En una polémica decisión judicial, la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo del Segundo Tribunal de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México ha ordenado la liberación de ocho militares acusados en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los militares, presuntamente vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos, permanecerán en libertad mientras continúa su proceso legal, es decir, no han sido absueltos de los cargos.
La medida revoca la prisión preventiva que había sido impuesta a los militares desde febrero pasado, permitiéndoles abandonar el Campo Militar número 1 en la Ciudad de México una vez que paguen una garantía de 100 mil pesos y se comprometan a presentarse ante el juzgado los días 1 y 16 de cada mes.
¿Quiénes son los militares involucrados en el caso Ayotzinapa?
Los nombres de los militares liberados incluyen a Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz. Siguen siendo procesados por delincuencia organizada en relación con el caso Ayotzinapa.
La decisión se basa en testimonios de testigos protegidos que afirman la posible colaboración de los militares con Guerreros Unidos. Sin embargo, los abogados defensores han cuestionado la veracidad de estos testimonios, calificándolos de “persecución política”.
Centro de Derechos Humanos condena la resolución
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha condenado la resolución, acusando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de favorecer a los militares implicados y de obstaculizar el acceso a pruebas que podrían demostrar su participación en la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014.
Es importante señalar que la liberación no implica una absolución, y los militares seguirán enfrentando el proceso legal en libertad. La Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado una nueva orden de aprehensión después de que la jueza modificara la medida cautelar, lo que generó descontento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.