Un juez federal ha otorgado una suspensión provisional que impide temporalmente la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un paso clave para que entre en vigor.
Esta medida fue concedida por el Juez Segundo de Distrito en el estado de Colima, en respuesta a una demanda de amparo presentada por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
La suspensión impide que la reforma, aprobada ya por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales, dominados por Morena y sus aliados, sea publicada en el DOF antes del 11 de octubre, fecha en la que el juez determinará si concede una suspensión definitiva.
Este fallo representa un revés temporal para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tenía planeado publicar la reforma el 15 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México.
¿En qué consiste la reforma judicial?
El mandatario ha promovido esta reforma como un cambio crucial para permitir que la población elija directamente a ministros, jueces y magistrados, un proceso que la oposición ha criticado duramente, alegando que pone en riesgo la independencia del sistema judicial del país.
La suspensión busca garantizar que el proceso de aprobación de la reforma judicial haya sido conforme a la Constitución. Si la reforma se publicara antes de que se resuelva el amparo, podría empezar a implementarse, lo que complicaría la situación si después se determina su inconstitucionalidad.
Además, cualquier intento de publicar la reforma durante la vigencia de la suspensión podría tener consecuencias legales y servir de base para futuras impugnaciones.
Diputados y senadores de Morena se alistan para validar reforma judicial
Mientras tanto, el Congreso de la Unión tiene sesiones programadas para este viernes, en las que el Senado y la Cámara de Diputados debatirán la validez constitucional de la reforma.
Sin embargo, la oposición ha anunciado que boicoteará estas sesiones, con el argumento de que su presencia podría legitimar un proceso que, consideran, ha sido aprobado de manera ilegal.
