Solo cuatro jueces cesados en Jalisco en dos sexenios

Durante los dos últimos sexenios, únicamente cuatro jueces de Jalisco han sido destituidos por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de forma definitiva, ante la detección de anomalías en sus actuaciones, de acuerdo con los registros que elabora esta autoridad que funge como el principal órgano anti-corrupción al interior del Poder Judicial estatal.

Los últimos procesos de renovación de las consejerías del Consejo de la Judicatura que ha desahogado el Congreso de Jalisco, han recibido múltiples cuestionamientos por parte de instancias como el propio Sistema Estatal Anticorrupción local, por haber estado regidos, según se ha considerado, por la lógica de las “cuotas y cuates”.

Lo cierto, sin embargo, es que en estos 12 años que corresponden a los Gobiernos de Aristóteles Sandoval Díaz, el ex gobernador del estado hoy finado, y de Enrique Alfaro Ramírez, actual mandatario de Jalisco, los casos de jueces que han sido cesados por ese órgano judicial por haber incurrido en irregularidades son mínimos.

Mediante un reporte brindado vía transparencia, la Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura expone que en este periodo se ha procedido en contra de nueve jueces en total, sin embargo, solamente se ha concretado la destitución de cuatro de ellos, al parecer debido a las impugnaciones que han promovido los juzgadores indagados.

Así lo señala el organismo: “tomando en cuenta la fecha de la Sesión Plenaria en las que las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa fueron aprobados, determinando el cese, se desprende la existencia de 7 siete en la época de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, mientras que la época comprendida de Enrique Alfaro Ramírez, a la fecha, obran 2 dos”.

Y complementa: “Bajo ese tenor, se informa que las sentencias referidas no deben interpretarse con carácter de inatacables o definitivas, pues conforme a los efectos jurídicos, existen diversos medios de defensa que pudieran hacer valer los servidores públicos sancionados, en distintas instancias judiciales (Folio 140280224000283)”.

El Consejo de la Judicatura puntualiza que “una sentencia se considera firme cuando ya no es susceptible de ser recurrida, y bajo este lineamiento, de las sentencias señaladas, se provee lo correspondiente a 4 de las mismas que poseen firmeza, por lo cual se da cumplimiento al requerimiento realizado, presentando la siguiente información”.

De esta manera, el órgano judicial encargado de vigilar las actuaciones de los jueces del estado informa que los juzgadores que han sido cesados de forma definitiva son los siguientes:

María Elena Rodríguez Martínez, quien se desempeñaba en el Juzgado Mixto de Cihuatlán. Su destitución se aprobó el 10 de abril de 2013, por la causa: “notorio descuido en la emisión de sentencias, con retardo“.

Lo mismo ocurrió con Miguel Valenzuela González, quien estaba adscrito al Juzgado Primero de Puerto Vallarta. El cese del juzgador se aprobó el 15 de octubre de 2013, por este motivo: “proceder irregular por el dictado de una sentencia“.

El tercer caso de una destitución definitiva es el de Mario Hernández Martínez, quien laboraba en el Juzgado Tercero de lo Penal del Estado. Su cese fue aprobado el 21 de mayo de 2014, por esta razón: iIrregularidades dentro de la emisión de una sentencia“.

Y finalmente, el Consejo de la Judicatura expone la destitución de Félix Enrique Aguiar Sánchez, quien estaba adscrito al Juzgado Criminal de Ocotlán. La aprobación de su cese se determinó el 14 de enero de 2015, por este motivo: “proceder irregular por el dictado de una sentencia“.

Procesos cuestionados

La renovación de tres consejerías del Consejo de la Judicatura aprobada por el Congreso del estado el 19 de junio de 2020, generó un fuerte diferendo entre el Poder Legislativo y el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, en ese momento liderado por Lucía Almaraz Cázarez.

La entonces presidenta de dicho Comité declaró respecto a la determinación que habían tomado los legisladores: “consideramos que es ilegal, es ilegítimo la manera en que se tomó la decisión y por la forma en que se hizo es preocupante que las designaciones se hicieran dándole (la) espalda a la ciudadanía y desvalorizando el trabajo que hicieron tanto las universidades como el propio CPS”.

Con ese proceso de selección realizado por el Congreso llegaron al Consejo de la Judicatura: Claudia Rivera Maytorena, Tatiana Esther Anaya Zúñiga, y Gabhdiel Iván Novia Cruz.

Los señalamientos de que el Consejo de la Judicatura se encuentra cooptado por los partidos políticos de Jalisco, mediante la imposición de sus allegados, se volvieron a escuchar con la más reciente selección de consejeros realizada el 5 de marzo de 2024, cuando fueron elegidos: Luis Enrique Castellanos Ibarra, Irvin Israel Ávila Trujillo, así como Gabriela Sánchez Cabrales.

La bancada de Morena aseguró que ese proceso de selección había incurrido en violaciones al marco legal, por lo que anunció que lo impugnaría por la vía judicial.

Escándalos judiciales

En los últimos años el Poder Judicial de Jalisco ha sido golpeado por grandes casos de corrupción, como el que surgió en el 2016, cuando se reveló que su entonces presidente, Luis Carlos Vega Pámanes, tenía antecedentes penales que le impedían desempeñarse como magistrado del estado.

El 27 de febrero de 2018, cuando el Congreso de Jalisco aprobó su inhabilitación hasta por nueve años para ocupar cualquier cargo público, esa autoridad informó: “según el dictamen, el señalado fue sentenciado por los delitos de robo, homicidio, lesiones y daño en las cosas, sin embargo, al momento de responder a la convocatoria emitida por el Congreso del estado, no informó sobre dichos antecedentes”.

En estos momentos, además, continúa prófugo José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien se desempeñaba también como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y quien fue desaforado desde el 2022 para que pueda ser procesado por los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores, por parte de la Fiscalía del Estado.