Javier Navarro pone en duda comparecer ante Congreso de NL: ‘Ya veré qué es lo mejor’

A pesar de haber sido llamado por la Comisión Jurisdiccional del Congreso local para comparecer en torno a su juicio político, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Javier Navarro, afirmó hoy que aún no decide si vale la pena atender la cita, toda vez que se trata de un proceso “caduco” y “viciado de inicio”.

Ante medios de comunicación, el funcionario recordó que el proceso iniciado por diputados de oposición, mismo que permaneció congelado durante más de un año, cuenta con suspensiones y excede el plazo permitido para llevarse a cabo, por lo que no tendría la facultad de sostenerse.

“Está caduco, es un procedimiento que tiene suspensiones; ya veré en su momento qué es lo mejor (…) La ley de juicio político en el Estado establece un plazo perentorio para que el Congreso lleve a cabo el proceso, creo que son seis meses; estos se han agotado con creces, están sobreexcedidos los plazos que la ley marca, ya no hay un procedimiento que pueda avanzar”, aseguró.

El día de ayer, la mayoría del Congreso local, conformada por legisladores del PRI y el PAN, no sólo “reactivó” el juicio político en contra de Navarro Velasco, sino que designó en una sola sesión a los nuevos titulares de las fiscalías Anticorrupción y de Delitos Electorales, además del nuevo auditor Superior del Estado.

Al respecto, Javier Navarro aprovechó la ocasión para advertir que tanto el Gobierno del Estado como los representantes de Movimiento Ciudadano en el Congreso están dispuestos a combatir dichas decisiones, no sólo por estar viciadas de inicio, sino porque  corresponden a un “intento desesperado” por imponer a funcionarios afines a los intereses de la oposición.

¿Por qué buscan enjuiciar a Navarro?

En 2022, la mayoría opositora del Congreso dictó una declaratoria de procedencia en contra de Navarro Velasco por negarse a publicar acuerdos tomados por el Legislativo en el Periódico Oficial del Estado (POE).

El gobernador Samuel García actuó de inmediato y presentó una controversia a los pocos días de trascender el proyecto de juicio político, misma que, en su momento, impidió tanto al Congreso como a la Fiscalía Anticorrupción proceder en contra del funcionario.