El buen uso del poder público atormenta al gobernador Samuel García, lo que ha quedado en evidencia después de que el mandatario acusara sufrir afectaciones psicológicas en el amparo indirecto promovido por su equipo jurídico en Tamaulipas, para evitar el juicio político en su contra.
“Se reclama: La infamia, injurias y tormento psicológico prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las declaraciones realizadas por las autoridades responsables en las que se denota mi persona e imagen.
“Pues dolosamente han filtrado información que me hace ver como responsable de la comisión de ilícitos vulnerando el principio de presunción de inocencia con el fin de provocar un linchamiento mediático, tal como se demuestra con las notas periodísticas”, dice el amparo enviado al Congreso local del cual Reporte Índigo tiene una copia.
El gobernador y sus defensores agregaron que García ha sido víctima de tortura psicológica, la cual afecta su integridad.
“La tortura psicológica que atenta contra mi dignidad y pone en riesgo mi vida”, dice el documento.
Este amparo fue promovido después de la denuncia de la diputada federal del PAN, Annia Gómez, y el legislador del PRI, José Luis Garza Ochoa, en la que exigían el comienzo de un juicio político contra el mandatario.
La Suprema Corte de Justicia ya dio paso libre al juicio político contra Samuel García por violar la Constitución local cuando no presentó el Presupuesto 2023 ni en tiempo ni en forma. 🤦♂️ pic.twitter.com/k1QIgOzBPN
— Efecto Regio (@EfectoRegio) February 22, 2023
“Supuestamente por no supervisar la publicación de unos decretos, según su subjetiva y tendenciosa apreciación, y por no presentar a tiempo la iniciativa de Ley de Egresos para el dos mil veintitrés”, se menciona en la justificación del mandatario.
El gobernador refiere en el amparo que la remoción del cargo que ocupa desde el 4 de octubre del 2021, que fue cuando tomó protesta, no solo afectará el funcionamiento del Poder Ejecutivo, sino que va en contra de sus derechos de desempeño y de permanencia en su cargo.
La justificación en este amparo pone evidencia que el gobernador carece de fortaleza mental para enfrentar los errores que pueda llegar a cometer en su administración y que no logrará reponerse de manera rápida ante un conflicto político.
No obstante, el mandatario toma una actitud retadora públicamente, donde señala que no dedicará un solo minuto al juicio político que se procesa en el Congreso local.
Diputados de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, a cargo de Jesús Gómez, aprobaron el pasado 31 de enero iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, debido a que no entregó el Presupuesto de Egresos 2023, en la fecha establecida por la ley, y por no publicar decretos legislativos.
Los diputados lo citaron para el 10 de febrero, pero en lugar de asistir García viajó a Washington, Estados Unidos, en donde sostuvo una gira de trabajo. El amparo promovido por el equipo jurídico del mandatario obligó a que los diputados de esta Comisión se declararan en permanente.
Este amparo podría no ser suficiente para detener el juicio político contra el gobernador, pues además se ordena que se ejecute una orden de deportación en contra de García, como si se tratara de un extranjero.
“El dictado de ejecución de una orden de deportación, sin haber sido oído y vencido, amparado en el desafuero que pretenden ejecutar de forma inmediata”, dice el amparo. La deportación de una persona solo se puede solicitar para un extranjero, por lo que esta solicitud levanta muchas suspicacias acerca de la nacionalidad mexicana del mandatario.
El verdadero tormento ciudadano
Mientras el gobernador Samuel García asegura ser atormentado por el juicio político en su contra, cientos de neoleoneses tienen que vivir día a día un calvario para poder trasladarse a sus trabajos o casas por la crisis de movilidad en Nuevo León.
Avenidas saturadas de autos, largas filas de ciudadanos esperando el transporte público y la reparación de la Línea 2 del Metro, ocasionan que los usuarios pierdan horas de vida esperando trasladarse en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM).
A ello se suma la mala calidad del aire que prevalece en la ZMM, donde los días contaminados superan a aquellos en los que no se registra mala calidad del aire. Una situación que ha disparado las enfermedades respiratorias en la entidad.
No obstante, estas no son las únicas problemáticas que aquejan a los neoleoneses, pues está latente la posibilidad de que en el verano nuevamente haya una crisis de desabasto de agua, pues las presas no presentan un nivel de almacenamiento óptimo para enfrentar una sequía.
La violencia que agobia a la ciudadanía es otra crisis que aún no se resuelve. El pasado mes de enero se registró el índice más alto de homicidios dolosos de los últimos cuatro años.
