopolio’
La discusión de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) abrió las puertas del Senado a los grupos ciudadanos que la impulsan.
Por primera vez, un grupo de congresistas invitó a estos ciudadanos a sentarse con ellos a la mesa para el análisis técnico de las iniciativas.
En otras ocasiones, activistas o ciudadanos habían acudido al Congreso y habían sido escuchados en foros o en acercamiento con la sociedad civil. Nunca habían participado abiertamente del trabajo técnico directo en las comisiones legislativas.
El asunto no es menor. La iniciativa que estos especialistas y académicos lograron llevar al Congreso toca una de las fibras más sensibles de los ciudadanos: el combate a la corrupción.
Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y uno de los redactores de la iniciativa ciudadana Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos –conocida como Ley 3de3-, afirmó que el proceso de acercamiento con el Senado fue difícil porque los especialistas tuvieron que enfrentarse a una clase política que no quiere cambiar el orden de las cosas.
“El que podríamos calificar como el triunfo más importante, que se va a inscribir en la historia de este país, es que acabamos con el monopolio de la agenda legislativa. Una cosa que no sucedió en la transición democrática fue esa, los partidos mantuvieron el monopolio de la agenda.
“Ellos decían qué discutir, cómo discutir y cuándo discutir (…) Y creo que una de las cosas más importantes es que les echamos a perder ese monopolio de decisión”, enfatizó.
Kaiser recordó que antes del comienzo de cada periodo ordinario, diputados y senadores “se retiraban” a espacios, muchas veces de lujo, para llevar a cabo sus plenarias y ahí decidir cuáles serían sus temas relevantes en los meses por venir.
Entre coordinadores, se decidía y se negociaban los temas de las agendas de todos los partidos y ahí se decidía cuándo se daría cada discusión y aprobación.
Ahora, los ciudadanos han roto esa agenda y han obligado a los congresistas a discutir sobre los temas del interés público; y no solo a incluirlos, sino a comprometerlos con su aprobación rápida.
“Lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido una irrupción completa, porque cada que quieren decir ‘No, ya no lo vamos a discutir’, la andanada mediática, social, las caricaturas, las columnas, los avasallan de tal manera que los hacen cambiar de opinión.
“Y así pasan, en semana y media, de ‘nos vemos el 7 de julio’ a ‘ya estamos dictaminando para llamar al extraordinario’. Así de sorprendente”, narró.
Para el especialista, el “enfrentamiento” con los senadores no fue tarea fácil, pues se han encontrado incluso con descalificaciones de quienes los acusan de haber negociado algún beneficio para sí mismos a cambio de apoyar tal o cual propuesta, lo cual no ha ocurrido.
Kaiser pone énfasis, empero, en que los senadores aún no saben cómo lidiar con una sociedad más activa que quiere participar con ellos en la construcción del país.
“Yo lo que vi es a senadores ‘lampareados’, desconcertados, porque no sabían cómo relacionarse con un grupo heterogéneo y diverso. Están acostumbrados a acercarse a otro y ofrecer una cosa a cambio de otra; y entre ellos funciona.
“Pero yo creo que ellos se dieron cuenta de que si se acercaban con alguno de nosotros a ofrecer lo que fuera, eso jamás implicaba que los otros 20 aceptaran. Y por eso para ellos fue tan confusa la relación”, sentenció el experto.
Max Kaiser advirtió que el acercamiento ciudadano al Congreso debe mantenerse con temas importantes para toda la sociedad y evitar llevar los que contemplen solo los intereses de algunos, pues entonces se perdería legitimidad y se abriría la puerta para que los parlamentarios vuelvan a retomar el monopolio de la discusión pública del país.
‘No somos héroes’
Raúl Elizalde pasó de ser un abogado común y corriente a ser la punta de lanza para que se pueda regular en el país el consumo medicinal de la mariguana.
La enfermedad de su hija Grace lo llevó a tocar muchas puertas –sociales, políticas y legales- para que se le permitiera la importación de un medicamento que aliviara el sufrimiento de su hija.
Sin embargo, decidió no quedarse ahí. Elizalde y su esposa, Mayela Benavides, ingeniera industrial, decidieron que debían hacer pública la lucha que estaban enfrentando no solo para beneficiar a su pequeña, sino a otros enfermos que necesitaran los medicamentos a base de cannabis.
“Teníamos que hacerlo. Teníamos la responsabilidad. El momento que se dio para nuestra hija, hubiera sido muy egoísta quedárnoslo para nosotros. Como personas, lo estamos haciendo de corazón y ojalá en poco tiempo ya no tengamos que hacer nada y solo tengamos que recoger los frutos”, comentó.
A pesar de que su determinación de llevar hasta sus últimas consecuencias el caso de su hija Grace puede cambiar el enfoque con el que el país ve el problema del consumo de cannabis, Elizalde no se ve a sí mismo como un héroe.
“Soy un papá común y corriente que se siente comprometido con los demás, con los papás que nos han apoyado, y con quienes pueden verse beneficiados con esto. En el caso de nuestra familia, nos sentimos comprometidos con quienes necesitan estos medicamentos. Y quedarnos callados sería egoísta de nuestra parte.
“Nunca hemos visto, realmente, la magnitud del cambio que podemos provocar en el país. Lo hemos visto desde la perspectiva de la enfermedad de nuestra hija, lo vivimos más en el día a día. Nunca lo hemos visto como algo que vaya a cambiar al país, pero sabemos que sí lo va a hacer”, reconoció Elizalde.
Después de realizar una batalla legal que le permitiera importar medicamento a base de cannabis para su hija, Elizalde ha impulsado el tema en el Congreso de la Unión y con diferentes actores políticos.
El clímax de su labor ocurrió cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para permitir el consumo medicinal de cannabis, así como modificar el enfoque a uno de rehabilitación.
Empero, para los Elizalde Benavides no ha sido fácil enfrentarse a la clase política del país.
“Ha sido muy difícil. Uno como ciudadano ve a los políticos como personas muy lejanas, con quienes no se puede hablar y que son inalcanzables para que escuchen tu palabra.
“Pero darnos cuenta de que fuimos escuchados y tomados en cuenta, nos da fuerza para decirle a quienes no nos han hecho caso que esto es importante para el país, para nuestros hijos y necesitamos que lo hagan ya, que no volteen para otro lado y se pongan a trabajar”, enfatizó.
Después de todo lo que ha vivido con el caso de su hija, Raúl Elizalde asegura que su vida no ha cambiado –“nada más tenemos más trabajo”, dice-; pero lo que sí ha cambiado es su visión de compromiso con su comunidad y con el país.
Ahora le gustaría entrar al apoyo de las personas discapacitadas, para que tengan más condiciones de accesibilidad y otros soportes, y exigir a las autoridades que hagan bien su trabajo.
“Tenemos que quitarle el trabajo a los políticos y hacerlo los ciudadanos”, manifestó, “estamos jóvenes, tenemos mucha fuerza, y tenemos una inspiración muy grande en nuestra hija, y por eso estamos trabajando también por los demás”.
