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La mala suerte continúa para el casino La Fortuna.
La disputa por la posesión de la casa de apuestas siguió la noche del miércoles, que culminó con la detención de sus propietarios en un cuestionado operativo ministerial y la posterior reclusión de éstos en el penal del Topo Chico.
Tres de los socios, los hermanos Pedro y Arturo Cardona Calderón y el empresario Jesús Andrés González González, fueron aprehendidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), por el presunto delito de despojo de inmueble con violencia.
La aprehensión, como en otros tres intentos para apropiarse del casino, apunta a las influencias del juez federal Luis Armando Jerezano Treviño, denunciado penalmente por delincuencia organizada y secuestro.
Denuncia que presentaron el año pasado los ahora procesados, que poseen el casino a través de la empresa Doblecara S.A. de C.V.
Según los testimonios, la tarde del miércoles Érick Garza Treviño propuso a los dueños una conciliación sobre la posesión del centro de apuestas.
Este hombre se ostenta como representante legal de Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V., que era la primera operadora de La Fortuna, con un poder que le otorgó Jerónimo Garza Chaib, quien también enfrenta acusaciones por delitos graves en el estado.
El apoderado les ofreció negociar un acuerdo y pactó con ellos una reunión a las 20:15 horas de ese día en el hotel Safi, en San Pedro.
Los socios se presentaron a la cita, pero sólo habían transcurrido cerca de 15 minutos, cuando alrededor de 25 elementos de la AEI irrumpieron en el restaurante del hotel.
Los agentes detuvieron a los tres socios y a uno de los escoltas personales, quien posteriormente fue liberado porque no enfrentaba ningún cargo.
Al momento de la detención los elementos de la AEI no presentaron la orden de aprehensión que fue otorgada por el Juzgado Segundo en Materia Penal en Nuevo León, a cargo de Raymundo Martínez González.
Los propietarios fueron incomunicados y trasladados a la sede de la Policía Ministerial, en la avenida Gonzalitos, donde fueron fichados.
Fue hasta cerca de las 23:00 horas que los detenidos pudieron informar a sus otros socios que estaban a punto de ser internados en el penal del Topo Chico, donde ayer rindieron su declaración preparatoria ante un juez.
Así de rápido actuaron en este caso las autoridades.
Hasta el cierre de esta edición se informó que a los casineros todavía no les asignaban formalmente celdas y se encontraban en los separos de la cárcel estatal.
La Fortuna cerró ayer sus puertas y extremó su vigilancia con un intenso despliegue de seguridad privada, ante el temor que el juez casinero, Jerezano Treviño, arme otro operativo para apoderarse del casino.
La investigación iniciada contra los dueños de La Fortuna radica en la Agencia del Ministerio Público en Despojo de Inmuebles Número 2, ubicada en el mencionado penal.
Éste sería el cuarto intento para presionar a los socios, en el que estaría detrás Jerezano Treviño, quien desde agosto de 2011 fue suspendido por conceder un amparo y ampliar el permiso federal a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V., con la que inicialmente abrió sus puertas el trágico casino Royale.
Su cese temporal de funciones derivó de una denuncia presentada ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, aún pendiente.
El acoso al centro de apuestas inició el 14 de mayo de 2012, cuando Arturo Cardona Calderón fue presuntamente secuestrado en San Pedro por órdenes del juez y con la intención de despojarlo del negocio.
En esa ocasión Jerezano Treviño fue acusado de formar parte de un grupo que se dedica a extorsionar a empresarios de casinos en Monterrey y fue denunciado ante la Procuraduría encabezada por Adrián de la Garza.
Cardona Calderón lo denunció penalmente a él y a otras cuatro personas por robo, privación ilegal de la libertad, extorsión y delincuencia organizada.
Entre éstos estaban Manuel Balderas Ramírez, exalcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, y su hijo Antonio Balderas Martínez; además de Jerónimo Garza Chaib y Cuauhtémoc Ramírez Voguel.
Sin embargo, el Ministerio Público no le otorgó valor probatorio a los audios y videos presentados como pruebas, así que dictó el no ejercicio de la acción penal y exoneró al grupo, incluido al juez Jerezano Treviño.
El motivo del secuestro, según la denuncia, fue despojarlo de sus acciones en la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V.
El plan era hacer una compra-venta de los derechos, pero para ello se necesitaban las firmas de los otros socios, así que no se pudo concretar la operación.
En un segundo intento, el 31 de octubre del año pasado, un grupo de cerca de 50 personas trató de apropiarse a la fuerza del casino.
Lo que empezó como una simple diligencia de Conciliación y Arbitraje en La Fortuna, terminó con un zafarrancho que protagonizaron supuestos cetemistas, encapuchados; gente que se identificó como Ministerio Público Federal, fuerzas militares y dos corporaciones de seguridad.
Por cerca de tres horas el Ejército, Fuerza Civil, la Policía de Monterrey y los supuestos agentes de la PGR estuvieron en el centro de apuestas, pero nunca dejaron en claro si apoyaban la diligencia o si realizaban un operativo.
Y en un tercer intento, el pasado 2 de enero, presuntos inspectores del Ayuntamiento regio acudieron a clausurar la casa de apuestas.
Una decena de individuos que se identificaron como inspectores de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey acudieron a colocar sellos de clausura.
Dijeron que el establecimiento no cumplía con los permisos municipales de uso de suelo.
Sin embargo, la titular de la dependencia municipal, Brenda Sánchez Castro, confirmó que no autorizó la clausura y desconoció a los supuestos funcionarios.
Pero en esta última ocasión, la aprehensión de los dueños de La Fortuna, es un capítulo que aún no concluye.
Un juez que quiere su casino
Luis Armando Jerezano fue suspendido como juez Primero de Distrito de la Décima Región de Coahuila en septiembre de 2011, luego de la tragedia del casino Royale, donde murieron 52 personas el 25 de agosto de 2011.
Jerezano Treviño fue suspendido para investigarlo por el amparo que concedió a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V., que permitió a esa compañía ampliar su permiso federal, el cual fue utilizado por los dueños del casino Royale para iniciar operaciones en el 2008.
Pero Jerezano quiere su propio casino.
Así que en 2012 intentó despojar de sus acciones a Arturo Ignacio Cardona Calderón, hermano de Pedro Arturo Cardona Calderón, exsecretario de acuerdos en el juzgado de Torreón de Jerezano Treviño. Hoy ambos hermanos están detenidos en este operativo fast track.
Por ello, el juez fue acusado penalmente el año pasado, junto con el exalcalde de Miguel Alemán, Manuel Balderas Ramírez, por secuestro y amenazas contra el socio del casino La Fortuna, Arturo Ignacio Cardona Calderón.
Sin embargo, la fiscalía decretó el inejercicio de la acción penal, pese a que en la querella Cardona Calderón aportó pruebas fotográficas y videos de cómo Jerezano Treviño y el exalcalde tamaulipeco lo privaron de su libertad y le exigieron firmar un acta para sacarlo de la sociedad que era propietaria del casino.
En esa denuncia no actuó la autoridad, pero ahora sí, el juez Segundo y la Procuraduría se movieron rápidamente para beneficiar al juez casinero Jerezano Treviño.
El infortunio los persigue
El casino La Fortuna ha sido objeto de acoso desde el año pasado.
> 14 de mayo de 2012: Secuestran al socio, Arturo Cardona, para despojarlo de sus acciones.
> 31 de octubre de 2012: Un grupo de cerca de 50 personas intenta apropiarse del casino a la fuerza.
> 2 de enero de 2013: Supuestos inspectores del Ayuntamiento regio tratan de “clausurar” la casa de apuestas.
> 7 de agosto de 2013: Detienen a tres de los socios de La Fortuna y rápidamente los trasladan al penal del Topo Chico.
