Justicia popular a expresidentes, los retos

Bajo la bandera de la lucha anticorrupción y de acabar con la impunidad en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el partido que lo llevó al poder buscan llevar a cabo una consulta popular para decidir si se enjuiciará a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por diversos delitos.

Esta herramienta democrática surgió en 2014 con la aprobación de la Ley Federal de Consulta Popular y puede ser aplicada en tres casos de acuerdo con la Carta Magna.

“Podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o los ciudadanos en un número al menos del dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

“Además, no podrán ser objeto de consulta popular: la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el Artículo 40 de la Carta Magna; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”, establece la ley.

Enjuiciar a expresidentes: Consulta legal, proceso inconstitucional

Rafael Tena, abogado constitucionalista, explica en entrevista para Reporte Índigo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación primero debe avalar la consulta antes de que se pueda realizar, algo que prevé no sucederá.

“Desde el punto de vista jurídico realizar la consulta es legal, pero eso no significa que el proceso sea constitucional. Primero se deben cumplir los requisitos para que esta se solicite y llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la analizarán.

“En esta situación en particular, como se trata de la posible comisión de presuntos hechos ilícitos, este mecanismo podría violar derechos humanos de los expresidentes porque hay una serie de principios y garantías para estas personas, como la presunción de inocencia o el debido proceso, que no se estarían respetando, por lo tanto difícilmente pasaría la prueba”, comenta.

El jurista también acusa que definir la manera en la que se redactará la pregunta puede provocar dificultades, ya que ni siquiera se han establecido con claridad los delitos que se les imputarían a cada uno de los extitulares del Ejecutivo de la llamada época neoliberal.

Trabajo de recolección

A pesar de las dificultades que la aplicación de esta herramienta democrática constituye, el partido Morena está destinando buena parte de sus esfuerzos y recursos en lograrlo.

El 31 de agosto pasado, el Consejo Nacional del partido guinda determinó por unanimidad movilizar todas sus fuerzas para reunir las firmas necesarias y así poder llevar a cabo la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes.

Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de Morena, informó públicamente que a pesar de necesitar un millón 800 mil firmas, buscarán alcanzar los dos millones.

Por ahora, ya habilitaron una página web en donde las personas pueden firmar e instalaron mesas de recolección en diversos puntos del país.

Juego político

Para Rafael Tena, la consulta popular más que una situación jurídica es un tema político.

“Si analizamos cuál es la finalidad de la consulta queda claro que es un tema político y se debe a varias razones.

“Si efectivamente el objetivo fuera la búsqueda de justicia, entonces primero debe de quedar claro que nuestros tribunales no están para eso, sino para impartir legalidad, constitucionalidad y convencionalidad; si realmente se quisiera alcanzar esa meta, se tendría que iniciar un proceso con los instrumentos legales que existen el día de hoy. Es decir, sería necesario abrir una carpeta de investigación ya sea por querella o por acción privada y para los cuales no se requiere una consulta para poder accionarlos”, apunta el abogado constitucionalista.

Otro factor que se debe tomar en cuenta en este intento por juzgar a algunos de los expresidentes de México a través de una consulta popular es el tiempo, ya que este método puede ser muy tardado.

“Un aspecto muy relevante en el tema de delitos es la prescripción. Habrá que ver qué delitos se les imputan, pero la mayoría tienen un periodo de tiempo durante el cual pueden ser sancionados después de haber sido cometidos, por lo tanto, aquí tienen una ventaja los que estuvieron primero en el cargo, pues al querer llevarlos ante la justicia el tiempo juega un papel fundamental y la consulta es un proceso lento”, dice Tena.

Entre la espada y la pared

Por ser la primera consulta popular legal, el Instituto Nacional Electoral debe estar involucrado en su organización.

Sin embargo, tanto el presidente del INE como otros de sus integrantes han cuestionado la aplicación de este ejercicio propuesto por Andrés Manuel López Obrador.

Lorenzo Córdova destacó básicamente dos preocupaciones: por un lado el costo, el cual podría alcanzar los 8 mil millones de pesos en un año donde los recursos van a estar muy limitados debido a la pandemia de COVID-19. Y por el otro, las fechas, pues se tendrían que organizar dos procesos electorales con dos meses de diferencia entre ellos.

Estas declaraciones inmediatamente tuvieron una respuesta por parte del titular del Ejecutivo.

“No puede ser que sea por falta de dinero, pues no, no puede condicionar (…) el pueblo es el que manda, es el que decide, hay que hacerle caso a la gente, hay que hacerle caso al pueblo, y si no les gusta a ellos o que no están de acuerdo por alguna razón, pues no son los indicados para opinar sobre esto si son los jueces”, declaró López Obrador en su conferencia matutina de ayer.

Ante esta realidad, Tena opina que el INE se encuentra en una posición muy complicada ya que la credibilidad y legitimidad del organismo autónomo sin duda puede menoscabarse con este procedimiento.

“Por un lado, si el INE se niega a participar en la consulta, el presidente podría acusarlo de no cumplir con su trabajo, y si se lleva a cabo y no se logra el resultado que el primer mandatario busca, entonces podría acusar que favorecen a sus opositores y que el proceso estuvo viciado”, concluye el jurista.

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