El permiso municipal que presentó el casino Foliatti, calificado como falso por el Municipio de Monterrey, es válido para el juez federal que analiza el juicio de amparo que interpuso este centro de apuestas contra la clausura.
El juez Javier Rubén Lozano Martínez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, declaró infundado el incidente de objeción de falsedad sobre documentos que presentó la administración municipal que encabeza la alcaldesa Margarita Arellanes.
La autoridad federal resolvió en este sentido bajo el argumento de que la Dirección Jurídica del Municipio de Monterrey, a cargo de Eulalio Meléndez, no aportó las pruebas para acreditar que el permiso de uso de suelo municipal era falso, como lo aseguró la alcaldesa panista públicamente.
Tampoco los abogados municipales presentaron la prueba pericial para demostrar que es falsa la firma del exsecretario de Desarrollo Urbano José de Jesús Garza Gallardo.
Supuestamente este exfuncionario firmó la licencia durante el trienio del exalcalde Adalberto Madero.
Esta resolución no implica la apertura del establecimiento ubicado en la Pulga Mitras y que opera con el polémico permiso federal que ostenta la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V., (Comenchi).
El juez determinó dar vista al Ministerio Público federal que lleva a cabo la investigación del documento, presuntamente falso, que habrían presentado los abogados del casino Foliatti en este proceso.
El acuerdo fue publicado ayer como parte del juicio de amparo 401/2013, que interpuso Antonio Ochoa Garza, apoderado legal de Comenchi, empresa vinculada con el abogado Eliseo Martínez Elizondo, quien fue privado de su libertad y ejecutado hace un mes en el municipio de San Pedro.
“Se resuelve: primero se declara infundado el incidente de objeción de falsedad sobre documentos y segundo: dése vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación”, establece la resolución judicial.
El Foliatti, propiedad de Raúl y Jesús Rodríguez Quintero, fue cerrado por el Municipio de Monterrey el pasado 27 de febrero, junto con nueve casinos más que no contaban con sus respectivas licencias municipales de uso de suelo.
Los abogados del Foliatti, representados por el abogado Patricio Manuel Martínez Brito, interpusieron un juicio de amparo en contra de la clausura, logrando que el juez Lozano Martínez concediera la suspensión provisional.
Esto obligó al Municipio de Monterrey a que levantara los sellos de clausura impuestos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Sin embargo, este centro de apuestas continuó cerrado por la intervención de Protección Civil del Estado, que clausuró el establecimiento por considerarlo inseguro y que no cumplía con las medidas de seguridad.
Finalmente el juez federal negó la suspensión definitiva al Casino Foliatti, por lo cual el establecimiento mantiene cerradas sus puertas desde finales de febrero.
La alcaldesa panista, Margarita Arellanes, asegura que en el Municipio no existen antecedentes de la supuesta autorización municipal al Foliatti, por lo cual fue calificada por la edil como apócrifa.
El permiso que presentó la defensa del Foliatti dentro del juicio de amparo, es un instructivo que trae la firma de Garza Gallardo para autorizar una homologación y permitir así operar al casino en la Pulga Mitras.
Sin embargo, la facultad de homologar los usos de suelo no estaba prevista todavía en la Ley de Ordenamiento Territorial vigente cuando supuestamente se firmó el permiso, sino meses después fue que entró en vigor la nueva Ley de Desarrollo Urbano del Estado.
Entrevistado por Reporte Indigo, Garza Gallardo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, rechazó categóricamente haber firmado el instructivo que la defensa del casino Foliatti mostró en su juicio de amparo, como el supuesto permiso municipal de uso de suelo para operar en la Pulga Mitras.
El Municipio de Monterrey ha denunciado penalmente ante la PGR la presunta falsificación que habrían hecho los abogados del casino Foliatti, representados por Martínez Brito.
Este abogado, precisamente, fue implicado hace cinco años en una red que se dedicaba a cometer fraudes inmobiliarios utilizando documentos falsos del Registro Público de la Propiedad del Estado.
