Justicia penal en México, ni para las víctimas ni para los imputados

El desempeño de las instituciones de justicia penal en México deja mucho que desear tanto para las víctimas como para las personas imputadas, revela el más reciente estudio de México Evalúa titulado “Hallazgos”.

Actualmente, se calcula que la impunidad a nivel nacional ronda el 96.3 por ciento. Mientras que por entidad federativa y para 12 de los delitos específicos que más afectan a la población, las cifras se encuentran por arriba del 90 por ciento.

En materia de violencia familiar el 98.6 por ciento de los agresores no son castigados, de desaparición el 96.5 por ciento, de extorsión el 96.4 por ciento y de abuso sexual el 96.1 por ciento.

De acuerdo con la organización no gubernamental (ONG), uno de los derechos más vulnerados en el proceso penal es la presunción de inocencia, ya que, durante el año pasado, el 57 por ciento de las personas procesadas fueron enviadas a prisión preventiva a nivel nacional, la mayoría, el 53 por ciento, bajo la modalidad oficiosa, y sólo en 4 de cada 10 casos, se hizo una evaluación de riesgo para determinar si era necesario encarcelar a la persona.

Aunado a esto, durante el 2022, de las 2 millones 065 mil 630 carpetas de investigación abiertas que involucraron al menos a una persona víctima u ofendida, únicamente 156 mil 590 fueron representadas por las CEAV durante el proceso penal.

Prueba de esto es que sólo el 14 por ciento de los afectados atendidos por las Comisiones de Atención a Víctimas (CEAV) accedió a otro de los derechos fundamentales: la reparación del daño.

“El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas usuarias del sistema de justicia, y el primer paso para atender esta demanda es invertir en el fortalecimiento de las instituciones para que sean capaces de garantizar el acceso a la justicia a la población”, dice Mariana Campos, directora general de México Evalúa.

Desastre nacional

A 15 años de la publicación de la reforma constitucional que modificó por completo el sistema de justicia mexicano, al menos en el plano formal, el sistema acusatorio ha quedado totalmente instalado, asegura México Evalúa.

Sin embargo, su operación varía mucho de una entidad a otra y sus procesos suelen ser imperfectos y deficientes a la hora de aplicarse a la violenta realidad por la que atraviesa el país.

“Las nuevas reglas del proceso penal significaron un cambio radical de paradigma. El sistema experimentó una reestructuración profunda en términos orgánico-institucionales y procedimentales.

“Pero al mismo tiempo, seguimos observando prácticas que revelan la persistencia de modos de operación propios del viejo sistema e incluso actitudes que se han presentado en forma de reformas regresivas como las tendientes a ampliar el catálogo de delitos por los que se impone la prisión preventiva oficiosa.

“También nos fue posible también observar que el proceso de consolidación resultó heterogéneo, de manera que hay brechas importantes entre los estados”, dice la investigación “Hallazgos” publicada este año.

Un claro ejemplo de esta realidad y de la falta de consistencia entre la aplicación del sistema penal acusatorio a lo largo y ancho del territorio nacional es lo que sucede con las detenciones ilegales.

Mientras en Colima el 50 por ciento de las detenciones fueron calificadas como ilegales por un juez de control, en Jalisco el 47 por ciento y en Tlaxcala el 45 por ciento, en entidades como Nayarit, Sonora y Nuevo León las detenciones calificadas como ilegales se mantuvieron por debajo del 2.5 por ciento.

De acuerdo con México Evalúa, “el control de la legalidad de la detención es un examen de la autoridad judicial sobre las condiciones de la privación de la libertad de una persona, por lo que su incumplimiento compromete el derecho al debido proceso”.

Impunidad desmedida

El índice de impunidad más reciente desarrollado por México Evalúa revela que el promedio nacional de impunidad en 2022 fue de 96.3 por ciento, 4.5 puntos porcentuales más que en 2021, cuando se ubicó en 91.8 por ciento.

Las entidades que reportaron mayores niveles son Hidalgo con 99.6 por ciento, Colima con 99.5 por ciento, Jalisco con 99.5 por ciento y Ciudad de México con 99.1 por ciento.

Las que menos niveles reportaron fueron Michoacán con el 82 por ciento, Baja California con el 87.7 por ciento, Chiapas con el 89.1 por ciento y Sonora con el 89.3 por ciento, cifras que reflejan la complicada realidad en materia de justicia en México, pues los mejores calificados tienen niveles de impunidad por arriba del 80 por ciento.

Capacidad institucional desigual

La investigación “Hallazgos” también determina qué tan bien funcionan las instituciones de justicia en el país por estado.

Actualmente y desde hace algunos años, Querétaro es la entidad mejor posicionada.

La integración de su sistema de justicia en su modelo Cosmos sigue siendo un referente de buenas prácticas para otras entidades, dice México Evalúa.

De igual manera, son destacables los esfuerzos de Coahuila y Nuevo León por tener una visión sistémica de la impartición de justicia.

Por su parte, aunque Morelos reinstaló su instancia de coordinación técnica, sigue siendo la entidad en el último lugar en lo que se refiere al cumplimiento de objetivos y a la calidad de los insumos.

“La diferencia entre el puntaje de Querétaro y Morelos fue de 264 por ciento. El drástico intervalo nos demuestra la gran disparidad entre las entidades en su capacidad para responder las demandas y principios que exige el Sistema de Justicia Penal mexicano”, dice el documento.

Deterioro de la confianza

Para que en México el funcionamiento del Sistema Penal Judicial sea el adecuado, es fundamental que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones y en las autoridades encargadas de impartir justicia, algo que no solo está lejos de suceder en el país, sino que años con año, aumenta la desconfianza.

“La confianza ciudadana es un activo vital en todo entramado democrático. Una mayor confianza establece un puente entre las instituciones del Estado y la sociedad; logra que una mayor cantidad de los conflictos sociales se resuelvan por las vías formales y legales, lo que genera a su vez la expectativa de atención digna y respuesta efectiva por parte de ellas”, explica México Evalúa.

Sin embargo, datos de la última publicación de la investigación “Hallazgos”, revelan que desde hace 10 años, la confianza ciudadana en las instituciones de justicia decrece.

Los deterioros anuales son de entre -0.5 y -0.4 puntos en promedio nacional. No obstante, la caída en la confianza es desigual a lo largo del territorio mexicano.

Las entidades con mayor deterioro de la confianza ciudadana son la Ciudad de México con -2.2, el Estado de México con -1.7 y Chihuahua con -1.1.

Al analizar la confianza ciudadana por institución del sector justicia: policías, ministerios públicos, jueces, Guardia Nacional y Ejército, también es posible observar una tendencia decreciente y sostenida.

“Si bien a nivel nacional todas las instituciones presentan un deterioro en la confianza que inspiran, destaca el personal del Ministerio Público con una pérdida de -0.7 puntos y los jueces con -0.5 con el mayor deterioro.

“A nivel entidad, la Ciudad de México se ubica como el estado con el más amplio deterioro en la confianza de la población hacia el Ministerio Público con una caída de -3.3 puntos y hacia las personas jueces de -3.0 en la última década.

Por su parte, en Chihuahua se observa el mayor deterioro en la confianza hacia el Ejército con -3.95 y hacia la Guardia Nacional con -3.1.

Al igual que la confianza, la honestidad al interior de las instituciones es un factor necesario para que la ciudadanía acuda a ellas.

“La corrupción, definida como la existencia de actos, procesos o personas que se prestan a recibir beneficios a cambio de un trato privilegiado, más ágil o diferenciado, implica para el resto de las personas el acceso desigual e injusto a un bien o servicio público, y la posibilidad de que sus derechos sean desprotegidos o vulnerados por la propia autoridad”, explica México Evalúa.

Si bien la corrupción es un problema importante en cualquier sector de la vida pública o institución, en la justicia penal adquiere dimensiones particulares, advierte la organización no gubernamental.

“No sólo impacta en el derecho a un gobierno efectivo que ejerce de forma racional los recursos públicos; no sólo impacta en la consolidación del Estado de Derecho o en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sus efectos son muy sensibles, ya que también se relacionan con los derechos de acceso a la justicia, de reparación del daño de las víctimas y de adecuada defensa a los imputados”, dice el documento “Hallazgos”.

De acuerdo con datos de México Evalúa, de 2020 a 2021 se incrementó la percepción de corrupción sobre casi todas las instituciones del sistema, aunque las personas juzgadoras (67.3 por ciento), la policía preventiva municipal (66.8 por ciento) y la estatal (64.6 por ciento), junto con el Ministerio Público y las fiscalías locales (64.7 por ciento), son las que presentaron un mayor porcentaje de personas que las perciben como corruptas.

Sin expectativa de resultados

En México, una mínima parte de los conflictos que se presentan en la sociedad llegan a las autoridades, advierte México Evalúa.

En el país, el sistema de justicia penal es responsable de atender y de resolver los delitos que conoce, por lo tanto, la falta de denuncia por parte de los mexicanos se ha convertido en un serio problema por dos motivos principalmente: revela la falta de confianza en las autoridades y evita que las mismas conozcan realmente la magnitud de ciertas conductas antisociales.

“Por desgracia, en México la cifra negra o el porcentaje de no denuncia no se ha reducido ni en un punto porcentual en la última década, lo que es un indicativo de la baja confianza ciudadana, la cual se acompaña de la falta de expectativa de resultados”, dice la más reciente publicación de “Hallazgos”.

Respecto a las causas, las principales razones por las cuales la población manifiesta un desinterés en acercarse a denunciar son atribuibles a las autoridades: procesos largos y tediosos, un trato no adecuado hacia las víctimas, incluso revictimizante en ocasiones, y una baja expectativa de obtener una resolución o beneficio tras acudir ante las instituciones correspondientes, explica México Evalúa.

Aunado a esto, si bien varias entidades han emprendido esfuerzos por facilitar la denuncia a través de medios virtuales o agilizarla a través de mecanismos más expeditos, lo cierto es que la gran mayoría de las fiscalías no han adoptado modelos de atención que pongan en el centro a las personas denunciantes y que sean capaces de adecuar el proceso a sus necesidades y expectativas.