En la alcaldía Xochimilco existe un solo líder de Morena firme: el alcalde de la demarcación, José Carlos Acosta Ruiz.
El morenista fue electo por primera vez en 2018 y, en 2021, fue reelecto.
Tras el fallecimiento de Avelino Méndez, exdelegado y funcionario local en enero de 2021, el actual gobernante se consolidó como el único liderazgo del partido guinda en la demarcación.
Lo anterior no significa que su gestión esté exenta de anomalías, ya que órganos auditores han revelado que el Gobierno de Acosta Ruíz ha cometido diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos durante 2020, año en el que inició la pandemia de COVID-19.
Entre las anomalías destacan concursos de licitación con irregularidades y la ejecución de programas públicos.
Los hallazgos en la administración de José Carlos Acosta Ruiz
Durante el primer semestre de 2022, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) publicó los resultados de la investigación ASCM-073-2020 que fiscalizó el uso de recursos durante 2020 por parte de la alcaldía Xochimilco.
Según la investigación, la demarcación celebró el contrato 02-CD-16-C-007-2020 y su convenio modificatorio al contrato 02-CD-16-C-007-2020 para un lapso de vigencia total del 22 de enero al 10 de septiembre de ese año, mediante una adjudicación directa por un monto total de seis millones 500 mil pesos.
La auditoría halló que la adjudicación fue autorizada como parte del rubro 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” y fue solicitada por la Dirección de Desarrollo Sustentable, a través de la requisición de compra C2019-616.
”Con lo anterior se dará debido cumplimiento a los programas de trabajo y metas establecidas para el ejercicio 2020. Asimismo, con el oficio núm. XOCH-13-ALX/383/2020 del 29 de julio de 2020, el titular de la alcaldía en Xochimilco autorizó la compra”, detalla la ASCM.
En este sentido, se requirió el complemento de la compra de amaranto por 360 mil pesos, mediante la requisición número C2020-273 del 15 de julio de 2020.
“Ambas requisiciones incluyen los datos técnicos del bien y el sello de no existencia por parte del almacén central; además, cuentan con los nombres, cargos y las firmas del jefe de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios y del director de Desarrollo Sustentable y del director General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”, indica el órgano auditor.
Observaciones de la ASCM
El órgano auditor halló que ambos procedimientos no contaron con la justificación para no ser realizados por medio de la licitación pública, como lo estipula la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.
“El sujeto fiscalizado no proporcionó la justificación del formato Dictamen de Caso 110, en la que se describa el bien por adquirir y se funden y motiven las causas que garanticen para la alcaldía Xochimilco las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes”, explica.
La administración de José Carlos Acosta justificó las compras por adjudicación directa por la pandemia de COVID-19; sin embargo, la ASCM no consideró como válido dicho argumento y no modificó su observación.
Posteriormente, en la misma investigación, detalla que se verificó si la demarcación publicó los padrones de beneficiarios de sus programas sociales de 2020; no obstante, encontró que fueron dados a conocer en 2021, hasta el año siguiente.
En consecuencia, la ASCM determinó que la demarcación no cumplió en tiempo y forma con diversas disposiciones en el lapso estipulado legalmente.
“Se concluye que, con lo señalado en el presente informe y respecto a la muestra auditada, el sujeto fiscalizado en algunos casos no cumplió las leyes, reglamentos, lineamientos, manuales, instrumentos jurídicos o cualquier otro mecanismo establecido para regular la aplicación del presupuesto en los momentos contables del gasto modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
“Y, derivado de que la evaluación del control interno fue medio para administrar los riesgos de irregularidades e ineficiencias a que estuvieron expuestas las actividades y el cumplimiento de los objetivos del órgano político-administrativo, se materializaron riesgos que derivaron en incumplimientos de diversas disposiciones jurídicas”, indica la conclusión general de la ASCM.
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