En la víspera de la discusión de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, la jueza Quinto de Distrito en el estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, otorgó una suspensión en contra del dictamen.
Como resultado, las y los nuevos diputados no podrán iniciar mañana, domingo 1 de septiembre, el trabajo legislativo en este tema específico para el que fueron convocados.
La jueza Martha Eugenia Magaña López concedió la suspensión del dictamen aprobado en la pasada legislatura, que iba a ser presentado al pleno para su discusión y posible aprobación al inicio de la LXVI Legislatura.
Aunque la jueza se declara impedida para intervenir directamente en el caso, ya que es una de las partes afectadas, la ley la obliga a emitir la suspensión. Ahora, será un Tribunal el encargado de resolver la situación.
Cámara de Diputados debe parar discusión de reforma al Poder Judicial
Mientras tanto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados debe abstenerse de entregar el dictamen a la Mesa Directiva de dicha Cámara, informar sobre la situación y suspender el proceso hasta que se resuelva la cuestión pendiente.
Ayer también se emitió otra suspensión por parte de un juez federal con sede en Chiapas, quien ordenó que, en caso de que ambas cámaras del Congreso de la Unión aprueben la reforma, esta no pueda ser enviada a los Congresos locales y de la Ciudad de México hasta que se analicen las posibles violaciones constitucionales.
¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial?
Cabe recordar que la reforma propone que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular, de manera similar a cómo se eligen actualmente la Presidencia de la República, las gubernaturas, senadurías y diputaciones.
La reforma fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara baja el pasado 5 de febrero, lo que llevó a que trabajadores del Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados, así como organizaciones civiles, se pronunciaran en contra del proceso de reforma judicial.
Para que la reforma al Poder Judicial sea aprobada, debe contar con el respaldo de dos terceras partes tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, además de la aprobación de al menos 17 de los 32 Congresos estatales, y finalmente debe ser promulgada por la Presidencia de la República.
