‘Juegan’ con la ley

La nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos pretende autorizar el juego en vivo, la operación de minicasinos y regular las apuestas online.

En el proyecto de decreto para esta nueva legislación, que se busca aprobar en los próximos días en la Cámara de Diputados, se crea la figura del permisionario que explote menos de treinta máquinas tragamonedas.

Esta medida abre la puerta para legalizar la instalación de maquinitas tragamonedas en tiendas y bares, como ocurre hoy de manera clandestina en todo el país.

La Secretaría de Gobernación ha hecho del combate a los llamados minicasinos una de sus principales campañas al catalogar esta actividad como una fuente de corrupción de menores y de adicción asociada con la delincuencia.

Para la Segob, las máquinas tragamonedas son tan adictivas para los jóvenes como lo son la cocaína o el crack.

“Son una fuente de corrupción que abre la puerta a la delincuencia”, advierte la dependencia federal en sus promocionales.

En el texto de la nueva Ley los legisladores se refieren a la figura del permisionario que opere menos de 30 máquinas tragamonedas.

Los legisladores aclaran que la regulación de esto establecimientos se definirá en el reglamento de la Ley que expida el Ejecutivo federal.

“En el caso de los permisionarios que exploten menos de treinta máquinas tragamonedas, el Reglamento definirá la manera en que cumplirán con los requisitos y obligaciones previstos en los artículos 17, 33 y 34 de esta Ley”, señala la iniciativa de la cual Reporte Indigo tiene una copia.

“Los permisos previstos en las fracciones I y II de este artículo no podrán otorgarse a personas físicas ni a personas morales sin fines de lucro, salvo que se soliciten para la explotación de menos de treinta máquinas tragamonedas”.

La legalización de los minicasinos en México es rechazada por las principales asociaciones que agrupan a los empresarios del juego en el país.

La proliferación de las máquinas tragamonedas en cualquier establecimiento provocará, según los casineros, un desorden en la industria del juego.

También los centros de apuestas establecidos cuestionan la capacidad de las autoridades federales para poder llevar a cabo inspecciones en los locales donde se instalarán los aparatos.

La iniciativa de Ley fue elaborada por la Comisión Especial para Indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno federal relacionadas con el otorgameinto de permisos para juegos y sorteos

En la elaboración de este proyecto de ley participó Marcela González Salas, actual directora general de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

Además fueron consultados representantes de asociaciones de permisionarios y proveedores de juegos y sorteos en México.

La nueva legislación busca sustituir a la actual Ley Federal de Juegos y Sorteos, que data del 31 de diciembre de 1947 en el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés.

Los diputados reconocen en la exposición de motivos de la iniciativa que la actual legislación está obsoleta y rebasada por los graves problemas de corrupción, falta de transparencia e infiltración de la delincuencia organizada en estos negocios.

Ocurrido hace cuatro años, el ataque al Casino Royale de Monterrey, donde murieron 52 personas, puso al descubierto la operación de una red criminal que traficaba con permisos falsos de casinos.

El casino Royale, al momento del ataque, funcionaba con un permiso irregular a nombre de una empresa pirata que fue objeto de investigación por parte de las autoridades federales.

Reporte Indigo ha documentado cómo operaba esta red encabezada por Juan Iván Peña Neder, Guillermo Santillán y Roberto Correa, exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación.

Los beneficios del juego limpio

En el país operan actualmente cerca de 350 casinos y una adecuada regulación, sostiene el decreto, generará para el gobierno cerca de 800 millones de dólares en impuestos y derechos.

“Se estima que de contar con la regulación correcta, se captarían cerca de 800 millones de dólares en impuestos y la regulación de por lo menos mil 500 casinos que operan de manera ilegal”.

Además de los minicasinos, la nueva Ley de Juegos y Sorteos promueve la legalización del juego en vivo como son los naipes y la ruleta, modalidades que hoy están prohibidas en la legislación pero se realizan de manera clandestina en diferentes casinos del país.

 “Los permisionarios que celebren juego en vivo deberán de llevarlos a cabo en forma aleatoria, controlada y transparente”, advierte el artículo 71 del proyecto de Ley.

“Los permisionarios implementarán los controles necesarios para las apuestas realizadas en juego en vivo para que queden registradas en el sistema central de apuestas del permisionario”.

La iniciativa de Ley, que los diputados de la Comisión Especial pretenden someterla a votación el próximo mes, busca además regular las apuestas en internet en México.

Incluso la nueva legislación abre la posibilidad que empresas que no sean permisionarias obtengan una autorización para crear un sitio web para la oferta y comercialización del juego con apuesta en línea.

El proyecto de Ley cuenta con todo un apartado sobre esta modalidad donde se fijan los requisitos y obligaciones para estas empresas.

Un punto que seguramente será polémico y que está incluido en la propuesta es el proceso de sustitución de permisos al que pretenden someter a los actuales casineros para que cumplan con las nuevas obligaciones.

Los legisladores quieren con esto aplicar la nueva ley a los casineros que ya cuentan con derechos adquiridos.

Este trámite los permisionarios actuales lo deberán de realizar dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la nueva Ley o se les aplicará sanciones.

El nuevo vigilante

La actual Dirección de Juegos y Sorteos desaparece con la nueva Ley y se crea el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que será la única autoridad en el país en materia de centros de apuestas.

El Instituto será el responsable de otorgar los permisos y de llevar a cabo labores de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la Ley.

Los diputados están proponiendo además el funcionamiento del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, que será el órgano de consulta del Instituto para la creación de políticas públicas en la materia y emitir opiniones sobre el otorgamiento de los permisos.

El Consejo será presidido por el secretario de Gobernación, y estará conformado además por los titulares de Hacienda, Trabajo y Turismo.

El titular de Segob podrá designar en este órgano no vinculante a tres especialistas del ámbito empresarial y a tres representantes de la sociedad civil.

Los permisos para operar decenas de casinos no existirán con la nueva reglamentación. 

Los legisladores con su proyecto buscan que las autorizaciones que otorgue el Instituto solo amparen la instalación de un casino.

También quieren acotar la vigencia de los permisos a 10 años, que serán prorrogable por el mismo periodo si el permisionario cumple con sus obligaciones durante la vigencia de la autorización.

El texto de la nueva Ley contiene algunas contradicciones. Por ejemplo: establece que los permisos son intransferibles y no podrán ser objetos de cesión, comercialización o transferencia como ocurre en la actualidad.

Sin embargo en el artículo 36 se advierte que el permisionario que delegue a un operador la explotación de su permiso deberá de solicitar autorización del Instituto.

También en el decreto de la nueva Ley se habla de implementar cada tres años un proceso de certificación del personal contratado por los permisionarios y operadores de casas de juego en México.

Entre los requisitos que establece la nueva legislación para los operadores de casinos está la de presentar en el proceso de conseguir los permisos la documentación que acredite que el solicitante cuenta con la licencia municipal de uso de suelo.

También se prohíbe la entrada a casinos a las personas menores de 21 años.

El proyecto de la nueva Ley consta de 220 artículos y 10 transitorios (la actual tiene 17 artículos) y el plan es que entre en vigor a los 60 días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Ejecutivo federal tendrá un plazo de 180 días naturales para expedir el reglamento.

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