Juez declara inconstitucional acuerdo para retrasar solicitudes de asilo

La demanda de amparo fue emitida por la asociación Greenberg Taurig S.C. México, para defender a una familia salvadoreña que solicitó el refugio y fue afectada por el acuerdo
Rubén Zermeño Rubén Zermeño Publicado el
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Por el fallo de un juez federal, los migrantes que buscan un asilo en México podrían tener una segunda oportunidad.

Un juez declaró inconstitucional un acuerdo emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) en la Ciudad de México, publicado el 30 de octubre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación.

En dicho acuerdo se estableció que derivado del sismo del 19 de septiembre, la COMAR no contaba con la capacidad operativa ni con las instalaciones necesarias para la realización de las entrevistas de elegibilidad y, por lo tanto, no podía emitir las resoluciones en el plazo de los 45 días emitidos por la Ley.

La demanda de amparo fue emitida por la asociación Greenberg Taurig S.C. México, para defender a una familia salvadoreña que solicitó el refugio y fue afectada por el acuerdo.

El amparo fue otorgado por el juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México, y determinó que el acuerdo es inconstitucional porque “para que pueda haber una tutela efectiva, la tramitación total del procedimiento no debe exceder de un plazo razonable, general y objetivo, lo que no se cumple con el Acuerdo impugnado en tanto el desahogo de la entrevista de elegibilidad y la emisión de las resoluciones se encuentren suspendidos de manera indefinida”.

En febrero de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un llamado urgente a la COMAR, y la acusó de tener un rezago cercano a 60 por ciento de los procedimientos.

“Tal situación preocupa al considerar que han sido reportados dos mil 400 procedimientos abandonados y desistidos, presumiblemente como respuesta a los largos plazos de resolución y la poca información que se proporciona a los interesados, lo que se traduce en una negociación de facto a protección internacional”, evidenció la CNDH.

Por su parte organizaciones sociales urgieron al Gobierno Federal a que deje sin efectos el acuerdo del 30 de octubre, y tome las medidas para resolver en tiempo y forma las más de cinco mil solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.

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