La omisión de Javier Navarro Velasco, secretario de Gobierno de Nuevo León, de no publicar 65 iniciativas de Ley en el Periódico Oficial del estado, podría llevarlo a enfrentar una investigación de carácter penal y un juicio político.
Después de que Navarro dejara los decretos en el limbo y no cumpliera con su obligación, que es un mandato constitucional, el político podría ser señalado por el delito de abuso de autoridad y por dañar el interés público fundamental.
Otra de las situaciones que pone en estado de vulnerabilidad al secretario de Gobierno es la mala relación que mantiene con los diputados de oposición del PRI y PAN.
Las iniciativas no publicadas por Navarro, por mencionar algunas, son reformas a la Ley de Salud; con un enfoque preventivo respecto al cáncer de mama, la obesidad, sobrepeso y salud mental, la Ley de Amnistía y Ley de Personas Desaparecidas.
Entre las iniciativas aprobadas que no entraron en vigor se encuentra la Ley de Coordinación Hacendaria y la petición de financiamiento de varios municipios de Nuevo León
El artículo 90 de la Constitución local establece la obligación de este funcionario, pues se señala que el Poder Ejecutivo debe publicar cualquier iniciativa en un plazo máximo de 10 días hábiles, y que en caso de que sea devuelta con observaciones durante este periodo, el Poder Legislativo tiene la facultad de discutir y aprobar el documento nuevamente.
Cuando el Poder Ejecutivo incumpla con los plazos previstos en dicho artículo, la ley o decreto será considerado sancionado, es decir aceptado, sin que se requiera la firma de los secretarios o gobernador.
Todas las reformas que no fueron publicadas responden a necesidades que tienen los ciudadanos del estado, por lo que no publicar los decretos contraviene el interés público fundamental.
El presidente del Congreso local ordenará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los decretos, la cual deberá efectuarse al día siguiente. El no hacerlo constituye una violación a la Constitución.
La responsabilidad de no realizar la publicación de las iniciativas recae en el superior jerárquico, que es Javier Navarro, responsable del Periódico Oficial del Estado.
La Ley de Juicio Político del estado de Nuevo León establece que este procedimiento se realizará cuando los actos u omisiones de los servidores públicos dañen gravemente los intereses públicos fundamentales.
“Cualquier acción u omisión intencional que origine una infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado o a las leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus municipios o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, dice el artículo 9 fracción VII, que establece las razones para llevar a un funcionario a juicio político.
El no divulgar las leyes, turnadas para su publicación por el Poder Legislativo, causó un perjuicio a los ciudadanos y al funcionamiento de los municipios. La Ley local de Juicio Político menciona que los servidores públicos a los que se refiere el artículo 202 de la Constitución de Nuevo León, en los que se incluye a los secretarios del Gobierno estatal, pueden ser sujetos a este proceso.
Investigación penal contra Javier Navarro
Javier Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León, no cuenta con inmunidad para enfrentar una investigación en su contra, después de que omitiera publicar 65 iniciativas legislativas en el Periódico Oficial.
El pasado martes, diputados del Congreso local aprobaron desaforar al secretario de Gobierno, tras una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo Javier Garza y Garza, para iniciar una investigación penal en contra de Navarro Velasco.
“Este acto tiene como objeto remover la inmunidad procesal (fuero) y que, en su determinado momento, el servidor público pueda quedar a disposición, en este caso concreto, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para iniciar con una investigación penal en su contra”, dice el dictamen aprobado.
La petición de la Fiscalía, de quitar el fuero a Navarro, se concretó tras la denuncia del presidente de la mesa directiva del Congreso local, Mauro Guerra, por la negativa del funcionario estatal de divulgar 65 iniciativas en el Periódico Oficial del Estado.
La omisión en la publicación de estos decretos y leyes, que no fueron divulgados en tiempo y forma, aporta elementos suficientes para atribuirle al secretario de Gobierno el delito de abuso de autoridad.
Hoy Navarro está vulnerable a cualquier procedimiento judicial por no contar el fuero que lo protege contra cualquier juicio, incluso, hasta quedar arrestado.
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