Jet Van, empresa sancionada, consigue licitaciones con nuevas empresas

Jet Van Car fue sancionada como resultado de las indagaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2018, pues se descubrió que rentó ambulancias al IMSS con tarjeta de circulación vencida

Los propietarios de Jet Van Car, arrendadora de autos sancionada por irregularidades en varios contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), continúan siendo proveedores del Gobierno mediante otras cuatro compañías.

Documentación oficial reveló que estas razones sociales tienen a los mismos accionistas y representantes legales con los que Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos (propietarios de Jet Van Car) acuden a compras públicas ya sea por licitación, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas, tanto a nivel federal, como estatal y municipal.

Las implicadas son Automóviles CGE de Zacatecas, SA de CV, creada en octubre de 2019 en Aguascalientes, Aguascalientes; CGE Automotriz, SA de CV, que vio la luz en agosto de 2018 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; Rin Automotriz, SA de CV, constituida en junio de 2016, también en Aguascalientes, Aguascalientes; y Vehículos AAA, SA de CV, registrada en agosto de 2018 con domicilio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Velázquez García figura como presidente y litigante de Automóviles CGE de Zacatecas, SA de CV, pero también como apoderado y accionista de CGE Automotriz, SA de CV, empresa que adquirió tres años atrás al transferir acciones y en la que Teresa López, su socia en Jet Van Car, tomó lugar como administradora única.

Tal como muestran las actas de CGE Automotriz, en 2019 Gerardo Vicente Hernández Celorio, le transmitió 5 partes a Cuauhtémoc Velázquez; mientras que Gerardo Vicente Hernández Pastor, 495 a Jet Van.

Hernández Pastor también se desempeña como director general de Automóviles CGE de Zacatecas y accionista de la misma mediante Vehículos AAA, SA de CV; aunado a que también es propietario de Rin Automotriz, empresa que en 2021, año en que Jet Van fue inhabilitada, tse quedó en Petróleos Mexicanos (Pemex) con los contratos 4400147913 y 4800031613 por casi 500 millones de pesos.

Por su parte, Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López han logrado extender su presencia de la mano de Automóviles CGE de Zacatecas tanto en dicho estado como en Aguascalientes, aunque también lograron convenios a nivel federal con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin olvidar los testimonios sobre que Velázquez Garcia busca conquistar la proveeduría federal, por lo que ya dio inicio al envío de propuestas.

Pasado lleno de sanciones

Jet Van Car fue sancionada como resultado de las indagaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2018, pues se descubrió que rentó ambulancias al IMSS con tarjeta de circulación vencida, sin llantas de refacción, con extintores vacíos o caducos, sin camillas, sin sirenas y sin luces, sumado a que, en 2019, la misma autoridad encontró que la arrendadora también le entregó al Instituto unidades sin tanques de oxígeno, con sirenas en mal estado y hasta golpes en la carrocería.
En el mandato Enrique Peña Nieto, Jet Van acumuló 405 contratos por más de 6 mil 500 millones de pesos.

Asimismo, el 25 de enero de 2021 la Función Pública inhabilitó por 12 meses a Jet Van Car, como resultado de otra revisión que data de 2019, en ésta también se detectaron indicios de un probable incumplimiento de contrato con el Servicio de Protección Federal.

Según la descripción del contrato, la empresa debía prestar el servicio con vehículos seminuevos, modelo 2015 en adelante, en perfecto estado de operación y funcionamiento, que no tuvieran más 40 mil kilómetros en el odómetro, sin embargo, las pesquisas confirmaron que proporcionó 13 unidades con kilometraje superior al especificado y al menos una unidad de mayor antigüedad.

Una vez que el periodo de sanción impuesto por la Función Pública culminó, Jet Van retomó actividades, tan es así que durante 2022 ha signado 22 contratos federales que superan los 356 millones de pesos, en su mayoría mediante adjudicación directa, es decir, sin concurso de por medio.

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