A Joaquín “El Chapo” Guzmán, las cosas se le siguen complicando; no solo la prisión se ha vuelto más férrea, frente a las condiciones que enfrentó en México. Ahora el gobierno norteamericano pretende procesarlo por delitos que no considerados dentro del reclamo de extradición, lo que podría representar un riesgo a su integridad física.
A la defensa del exlíder del Cártel de Sinaloa le preocupa que el gobierno mexicano no haya exigido a su contraparte de Estados Unidos una carta compromiso de no aplicación de Pena de Muerte, y que ahora a “El Chapo” se le pretenda juzgar por los cargos de homicidio masivo en México.
“Joaquín (Guzmán Loera) está siendo enjuiciado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por 18 cargos que no fueron materia de extradición, entre otros el de homicidios masivos en México”, confirmó su abogado en México Refugio Rodríguez, quien consideró que su proceso se está llevando a cabo “de manera arbitraria y sin respetarle su derecho de defensa”.
Sumado a la ilegalidad jurídica bajo la que ya se procesa a Joaquín Guzmán en Estados Unidos, su defensa en México ha señalado irregularidades en el trato carcelario que se le brinda al recientemente extraditado, en donde destaca la aplicación de “tratamientos especiales” considerados fuera de la norma jurídica.
Entre esos destaca el sometimiento de todas las personas de confianza de Guzmán Loera que quieren visitarlo en prisión, al escrutinio de investigación de dependencias del Gobierno federal de Estados Unidos, como la DEA, el FBI y el propio Departamento del Tesoro, quienes otorgarían el aval para la visita familiar del detenido.
Pero lo más preocupante que observa el abogado de Guzmán Loera en México, es que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, “en plena violación del estado de derecho haya entregado a un connacional al gobierno de Estados Unidos, sin asegurar el respeto a su integridad física y psíquica”.
Desde el punto de vista jurídico del abogado Refugio Rodríguez Núñez, el canciller Luis Videgaray quebrantó el estado de derecho, “al autorizar la aplicación a la excepción de la Regla de Especialidad”, la que en su esencia prohíbe entregar reos mexicanos a Estados Unidos sin garantizarles su seguridad física.
El artículo 17 de la Regla de Especialidad del Tratado de Extradición existente entre México y Estados Unidos, aludido por el abogado de Guzmán Loera, establece que “una persona extraditada conforme al presente Tratado no será detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la Parte requirente por un delito distinto de aquel por el cual se concedió la extradición, ni será extraditada por dicha Parte a un tercer Estado…”.
Por esa razón, la defensa de “El Chapo” Guzmán anunció la decisión de promover “un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el acuerdo donde su titular, Luis Videgaray, autorizó la aplicación a la excepción de la Regla de Especialidad”, lo que consideró el Jurista se podría convertir en un Juicio Político contra el propio secretario Videgaray.
Vicios de origen
Las inconsistencias jurídicas de las que, de acuerdo a su defensa, es víctima Joaquín Guzmán Loera, no se han presentado solo desde el momento en que el exjefe del Cártel de Sinaloa pisó suelo norteamericano; sino desde antes de que se concediera la extradición.
“Fueron evidentes las violaciones al debido proceso durante los procedimientos de extradición, donde se dieron los acuerdos para que Joaquín Guzmán fuera juzgado en la Corte Federal del Distrito Sur de California y Corte Oeste de Texas”, dijo el abogado Refugio Rodríguez, quien cuestionó la sentencia dictada por el Quinto Tribunal Unitario del Primer Circuito.
Para el abogado de Guzmán Loera, el principal vicio de origen encontrado en el proceso fue “la agilidad procesal” con que se dio la revisión del amparo, pues este momento se encontraba suspendido por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta en tanto esa instancia se pronunciara si ejercía o no facultad de atracción del caso.
Sin embargo, pese a esa suspensión, a solo unas horas de que la SCJN decidió no atraer la revisión del amparo, el Tribunal Colegiado resolvió dicha revisión, “sin notificar a Joaquín Guzmán sobre la reanudación del procedimiento por Colegiado, y sin anunciar la fecha de la sesión para que las partes pudieran asistir”.
“Aunado a lo anterior, con flagrante violación al debido proceso, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, fue más allá de sus atribuciones, al violar los principios de legalidad y seguridad jurídica, luego de dar su consentimiento para que Guzmán Loera fuera juzgado en Estados Unidos por cargos y hechos diversos, que no fueron materia de los acuerdos de extradición”.
Con el alma en un hilo
El exjefe del Cártel de Sinaloa, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad en el estado de Nueva York, sin duda se encuentra preocupado, pues la lista de cargos de la que es objeto ha incrementado sustancialmente.
A ello se suma la preocupación de que, aun cuando fue extraditado para ser enjuiciado sólo en cortes de Texas y Nueva York, otros cuatro estados lo están reclamando para que responda por una serie de delitos que van desde conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos hasta intriga para asesinar.
En California, donde es requerido por delitos como tráfico de drogas y tráfico de armas, se encuentra vigente la Pena de Muerte por la vía de la inyección letal y la cámara de gas; en Texas, donde se le acusa entre otras cosas de homicidio existe la posibilidad de la inyección letal.
En el estado de Nueva Hampshire, donde la acusación más grave es por trasiego de cocaína, se aplica la Pena de Muerte por horca o inyección letal, y en Florida, donde el delito más grave es la conspiración para traficar cocaína, se ejecuta por inyección letal.
Solo en Illinois, en donde se le pide para enjuiciarlo por tráfico de armas, lavado de dinero y trágico de cocaína, no se encuentra vigente la Pena de Muerte, al igual que en el estado de Nueva York, en donde se le acusa, entre otros delitos, por lavado de dinero, tráfico de armas y conspiración para introducir cocaína.
El abogado Refugio Rodríguez anunció sendas demandas que serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México y Estados Unidos, además de un juicio de amparo contra la Secretaría de Relaciones Exteriores, un juicio político contra Luis Videgaray y contra los magistrados que violaron el debido proceso, al confirmar la sentencia de amparo que terminó en la extradición.