La jueza Quinto de Distrito de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, otorgó la suspensión definitiva para frenar la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, sin embargo, el dictamen fue aprobado en la mañana de este miércoles y enviado al Senado.
La juez concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo que un grupo de jueces federales tramitó la semana pasada al considerar que la reforma judicial vulneraba sus derechos.
“Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse cabría la posibilidad de ser inatacable”, indicó en su resolución.
La jueza ya había otorgado dos suspensiones contra la discusión del dictamen, aprobado en la pasada legislatura y que se está ahora en la Cámara de Diputados.
El primero el sábado 31 de agosto y el segundo ayer 3 de septiembre. Se suma también la suspensión, emitida el viernes, por parte de un juez federal con sede en Chiapas, quien ordenó que, en caso de que ambas cámaras del Congreso de la Unión aprueben la reforma, esta no pueda ser enviada a los Congresos locales y de la Ciudad de México hasta que se analicen las posibles violaciones constitucionales.
¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial?
Cabe recordar que la reforma propone que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular, de manera similar a cómo se eligen actualmente la Presidencia de la República, las gubernaturas, senadurías y diputaciones.
La reforma fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara baja el pasado 5 de febrero, lo que llevó a que trabajadores del Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados, así como organizaciones civiles, se pronunciaran en contra del proceso de reforma judicial.
Para que la reforma al Poder Judicial sea aprobada, debe contar con el respaldo de dos terceras partes tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, además de la aprobación de al menos 17 de los 32 Congresos estatales, y finalmente debe ser promulgada por la Presidencia de la República.
