Javier Navarro Velasco, secretario de Gobierno de Nuevo León, busca a través de justificaciones sin sustento la reposición del proceso de juicio político en su contra. El funcionario envió un escrito a la Comisión Jurisdiccional del Congreso local, con el que busca exculparse.
En el documento de 33 páginas, el funcionario no esclarece las causales del procedimiento de orden constitucional, el cual es realizado por los Congresos que se erigen como órganos acusadores de las malas prácticas de funcionarios, mientras el Tribunal Superior de Justicia funge como jurado de sentencia.
El juicio político, con el que se pretende la destitución e inhabilitación del secretario de Gobierno, se deriva de la omisión de Javier Navarro de publicar iniciativas legislativas, entre ellas, la Ley de Coordinación Hacendaria la cual no entró en vigor a tiempo para que el Gobierno de Samuel García entregara las participaciones estatales y federales a municipios.
En su escrito, Javier Navarro enumera nueve justificantes para promover la nulidad de notificación del procedimiento, tales como la rapidez con la que se ha llevado el proceso y la pronta integración de la Comisión encargada del caso.
“(Ya) que es de explorado derecho que la urgencia en los casos de los procesos legislativos no queda en caprichos, necesidad o utilidad de los partidos políticos, ni de los diputados.
“Si no que deberá fundarse y motivarse a fin de que quede debidamente justificada la necesidad de la urgencia”, menciona el secretario de Gobierno en el documento.
Pese a los dichos de Javier Navarro, el juicio político en su contra se sustenta en la Constitución local, que establece que una de sus obligaciones como secretario de Gobierno es asegurarse de que las iniciativas de Ley aprobadas se publiquen en el Periódico Oficial del estado.
El artículo 9 de la Ley de Juicio Político establece que serán sometidos a este procedimiento los funcionarios que por acción u omisión intencional cometan una infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado o a otros ordenamientos estatales.
“Y cuando cause perjuicios graves al estado, a uno o varios de sus municipios o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, dice la Ley.
Otro de los reclamos de Navarro es que la petición de juicio político realizada por los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hernán Salinas Wolberg y José Luis Garza Ochoa, lo hicieron sin sustentar sus cargos.
“Los señores Salinas Wolberg y Garza Ochoa se ostentan, sin justificarlo, como presidentes de diversos partidos políticos, tales como Acción Nacional y el Revolucionario Institucional”, dice el documento.
Pese a estas afirmaciones, Javier Navarro Velasco reconoce a Salinas y Garza como dirigentes partidistas y representantes de los afiliados a estos institutos políticos.
El destino de Javier Navarro como secretario de Gobierno se encuentra en manos de los legisladores y del Poder Judicial.
Justificaciones infundadas de Javier Navarro
El secretario de Gobierno de Nuevo León consideró que la Comisión Jurisdiccional fue integrada con una “rapidez inusual”, lo que constituye una justificación suficiente para reponer el proceso de juicio político en su contra.
“Con una rapidez inusitada, innecesaria e injustificada se llevó a cabo la integración de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, a la que alude el artículo 14 de la derogada e inaplicable Ley de Juicio Político”, dice Navarro Velasco.
Sin embargo, este artículo no aparece derogado en esta Ley, sino que señala que el Congreso substanciará el procedimiento de juicio político por conducto de la Comisión Jurisdiccional.
“O bien a través de la Comisión Anticorrupción, cuando no se nombre una comisión jurisdiccional, la cual se integrará y funcionará de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno interior del Congreso”, dice el artículo.
Javier Navarro Velasco asegura que no existe algún documento o acta que justifique la urgencia de un procedimiento de juicio político, la instalación de la Comisión Jurisdiccional, y que mucho menos hay razones para subir al pleno del Congreso este asunto.
El funcionario aduce que la eficiencia de los diputados es una justificación suficiente para que se anule el procedimiento de juicio político en su contra.
Navarro Velasco agregó en su alegato que, mediante un acuerdo entre los coordinadores de algunos grupos parlamentarios, se realizó un documento, el cual carece fecha, en el que se establece la integración de la Comisión, el cual no fue firmado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona.
Sin embargo, esta parte del proceso fue grabado, dejando constancia de la fecha y la hora, en presencia de las diputadas de Movimiento Ciudadano Sandra Pámanes e Iraís Reyes.
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