Judicialización en puerta

En una elección tan cerrada, con poco margen de ventaja entre candidatos en varios municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), se abre la puerta a la judicialización de los resultados del próximo 2 de junio en Nuevo León.

La lupa estará enfocada en los municipios de Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina y San Nicolás, donde no existe un candidato de cualquier fuerza política que aventaje a su rival por dos dígitos en las preferencias.

La elección entre Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI, PAN y PRD, y Mariana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano (MC), quienes disputan la alcaldía de la capital regia, está cerrada.

En Guadalupe, Arturo Benavides, de Morena, y Héctor García de MC, también, pues se necesitaría que cualquiera de los dos obtuviera un triunfo de 8 puntos o más para evitar la judicialización de los resultados.

El escenario en Santa Catarina, con Héctor Castillo del PAN, quien lleva una ligera ventaja sobre su rival, el expanista Jesús Nava, hoy alcalde de MC, promete una lucha en el tribunal como nunca visto.

Castillo necesita una ventaja de dos dígitos para acabar cualquier intento de Nava de impugnar la elección. Nadie se quedará de brazos cruzados, y se prevé impugnaciones de casillas.

Gustavo López Montiel, catedrático de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, sostuvo que la diversidad de fuerzas políticas en Nuevo León genera la judicialización.

“La judicialización es un indicador de que los políticos no están acostumbrados a procesar los conflictos, y se la pasan, la mayor parte del tiempo, en resolver los litigios, entonces me parece que limita a la democracia.

“Las fuerzas políticas hoy son más diversas en comparación de lo que había antes, y es lo que genera esas condiciones de judicialización, que lo llamaría extrema, pero la judicialización si genera límites a la democracia”, dijo el experto.

Las mil 845 denuncias existentes que, por la falta de velocidad para resolver estos asuntos, se han convertido en un lastre para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Estatal Electoral, es otro de los conflictos causados por la judicialización.

La lucha legal no terminará en los órganos electorales locales.

La cantidad de instancias electorales a las que puede recurrir un candidato promoverá aún más la judicialización de los resultados del próximo 2 de junio, en Nuevo León.

“En Nuevo León, donde hay municipios con alta competitividad va obligar a los candidatos a ir por la judicialización, incluso hasta los integrantes de una planilla, esto genera un límite a cómo funciona (la elección) y baja la aceptación de la gente”, dijo Mendoza.

Si el equipo legal de un partido o candidato considera que el resolutivo de los órganos electorales de Nuevo León no está de acuerdo, puede recurrir a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y si el fallo sigue sin convencer al partido o al candidato, entonces puede solicitar la intervención de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última instancia para desahogar una denuncia.

Diputaciones, la pugna que viene

Conseguir la mayoría en el Congreso local se convertirá en una batalla intensa entre la coalición del PAN, PRI y PRD y Movimiento Ciudadano que apunta a llegar hasta los tribunales para impugnar cualquier resultado de una curul.

Las diputaciones locales por el principio de representación proporcional serán el epicentro de la impugnación de los partidos políticos.

Y aunque el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estableció que la entrega de constancias y declaratoria de validez de éstas, se realizará hasta que se resuelvan todas las impugnaciones, finalmente los partidos tendrán hasta cinco días para formular cualquier queja.

El gobernador Samuel García se juega parte de su carrera política en este segundo trienio, pues al no tener curules estaría condenado a enfrentar un juicio político en su contra.

Además podría enfrentar una revisión minuciosa de las cuentas públicas de su Gobierno, lo que podría desgastar su recta final de su gestión. La intervención de García en todo este proceso electoral abre la puerta a tumbar diputaciones locales que pudiera haber ganado MC.

Sin embargo, la oposición del PRI, PAN y PRD se juega todo en esta elección, perder la mayoría y el control del Congreso, lo que representa no poder nombrar a sus allegados para la titularidad de las tres fiscalías.

La transparencia en el gasto del bono legislativo que ha estado por año en la opacidad, incluso, hasta el nombramiento de magistrados del Poder Judicial del Estado, también podrían ser problemas en ciernes.