En septiembre de 2009, durante la primera sesión de la LXI Legislatura en el Congreso de la Unión, 10 diputados electos solicitaron licencia al cargo para que de esta forma fuera el suplente quien se quedara con la curul.
El término ‘Juanitas’ surgió en referencia a Rafael Acosta (Juanito), quien renunció a su cargo como Jefe Delegacional de Iztapalapa para dejar su lugar a Clara Brugada
La serie de solicitudes de licencia no habría pasado de una anécdota de no haber sido porque de las 10 solicitudes, 8 correspondían a mujeres, y en todos esos casos los suplentes eran hombres, lo que alimentó la controversia por la vulneración del principio de equidad de género. En total fueron 12 mujeres a las que se les autorizó la licencia en octubre de ese año.
Las diputadas fueron conocidas como ‘Juanitas’ en referencia al caso del candidato del PT a la Jefatura Delegacional de Iztapalapa, Rafael Acosta ‘Juanito’, quien renunció al cargo después de haber ganado la elección para dejar el lugar a Clara Brugada (quien no pudo obtener la candidatura por el PRD), después de la intervención de Andrés Manuel López Obrador, aunque la diferencia es que ‘Juanito’ dejó claro que renunciaría desde que estaba en campaña.
Legalmente los candidatos y los partidos políticos no habían violado la legislación electoral, la cual obligaba a los distintos institutos políticos a presentar al menos 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, aunque sin importar el sexo de su suplente, sin embargo, estos movimientos sí fueron calificados como ‘un fraude a la ley’ o por lo menos como actos ‘indignos’ en el Congreso
Tanto los partidos como las candidatas y diputadas electas se prestaron a esta práctica con el único propósito de aparentar cumplir con la cuota de género que exigía el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin embargo, al inicio de la legislatura, el engaño quedó al descubierto.
Valiéndose de un resquicio en la legislación, los partidos ‘cumplieron’ con la paridad de género en sus candidaturas, para que una vez electas, las diputadas renunciaron para dejar en su lugar a sus amigos, esposos o familiares; los hombres que realmente estaban considerados para el cargo, consumando la burla a la autoridad electoral, pero sobre todo al electorado.
La polémica fue tal que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció por adoptar la medida de homologar el sexo de los y las candidatas a un cargo público de elección popular con el de sus suplentes.
La responsabilidad del TEPJF
Para Jaime Cárdenas, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, la vía legal más accesible para evitar nuevos casos como los de las ‘Manuelitas’ en Chiapas sería que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siente jurisprudencia para que las candidaturas titulares y suplentes de los cargos a elección popular en elecciones locales correspondan al mismo sexo.
El investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM señala que para que se pueda establecer jurisprudencia, la Sala Superior del Trife debe dictar tres resoluciones en el mismo sentido, lo que convertiría el criterio en obligatorio para todas las autoridades electorales.
“Con jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todas las autoridades electorales del país, el INE, los órganos locales, todos estarían obligados a respetarle.
Bastaría con que se establezca criterio jurisprudencial para que ya no puedan las autoridades electorales de ningún estado desconocer esa jurisprudencia, que no sea una tesis aislada o criterio aislado, para que estuviera imposibilitado el órgano electoral de un estado a registrar una candidatura de cualquier partido o sin partido en donde el suplente no fuese del mismo sexo y con eso nos evitamos el problema”, detalla.
Lo que el Tribunal Electoral debe hacer para que las candidaturas titulares y suplentes en elecciones locales correspondan al mismo sexo es sentar jurisprudencia
Para ello sería necesario en primer lugar que una de las mujeres que renunciaron a su cargo en Chiapas desistiera de su renuncia y promoviera ante el Tribunal Electoral local un juicio para la protección de los derechos político electorales, y tras la resolución, buscar que el recurso sea atraído por la Sala Superior debido a la relevancia en materia electoral.
Si los magistrados de la Sala Superior deciden atraer el recurso y pronunciarse, podrían establecer un criterio obligatorio para que no se vuelva a repetir el fraude a la ley electoral.
“Bastaría con que una de ellas promoviera un juicio para la protección de los derechos político electorales para que los tribunales electorales del país resolvieran a favor de esa mujer. Todos lo vemos como una simulación y como una violación al orden jurídico, como un retroceso democrático, como una violación a los derechos políticos de las mujeres”
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