En un nuevo capítulo del debate de la reforma judicial, un juez federal en Colima emitió un ultimátum al Instituto Nacional Electoral (INE) para frenar los preparativos de las elecciones judiciales de 2025, advirtiendo que de no cumplir con la orden, cada uno de los 11 consejeros será multado con 54 mil 285 pesos y denunciado penalmente por desacato.
El Juez Segundo de Distrito en Colima, Francisco García Contreras, tomó esta decisión después de que el INE no acatara una suspensión provisional emitida el 24 de septiembre, que prohíbe la implementación del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025.
La suspensión fue solicitada en un amparo promovido por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la cual cuestiona la constitucionalidad de la reciente reforma que establece la elección popular de jueces.
Publicada el 15 de septiembre, esta reforma obliga al INE a organizar las elecciones judiciales en 2025, lo que ha generado tensiones entre el instituto y el Poder Judicial, informó el diario Reforma.
Juez amaga con dar aviso a la FGR
El juez García Contreras también advirtió que, de no cumplir con la suspensión, dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar a los consejeros del INE por desacato, lo que podría llevar a penas de cárcel de tres a nueve años.
Además, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito confirmó el 30 de septiembre una suspensión que impide al Senado emitir la convocatoria para las elecciones judiciales y prohíbe al Consejo de la Judicatura Federal transferir recursos a los nuevos órganos judiciales creados por la reforma.
Sheinbaum denuncia “golpe aguado” de la SCJN
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el intento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de frenar la reforma como un “golpe aguado“. Sheinbaum defendió la reforma judicial promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que fue una decisión del pueblo.
En conferencia de prensa, Sheinbaum rechazó las acusaciones de que su gobierno actuará contra la Suprema Corte, y descartó llevar a cabo juicios políticos contra los ministros, pese a las tensiones crecientes. “No somos un gobierno autoritario“, afirmó la mandataria, cuestionando la revisión de la SCJN sobre una reforma constitucional ya aprobada por el Congreso.
