A pesar de la oposición de la CTM sobre la transformación en justicia laboral, los senadores priistas apoyarán el tema
El Congreso de la Unión ha dado esta semana los primeros pasos para avanzar en la legislación de Justicia Cotidiana que propuso el Ejecutivo federal.
Justicia Cotidiana se refiere a todas las normas con las que podrán dirimirse “problemas del diario” de la ciudadanía: entre familiares, vecinos o en cuestiones laborales.
El primer paso que se ha aprobado esta semana es el cambio constitucional que permita al Congreso legislar sobre las materias familiar, laboral o mercantil, para después trabajar sobre las leyes reglamentarias.
En el caso de temas laborales se impulsará que ahora sea el Poder Judicial el que resuelva los conflictos, y no las juntas de Conciliación y Arbitraje.
Esto ha provocado rechazo tanto de sectores empresariales como sindicales, que no están de acuerdo en que sean jueces quienes diriman las controversias laborales.
En temas familiares se prevé que será una sola legislación nacional, creando un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Las reformas en Justicia Cotidiana pretenden también crear un Sistema Nacional de Impartición de Justicia, la incorporación de tecnologías en los estados y que se privilegie la resolución de conflictos en lugar de los procedimientos.
Justicia laboral, el gran conflicto
De todos los aspectos que conforman el espectro de reformas en Justicia Cotidiana, la que podría descarrilarse en el camino es la que tiene que ver con resolución de conflictos laborales.
El cambio principal que tiene inquietos a sectores empresariales y sindicales es la posibilidad de que los conflictos laborales sean resueltos en juzgados y tribunales del Poder Judicial y no en las juntas de Conciliación y Arbitraje, como sucede hasta ahora.
Esto implica un cambio radical en la forma de impartir justicia tanto para los trabajadores como para los patrones y sindicatos, pues un tercero imparcial será quien dirima las controversias.
Para evitar que todos los asuntos lleguen a los juzgados, se plantea la creación de Centros de Conciliación especializados que tendrán personalidad propia y serán imparciales, donde los involucrados acudirán ante la figura de un mediador para llegar a un acuerdo.
Este nuevo esquema implicaría la desaparición de las juntas federales y estatales de Conciliación y Arbitraje.
“Sin dejar de reconocer la importante contribución del sistema de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para la atención de los conflictos individuales y colectivos del trabajo (…) conducen a plantear que el conocimiento y resolución de los conflictos mencionados quede a cargo de órganos judiciales cuya característica fundamental es la imparcialidad”, asienta el dictamen aprobado ayer en comisiones.
En las juntas participan empresarios o representantes patronales, trabajadores o representantes sindicales, y una autoridad gubernamental de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La oposición sindicalista
Desde que fue enviada la iniciativa por el presidente Enrique Peña Nieto, a finales de abril pasado, las alertas se prendieron en la cúpula sindical.
Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) reclama que el sector obrero nunca fue escuchado en los diálogos que dieron paso al nuevo esquema de justicia laboral.
Pretendía que los únicos conflictos que se resolvieran en el Poder Judicial fueran los contratos individuales, mientras los de aquellos trabajadores sindicalizados o de los contratos colectivos continúen en el esquema tripartito de las juntas de Conciliación y Arbitraje.
Si la resolución de conflictos laborales recae en jueces y magistrados, tanto los líderes sindicales como los empresarios pierden influencia sobre los asuntos.
La propuesta que será aprobada en pleno del Senado considera la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tendrá varias facultades, entre las que destaca el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.
A pesar de la oposición de la CTM, los senadores priistas apoyarán esta transformación.
En otro momento, la oposición de los sindicalistas en el Congreso hubiera sido determinante para rechazar toda medida que quitara poder a las organizaciones sindicales.
Desde el sector empresarial también se levantaron voces.
Héctor Larios, senador del PAN, explicó que los empresarios tienen reticencias en el asunto por la corrupción que existe en el Poder Judicial.
“Lamentablemente a veces los jueces son corruptos y dejar que ellos decidan –esa es la opinión de algunos empresarios y algunos líderes de trabajadores- las cuestiones laborales, pone en riesgo la situación.
“Hoy, dicen ellos, se equilibran las cosas en las juntas de Conciliación y Arbitraje, sin dejar de decir que existe corrupción en ellas también; esa es una de las cosas que preocupan”, expuso Larios.
Carlos Aceves del Olmo reclama que el sector obrero no fue escuchado.
Un solo código de lo familiar
Otra de las vertientes del tema de Justicia Cotidiana que avanzó en el Senado es lo civil y familiar.
Ayer los legisladores aprobaron un cambio a la Constitución Política para dar facultades al Congreso de la Unión para crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que regirá en todo el país.
Además, quedará asentado que debe privilegiarse la resolución de conflictos por sobre las cuestiones procedimentales, pues muchas veces los largos procesos jurídicos no permiten alcanzar una solución de fondo.
En ese apartado quedará asentada la creación del Sistema Nacional de Impartición de Justicia, en donde confluirán los órganos del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados.
Nuevas vías para la justicia
Entre las modificaciones que deberá legislar el Congreso de la Unión para establecer la Justicia Cotidiana destacan las siguientes:
En lo laboral
> Los conflictos laborales serán resueltos en juzgados y tribunales del Poder Judicial y no en las juntas de Conciliación y Arbitraje.
> Se plantea la creación de Centros de Conciliación, donde los involucrados acudirán ante un mediador que les ayudará a llegar a un acuerdo.
> El esquema implicaría la desaparición de las juntas federales y estatales de Conciliación y Arbitraje.
En lo familiar
> Se creará un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que regirá en todo el país.
> Deberá privilegiarse la resolución de conflictos por sobre las cuestiones procedimentales, pues los largos procesos jurídicos retrasan la solución de fondo.
> Darán paso al Sistema Nacional de Impartición de Justicia, que integrará a los órganos del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados.
