Juventud presa de la cannabis

Los jóvenes son uno de los sectores sociales más afectados por la política punitiva seguida en Jalisco con respecto a la mariguana. 

Hoy en día cuatro de cada 10 de todos los presos recluidos en sus cárceles, acusados por delitos ligados a esa droga, tienen de 19 a 29 años de edad. 

Mientras a nivel nacional se desarrolla el debate hacia una regulación del consumo de la mariguana, el sistema penitenciario del Gobierno estatal mantiene encerrados a 472 jóvenes por delitos relacionados con esa sustancia; 18 son mujeres. 

Al 5 de febrero pasado, la Fiscalía de Reinserción Social contabilizaba en total a mil 183 personas recluidas en sus cárceles por actividades vinculadas a la cannabis, considerando tanto sentenciados y procesados; 43 son mujeres. 

Entre esos internos hay 438 que tienen de 30 a 39 años de edad. Así que tres cuartas partes de todas las personas encarceladas por la mariguana en las prisiones estatales de Jalisco, tienen entre 19 años y no más de 39 años. 

Del resto hay 188 más en sus 40; 75 en sus 50, y una decena de adultos mayores con 60 años o más. 

Las penas que enfrentan estas personas en las prisiones estatales son duras, no obstante los aires de flexibilización que vive el país acerca de la cannabis. 

De los 738 internos que ya están sentenciados –los restantes 445 no lo están aún-, 266 tienen condenas que van desde cinco meses a cuatro años de prisión. 

En cuanto a los jóvenes de 19 a 29 años, al 44 por ciento se les mantiene presos en instalaciones estatales sin siquiera haber sido sentenciados, en esa condición están 206 de ellos. 

Pero de los 266 jóvenes que sí tienen condenas éstas son igualmente severas: 93 recibieron desde cinco meses hasta cuatro años de cárcel; 110 de cinco a nueve años sin libertad. 

La Fiscalía hace la acotación de que en estas condenas pudo existir la concurrencia de otros delitos, lo que habría terminado por significarle más años de prisión. 

Su gasto en prisión

El 4 de noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el primer amparo que avala el consumo recreativo de mariguana, aquí en tanto, el Gobierno de Jalisco sigue destinando 81 millones 177 mil pesos para mantener recluidas a más de mil personas por la yerba. 

En su Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General precisó que el costo individual y diario de sus presos es de 188 pesos, así que sus mil 183 internos por la mariguana deben demandarle ese gasto anual. 

Con una bolsa así podría crecerse en un 64 por ciento la del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que en 2015 fue de 127.3 millones de pesos en Guadalajara. 

Este gasto del Gobierno estatal para recluir a estas personas -40 por ciento, jóvenes-, es una décima parte del que dirige a ese mismo fin el Gobierno federal. 

El especialista en esta materia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Arturo Rocha Hernández, ha estimado en 940 millones de pesos el gasto en manutención de los 10 mil presos que están en cárceles federales por la cannabis.  

Con la salvedad de que el Ejecutivo federal ejercerá en 2016 un presupuesto de un billón 116 mil 788 millones de pesos, y el de Jalisco 61 mil 172.8 millones de pesos: un 5.4 por ciento de aquel. 

De todos estos presos en Jalisco, el Centro Reclusorio Preventivo aloja a 789; el Centro de Reinserción Social, 256; el Centro de Reinserción Femenil, 40; y el Reclusorio Metropolitano, 28. El resto está en Centros Integrales de Justicia Regional.

Infractoras no violentas

La Fiscalía General precisó que el costo individual diario de sus presos es de 188 pesos, así que los internos por delitos con mariguana representan costo de 81 millones 

Esta política prohibicionista sobre la mariguana ha sido también severa con las mujeres: de las 43 presas en las cárceles de Jalisco por estos delitos -18 jóvenes de 20 a 29 años-, sólo 24 han sido ya sentenciadas. 

Las condenadas enfrentan estas penas: 14 de tres a nueve años de prisión; nueve de 10 a 15 años, y hay un caso de 25 años de cárcel. 

En la Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social del CIDE 2012 se hizo el perfil de las mujeres condenadas por delitos contra la salud en ese ámbito.

“Es especialmente delicado el caso de las mujeres encuestadas pues en casi el 100 por ciento se trata de personas que no tienen antecedentes penales. Se trata, además, de mujeres sentenciadas sin concurso de delitos (solo se les sentenció por el delito de drogas)”.

El 91.6 por ciento dijo que no llevaba armas y el 98.9 por ciento no haber sido sentenciadas antes.

“Se trata así de infractoras de normas contra la salud, no violentas y sin antecedentes penales. 

“En todos los indicadores las mujeres parecen haber enfrentado condiciones aun más adversas que los varones. Su nivel educativo es más bajo, la desprotección y la violencia que sufrieron por parte de su familia es más elevada, los empleos a los que tuvieron acceso fueron casi siempre informales y mal retribuidos. 

“Siendo más jóvenes formaron una pareja y tuvieron más hijos, que se encuentran expuestos en mayor medida al abandono”, dice el reporte.

El beneficio de la libertad 

Cuando la SCJN concedió el amparo sobre la mariguana, el ministro José Ramón Cossío Díaz  hizo una “Propuesta de sentencia exhortativa”, en la que llamó a las autoridades a valorar la probable liberación de los presos por la yerba ante los cambios legales que se avecinan.

“Exhortar a la Procuraduría General de la República y demás autoridades encargadas de la administración de justicia, a realizar una revisión de las investigaciones y procesos penales en trámite, así como de los procedimientos de ejecución de penas impuestas” por la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de la marihuana para fines lúdicos.

Esto para “en su caso, establecer la procedencia del no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, el sobreseimiento de causas penales o extinción de sanciones, derivado de la actualización de una causa excluyente de delito”. 

Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado, presentó el 19 de marzo de 2014 una iniciativa para liberar a todos los presos por posesión y consumo sin fines de comercio de mariguana, siempre y cuando:

En el delito no haya mediado violencia y no se rebase el límite de posesión de más de diez veces el umbral de la Ley General de Salud (cinco gramos).

Se llama “Ley Nacional de Beneficio de Libertad Anticipada para Sentenciados por Delitos No Violentos relacionados con el consumo o posesión de mariguana”.