Grupos de activistas piden al Poder Ejecutivo hacer caso omiso de las excepciones que pide el Legislativo, pues contravienen a la ley y demeritan el trabajo realizado en el contexto de la Alerta de Violencia en Jalisco
Dejando de lado el avance en materia de derechos humanos, tras las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 046, los diputados locales de Jalisco aprobaron un exhorto para que los titulares de la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco no acaten en su totalidad la disposición normativa federal.
El pasado martes 25 de octubre, durante la sesión 65 del Congreso Local del Estado, los legisladores introdujeron en la orden del día un acuerdo referente a la NOM 046, en la cual se contraviene el espíritu de las modificaciones que se publicaron el 24 de marzo de este año en el Diario Oficial de la Federación.
“La Norma erróneamente reconoce la voluntad y decisión de los mayores de 12 años y menores de 18 de interrumpir legalmente un embarazo provocado por violación, pero este reconocimiento podría convertirse en el abandono de su adecuada tutela en momentos donde mas urge el acompañamiento”, argumentaron los legisladores en el acuerdo.
Lo que el acuerdo busca es que se implemente la norma en el estado, con excepción a lo que estipula el punto 6.4.2.7 en lo relativo a la ausencia de tutela y representación de menores de edad, así como lo referente al punto 6.4.2.8, sobre la obligación de las instituciones públicas de atención médica para contar con médicos y enfermeras capacitados y no objetores de conciencia.
El espíritu de las modificaciones de marzo pasado se encuentra en estos dos puntos. Las instituciones de gobierno habían bloqueado la implementación de la interrupción legal del embarazo en casos de violación al objetar que sus médicos estaban en su derecho de objetar por conciencia, a su vez que las menores debían tener una autorización.
Las dificultades armónicas
Originalmente el exhorto a los funcionarios de Salud se hizo a propuesta de los diputados locales Pedro Kumamoto y Saúl Galindo, independiente y del PRD, respectivamente. Ya que la implementación de la misma ha quedado estancada.
De acuerdo con lo que el secretario de Salud Jalisco había afirmado, este estancamiento era por dificultades armónicas en el Código Penal del Estado, ya que la norma reconoce la violación y no el abuso sexual infantil. Pero organizaciones acusaron que era por la visión moral del titular de la dependencia.
La presión de grupos conservadores provocó que dos semanas después, legisladores de todos los partidos suscribieran un acuerdo que pidiera exceptuar la implementación de esos dos puntos de la norma.
“Pecan de ignorancia porque además ese punto fue ampliamente discutido cuando se aprobó la norma.
“En las discusiones que se generan precisamente se habla que este era un asunto que no requería de la autorización de los padres o de algún tutor, para que la niña menor de edad pudiera acceder a interrumpir legalmente el embarazo. Entonces aquí están contraviniendo la ley”, señaló la abogada y activista Guadalupe Ramos Ponce.
Lo que hicieron los legisladores no sólo es intervenir con la ley, sino entrometerse en funciones que no les competen, de acuerdo con la también integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para el Estudio y Análisis que dio sustento a la emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres.
“Eso no es parte de lo que tienen que hacer, si ellos tienen una creencia religiosa que se vayan a su
iglesia, que les paguen ahí. Porque eso es lo que ellos quieren hacer, predicar.
“(…) dicen que las niñas de 12 años no están en condiciones de decidir, pero según sus cabezas están en condiciones de ser madre, de parir a los hijos de los violadores. Eso es lo que están diciendo esos diputados y diputadas irresponsables”, expresó la psicóloga y activista de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Patricia Ortega Medellín.
Ambas expertas afirman que el Poder Ejecutivo debe hacer caso omiso de las excepciones que pide el Legislativo, pues contravienen a la ley y demeritan el trabajo realizado en el contexto de la Alerta de Violencia en Jalisco.
Historia de trabas
Jalisco ha tenido un historial de oposición conservadora para poder lograr la implementación de la NOM 046.
Esta entidad se ha caracterizado por tener una fuerte presencia de grupos conservadores que se oponen no sólo al aborto legal, sino a temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización de la mariguana.
Respecto a este último punto, en 2009 fue el año en que se público la NOM 046, luego de tres años en que asociaciones y partidos se encontraron en un proceso donde grupos conservadores se oponían a que las mujeres embarazadas como producto de violación tuvieran el derecho a un aborto legal y seguro, en caso de que así lo decidieran.
Dos meses después de publicada la NOM, en junio de 2009, el entonces gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obstaculizando su implementación.
Su argumento era que sólo los congresos estatales estaban facultados para legislar en materia de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, por tratarse de delitos de orden común.
Pero bajo una visión conservadora y con el antecedente de la Ley Antiaborto en Jalisco, donde se “defendía la vida desde la concepción”.
El 27 de mayo de 2010 la SCJN respondió con una sentencia ratificada por 10 votos a favor de la constitucionalidad de la norma, cuya resolución obligaba a todas las autoridades a ofrecer y garantizar lo estipulado en la NOM.
Van contra ley
Autoridades y activistas difieren sobre la ejecución de la norma 046:
> Las modificaciones aprobadas en marzo pasado permiten que las mujeres mayores de 12 años y menores de 18 interrumpan legalmente un embarazo provocado por violación, sin necesitar autorización de padre o tutor.
> Instituciones de gobierno bloquearon la implementación de la interrupción legal del embarazo en casos de violación.
> Argumentan que sus médicos están en su derecho de objetar por conciencia.
> También sostienen que las menores debían tener una autorización de los padres o tutor.
> Los diputados locales aprobaron el martes un exhorto en el que consideran que la norma federal se equivoca al reconocer la voluntad y decisión de las menores.
> Detallan que reconocer esa voluntad podría convertirse en el abandono de su adecuada tutela cuando más urge.
