Nota del editor: el artículo fue actualizado el martes 18 de enero
Javier Duarte de Ochoa podría pasar a la historia como el político que más dinero desvió durante los seis años que estuvo al frente de la administración del estado de Veracruz, al superar 60 denuncias por la desaparición de 60 mil millones de pesos, sólo de partidas federales.
Su propio partido político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dio la espalda y terminó por expulsarlo de sus filas el pasado 25 de octubre.
Duarte de Ochoa se ganó el repudio del país debido al destape de la corrupción que protagonizaron sus funcionarios más cercanos. A las múltiples denuncias presentadas contra su administración, se sumaron las protestas por adeudos a proveedores, aumento de la inseguridad, desaparición o asesinato de personas y hasta por la falta del pago de becas.
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“Se trata de un pecado brutal y un atentado contra la vida de los menores enfermos”, dijo. Una vez que tenga en su poder los resultados de los análisis de esas quimioterapias presentará las demandas penales correspondientes.
El martes 18 de enero, Patricia Ponce Jiménez, representante del Grupo Multisectorial VIH-Sida informó que durante la administración de Duarte se adquirió un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida que resultaron falsas o inservibles, en las que se invirtieron nueve millones de pesos. Las irregularidades fueron denunciadas ante la PGR por el entonces secretario de Salud, Juan Antonio Nemi.
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En el tema de la educación, la Universidad del estado de Veracruz fue una de las instituciones más castigadas durante el mandato de Duarte de Ochoa, ya que dejó de recibir 60 millones 948 mil 632 pesos.
El sistema de pensiones y servicios de los trabajadores del estado también se vio trastocado por la corrupción del gobernador y de sus funcionarios, quienes incluso golpearon a un grupo de ancianos que protestaban por la falta del pago de su pensión. El hecho afectó a a 125 mil derechohabientes del Instituto de Pensiones de Veracruz.
Según información de la Cuenta Pública de 2015, se detectó un presunto desvío de recursos públicos por 2 mil 993 millones de pesos, los cuales se sumaron a las diversas irregularidades como la falta de cobros, préstamos al gobierno sin aval, entre otras.
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Otro de los hechos que marcaron la administración de Duarte fue la impunidad ante las agresiones y crímenes contra periodistas, activistas y comunicadores a quienes constantemente recomendaba no “estar en malos pasos”. Hubo 19 periodistas asesinados en su estado, según cifras de Artículo 19 a julio de 2016. Y otros tantos huyeron de la entidad, por temor a ser asesinados.
Además del desfalco multimillonario a la población de su estado, Duarte convirtió a Veracruz en una de las entidades más violentas del país, colocándola en el sitio seis a nivel nacional en homicidios dolosos.
Sus nexos y tratos con el crimen organizado hicieron que repuntara la inseguridad, por lo que organizaciones civiles y de derechos humanos hablan de unos 30 mil desaparecidos. En agosto pasado el Colectivo Solecito Veracruzano encontró en la capital al menos seis fosas clandestinas con más de 50 restos humanos.
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El estado fue considerado como una gran fosa clandestina por Juan Carlos Trujillo Herrera, organizador de la Brigada Nacional de Búsqueda, cuya única finalidad es encontrar inhumaciones ilegales y con ellas tener la esperanza de encontrar a alguno de los desaparecidos.
