Jueces, bajo amenazas del crimen organizado

Los jueces en México están bajo asedio del crimen organizado. La violencia que ejerce el narco y otros grupos contra estos impartidores de justicia es tal que han solicitado medidas de protección o incluso reubicaciones por amenazas a su vida y a la de sus familias.

En diciembre de 2022, durante el inicio de la carrera por ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que era necesario garantizar la seguridad de los jueces que radican en distintos estados considerados focos rojos por los altos índices de criminalidad que se registran.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha detectado varios sitios de alto riesgo para el desempeño de su labor, por ejemplo: Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Sonora, Chihuahua y Guerrero.

La violencia es tal que a un centenar de jueces se les ha brindado seguridad especial debido al peligro que representan los asuntos que tratan en su trabajo, principalmente los relacionados al crimen organizado.

De acuerdo con los lineamientos del PJF, las medidas básicas que se asignan a un juzgador para protección constan de un auto blindado y un par de escoltas que los acompañan las 24 horas del día.

En el último de los casos se cuenta con reubicaciones a otros centros de trabajo en el país.

Las amenazas de las que son objeto los titulares de los Juzgados de Distrito, también llegan a afectar a secretarios, actuarios y empleados que laboran en estos centros de justicia con la intención de que dejen casos específicos o los archiven.

Reporte Índigo solicitó vía Ley General de Transparencia el número de reubicaciones y medidas de seguridad que se han otorgado a jueces y magistrados en el país impulsadas por amenazas, acoso o por atentados en los últimos años.

A este cuestionamiento, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) respondió que, por cuestiones de seguridad y protección de los servidores públicos que cuentan con medidas de seguridad, se reservó el número de reubicaciones que se han hecho en los últimos años.

“Se negó el acceso a las medidas de protección otorgadas a servidores públicas como parte de las estrategias de seguridad que implementa el CJF para garantizar la seguridad de los juzgadores ante posibles amenazas e intimidaciones, que permitan minimizar el menoscabo a su integridad, el daño a su inamovilidad y la restricción de su independencia judicial”, precisó el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal en la solicitud de transparencia.

Plan de contingencia

El antecedente que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) data del año 2009, cuando aplicó medidas especiales para proteger la vida de los juzgadores, especialmente quienes analizan casos vinculados al narcotráfico.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, las medidas de seguridad serán asignadas previo a un estudio de un caso específico y atendiendo a los escenarios de vulnerabilidad que hayan sido presentados por el juzgador o en su caso por las autoridades correspondientes.

Para garantizar el ejercicio de los jueces y magistrados, el Gobierno federal ha impulsado diversas estrategias de protección para estos servidores públicos que se encuentran en zonas de alto riesgo.

A pesar de los esfuerzos, múltiples impartidores de justicia han renunciado a procesos que involucran a grupos delincuenciales o líderes de cárteles de la droga, al igual que por la falta de medidas que garanticen su seguridad y la de su círculo cercano.

Impunidad en asesinatos

El hostigamiento de diversos grupos delictivos para tratar de acallar a los impartidores de justicia obligó al Poder Judicial a blindar a funcionarios que laboran en juzgados ubicados en penales federales y en estados con fuerte presencia de los cárteles de la droga.

Sin embargo, esto ha sido insuficiente debido al poder de fuego de distintas organizaciones criminales, en donde incluso llegan a infiltrar juzgados para intimidar a los jueces y obligarlos a huir o a no tocar ciertos casos.

También se ha detectado que empleados de los juzgados ejercen presión en contra de los jueces sobre un determinado caso.

De acuerdo con cifras, el 90 por ciento de los homicidios cometidos contra jueces federales no han obtenido todavía una sentencia firme, como ocurre en general con la mayoría de los delitos en México.

El último antecedente de violencia contra este sector de justicia en el país fue el 16 de junio de 2020, cuando un comando asesinó a Uriel Villegas Ortiz junto a su esposa en la ciudad de Colima. Se contabilizaron más de 20 tiros en el lugar donde fueron hallados los cuerpos.

Uriel Villegas encabezó casos penales relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico. En 2019 renunció a la protección que le brindaba el Estado mexicano a pesar de ser amenazado un año antes.

Para frenar estas agresiones, el Consejo de la Judicatura Federal puso en marcha en 2014 un protocolo de seguridad dirigido principalmente a jueces, por lo que a varios de ellos se les otorgó escoltas, chalecos, vehículos blindados y radios de comunicación.

Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes, pues en primera instancia no todos los juzgadores que reciben amenazas se les otorga de forma inmediata estas medidas de protección. Los casos son estudiados minuciosamente por el Poder Judicial para determinar si se brinda o no este tipo de protección.

Esto a diferencia de países como España, Colombia y Estados Unidos en donde se ofrece desde un inicio medidas de seguridad a todos los jueces y magistrados a fin de garantizar imparcialidad y buen desempeño de los servidores públicos.

Déficit de jueces

El Índice de Paz México (IPM) alerta que la República Mexicana enfrenta un déficit de jueces en el sistema judicial, pues únicamente hay 2.2 por cada 100 mil habitantes, esto representa la mitad del promedio que hay en el continente americano y ocho veces menos de los registrados a nivel mundial.

“En México, la falta de capacidad en los sectores judicial y de seguridad conduce a una brecha donde los costos derivados de la violencia superan con creces los de su contención. Por lo tanto, lograr los niveles óptimos de gasto en seguridad pública es importante para aprovechar al máximo el capital”, precisó el IPM.

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2022, son mil 556 magistrados y jueces que se desempeñan en el Poder Judicial de la Federación, de los cuales el 20 por ciento se concentra en el Primer Circuito de la Ciudad de México.

Sin rostros, la estrategia

En medio de la guerra declarada a los grupos del crimen organizado y el alza de ataques en contra de funcionarios del Poder Judicial, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, presentó una propuesta para establecer “jueces anónimos” con la finalidad de garantizar la seguridad de estas personas y evitar exponer a los impartidores de justicia a venganzas por parte del narco.

El planteamiento no prosperó y quedó en la congeladora a pesar del visto bueno de organizaciones civiles y algunos especialistas en la materia que se pronunciaron por evaluar este plan de trabajo en los juzgados de México.

Ricardo Alexis Uvalle Aguilera, profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, precisa que este problema se agudizó en los últimos años por el fortalecimiento de grupos criminales en diferentes estados de la República, los cuales incluso han logrado infiltrarse en los juzgados y tribunales.

Por ello, considera urgente que se refuercen los protocolos de seguridad existentes como los cuerpos de escoltas para jueces y magistrados, la protección a inmuebles y en el último de los casos las reubicaciones.

“En nuestro país no podemos permitir que haya más casos de jueces cooptados, secuestrados o, en los peores escenarios, asesinados. Es vital que el sistema judicial de México cuente con las medidas necesarias para garantizar el bienestar de sus jueces”

Juicio político a ministros empeora las cosas

En estos días, un grupo de diputados federales de Morena interpuso una demanda de juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por negarse a bajar su salario.

Esta acción no es ajena, pues desde hace meses, la Corte ha sido duramente criticada por el Poder Legislativo y  tachada de “neoliberal” por el presidente de México por sus resoluciones en contra de la Guardia Nacional y reformas constitucionales que ha impulsado el Ejecutivo federal.

Esta embestida que enfrentan la SCJN y los ministros empeora el clima de violencia que ya se vive en México, asegura Héctor Segovia Tavera especialista de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle,

“Si el mismo gobierno ataca a los jueces, cualquiera puede sentirse con el derecho de ofender o intimidar a los servidores públicos del Poder Judicial. Ya los hemos visto con algunos gobernadores de Morena”, precisa el académico.