El Juzgado Tercero en Materia Administrativa de Nuevo León resolverá hoy si el alcalde de Juárez, Heriberto Treviño, violó una suspensión de amparo concedida a la empresa Operadora de Alumbrado Público Juárez, que presta servicios en el municipio desde 2015.
El recurso legal se debió a que el equipo del alcalde en el mes de febrero convocó a una licitación pública para el servicio de nuevo alumbrado público, y así le retiraría el contrato a esta empresa.
Pese a que el equipo jurídico de la empresa Operadora de Alumbrado Público de Juárez, encabezado por el abogado Camilo Ramírez, interpuso el amparo para que el municipio de Juárez ratificara el concurso, continúo con el proceso de licitación hasta que finalmente entregó el 8 de marzo el nuevo contrato de alumbrado a Industrias GFE S.A.P.I.
Motivo por el cual, señaló Ramírez, promovieron un recurso de incidente de incumplimiento por la suspensión definitiva en el Juzgado Tercero en Materia Administrativa. Hoy se llevará a cabo la audiencia.
“El día de mañana (hoy) lo más probable es que tengamos una resolución del juez tercero de distrito y que prácticamente ordene que se cumpla con la Ley, y sobre todo con la suspensión que tenemos concedida y se deje sin efecto esa licitación que se llevó a cabo. Y claro, el contrato que se llevó a cabo con esa empresa Industrias GFE S.A.P.I. Además puede existir una eventual responsabilidad de tipo penal en contra del alcalde de Juárez”, señaló el abogado.
En caso de que el juzgado determine que se violó el amparo, podría tumbar el nuevo contrato que se le asignó a la empresa Industrias GFE S.A.P.I., y podría continuar prestando el servicio Operadora de Alumbrado Público Juárez.
Pero además el alcalde Heriberto Treviño podría tener una sanción penal por desacato a una orden de mandamiento de autoridad legítimo.
El abogado agregó que sólo busca que se les reconozca su derecho y así continuar con la buena relación que tienen con el alcalde Heriberto Treviño.
“Consideramos que transgrede y pasa por alto una suspensión definitiva concedida por una autoridad federal, donde a nosotros se nos concedió en el hecho que nada que alterara el contrato se moviera. Creemos que están violando los derechos desde el 2015”, dijo Ramírez.
