La demanda por una interrupción legal del embarazo oportuna y segura sigue latente en Jalisco. En el contexto de una alerta de violencia contra las mujeres que ha dejado olvidada a esta población, al centrarse en la creación de andamiajes normativos y el fomento de talleres de sensibilización, las acciones concretas no han sido las esperadas por los grupos civiles.
Incluso se ha intensificado la persecución del delito penal de aborto que el acceso a las causales legales de los embarazos en riesgo. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de las 502 investigaciones por este delito en el país durante el 2017, 28 fueron en Jalisco.
La Ciudad de México, Baja California, Edomex, Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Jalisco conforman el 66 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas por este tipo penal.
La otra cara de la moneda en el tema del aborto es el interés que se tiene por acceder a este proceso médico con fines de mantener la salud de quienes corren el riesgo de perder la vida por complicaciones en el embarazo o cuyo estado es producto de una violación.
Jalisco es una entidad que destaca por la protección de la vida desde la concepción como lo contempla la constitución legal. Sin embargo esto no es sólo una oposición a la visión conservadora dejada por los gobiernos panistas, sino que también significan obstáculos para el acceso a la justicia, incluso entre el mismo personal de salud.
El andamiaje institucional jalisciense permite que los médicos objetores de conciencia se opongan a realizar procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aunque teniendo la responsabilidad de derivar a las peticionarias con médicos y centros de salud que sí proporcionen dicho servicio.
Actualmente, de acuerdo con la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Jalisco, el total de médicos que se encuentran bajo el supuesto de ‘objeción de conciencia’ suma alrededor de 866, inscritos en diferentes hospitales.
En el top ten del acoso
A nivel nacional, Jalisco destaca como uno de los estados con mayor porcentaje de mujeres que afirman haber sufrido acoso, la tercera entidad con mayor proporción, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Además, diez entidades del país están por arriba de la media nacional en temas como acoso sexual y agresiones contra mujeres y una de ellas es Jalisco.
El Secretariado Ejecutivo destaca que en Jalisco se registraron 2 mil 316 averiguaciones previas por el delito de abuso sexual, es decir, agresiones contra menores de edad, además de 461 casos de violación.
Para lo que va de 2018, hasta enero según el último conteo del secretariado, se registran 163 averiguaciones por abuso sexual infantil, 33 por violación y dos por violación equiparada, esta última en la que las víctimas no tienen capacidad de poder defenderse debido a que pueden ser presas de algún tipo de enfermedad o condición que no les permite tener forma de actuar para defenderse.
Aunque no es el único peligro al que están sujetas la mujeres en el tema de la violencia, pues al ser víctimas de estas extremas agresiones también se ven presas de una doble victimización por parte de las autoridades, ya que, como han destacado académicos de la Universidad de Guadalajara, sólo el siete por ciento de las investigaciones de estos delitos llega a tener consignación.
Mientras que, por otro lado, los grupos conservadores locales han pretendido ejercer presión para que las autoridades locales retiren el programa de Interrupción Legal y lo sustituyan con programas de prevención y sanción a los delitos de violación, únicamente.
En cifras que van desde 2007, Jalisco aparece en los registros de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México como la quinta entidad de la que provienen mujeres que buscan acceder a la interrupción legal de sus embarazos.
Esto no significa que el número de personas con la intención de abortar haya incrementado, o que debido al acceso legal hayan cambiado las cifras, sino que esto evidencia la necesidad de acceder a procedimientos de justicia eficientes, seguros y sin costo; ya que el gasto que representa acudir a un procedimiento de interrupción legal en la Ciudad de México, desde las entidades, puede ser alto.
Aborto, la controversia
En 2017 fueron 12 las solicitudes atendidas por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y en las que se aplicó la interrupción legal del embarazo por las causales contempladas en el código penal: producto de violación o al correr peligro la víctima.
Sólo en cuatro de estos casos se trató de víctimas menores de edad, entre los 14 y los 17 años, que fueron atendidas en el Hospital General de Occidente, del municipio de Guadalajara, uno de los dos centros de atención en los que se proporciona este procedimiento médico. El otro es la Unidad Especializada de Atención Obstétrica y Neonatal.
Mientras que en lo que va de 2018, la SSJ explicó a Reporte Indigo que no se han recibido solicitudes para aplicar la ILE, a decir del Director de Prevención y Control de Enfermedades, Leandro Hernández Barrios, vía transparencia.
Sin embargo el tema de la atención por agresiones sexuales y violación, ya sea en la Secretaría de Salud o en el Centro de Justicia para las Mujeres, ha podido determinar que cada 32 horas una mujer se presenta para ser atendida por este tipo de lesiones, de acuerdo con lo publicado en medios locales.
La mayoría de las víctimas atendidas y que accedieron a la ILE en 2017 provenían de municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, aunque destacan casos provenientes de La Barca y Cuautitlán de García Barragán.