El juez de control que encabeza la audiencia en contra de Ricardo Anaya resolvió que el panista no tuvo acceso a la carpeta de investigación en su contra, por lo que reprogramó la audiencia inicial de este jueves para el lunes 4 de octubre.
De esta manera, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor dio la razón al equipo legal del excandidato presidencial, pues la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha permitido acceder a las acusaciones en su contra.
Cabe mencionar que Anaya sí se presentó a la audiencia de este jueves, realizada en el Reclusorio Norte, pero lo hizo de manera virtual. El panista había dicho que podía ser encarcelado injustamente si acudía en persona.
También participaron representantes de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acreditar la presunta responsabilidad del político en los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
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Durante la audiencia, el juzgador aclaró que las conexiones por videoconferencias deben efectuarse dentro de territorio nacional. Esto luego que Anaya advirtió que saldría del país y se dijo víctima de una persecución política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿De qué acusan a Anaya?
La FGR informó este miércoles que Anaya es investigado y procesado legalmente por presuntamente haber recibido un soborno de 6 millones 800 mil pesos de parte de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, a cambio de su voto para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
“Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia que Ricardo “N” votó a favor de la misma”, se lee en el documento publicado por la fiscalía.
Además que Froylán Gracia Galicia, exdirectivo de Pemex, y Miguel Pérez Esquivel, quien trabajaba como chófer del exdirector, declararon haber presenciado diversas visitas de Anaya y otros legisladores a las oficinas de Lozoya en la dirección general de Pemex.
La fiscalía también explicó que los “altos funcionarios de Odebrecht”, como el propio Marcelo Odebrecht, han declarado en Brasil sus intenciones de obtener contratos preferenciales en México, razón por la que entregaron sobornos a Lozoya.
El primer pago habría sido por 10 millones de dólares “para garantizar el control sobre esa producción petrolera”, explicó la FGR.
#FGRInforma: Versión pública caso Odebrecht/Ricardo “N”. pic.twitter.com/OZK9beR4zP
— FGR México (@FGRMexico) August 25, 2021
