Javier Corral deja bomba de tiempo en Chihuahua

Javier Corral concluye su mandato como gobernador del estado de Chihuahua dejando las finanzas públicas en una situación de deuda más severa que como las recibió de su predecesor César Duarte, hoy detenido en Estados Unidos y en proceso de expatriación.

El boquete al erario chihuahuense será el reto de partida para la nueva gobernadora, María Eugenia Campos, quien ya siente presión del sector privado para saldar las cuentas que deja la administración saliente.

A una semana de asumir el Ejecutivo estatal, el equipo de transición de Maru Campos informó a medios locales que la administración saliente “no deja dinero ni para la nómina”, siendo que la deuda pública que asciende a los 64 mil 514 millones de pesos, un incremento de 11 mil millones con relación a 2016, cuando Javier Corral relevó a Duarte, quien, dejó las cifras en 53 mil 518 millones y hoy enfrenta cargos por multimillonarios daños al erario chihuahuense.

Esto siendo que Javier Corral no sólo basó su campaña a gobernador en el lema “Justicia para Chihuahua”, sino que convirtió las promesas de hacer pagar a Duarte en uno de los ejes de su administración, lo que lo llevó, lo mismo, a enfrentarse con el Gobierno federal que a inaugurar una “Expo Impunidad” en 2018 para exhibir la corrupción y los despilfarros del exgobernador con 21 órdenes de aprehensión en contra, 20 de estas obtenidas por la fiscalía estatal.

Para analizar la deuda que deja Javier Corral Jurado, Reporte Índigo consultó al doctor Kristobal Meléndez Aguilar, coordinador de investigación del centro Mejoramiento de la Calidad Democrática Internacional (Mecademia), quien considera que “pudieron contener la deuda que años previos tuvo crecimiento importante y que hay condiciones para mejorar el nivel de endeudamiento año con año de manera sostenible”.

Los señalamientos sobre el manejo financiero de Corral fueron hechos por exfuncionarios de su administración hoy integrados al equipo de Campos: Luis Aguilar Lozoya, quien fuera secretario de Desarrollo Social, y Carlos Olson San Vicente, en su momento subsecretario de Gobierno y suplente del senador Gustavo Madero. Ambos fueron nombrados a dichos cargos apenas en marzo de 2020, renunciando a finales de año para disputar, y ganar, diputaciones locales.

Estas adhesiones al equipo de Campos por parte de exfuncionarios de Javier Corral resultaron sorpresivas, en particular por el distanciamiento que se apreció entre los militantes de Acción Nacional durante la campaña. Cuando la mandataria electa superó en el proceso interno a Madero, respaldado por el gobernador, y posteriormente acusó a este de orquestar una persecución política en su contra al vincularla con los casos de corrupción de Duarte.

‘Boquete financiero’ de Javier Corral

El 31 de agosto, exactamente una semana antes de la transmisión de poderes, Olson y Aguilar desglosaron el “boquete financiero” que recibirá el Gobierno de Campos. El grueso, 48 mil 122 millones de pesos, es deuda a largo plazo y bursátil, quedando a deber otros 10 mil 820 millones a proveedores privados. Otro bloque considerable de 4 mil 052 millones corresponden a deuda bancaria a corto plazo.

“El uso de deuda ya sea a corto o largo plazo, siempre implica el adelanto de recursos con cargo a administraciones futuras. La deuda de corto plazo debe ser liquidada antes de cambio de administración, lo que normalmente implica problema de liquidez por calendario de pagos de participaciones, que se pagan esos créditos una vez se tengan los recursos”, explica Meléndez Aguilar, doctor en ciencias políticas por el Tecnológico de Monterrey.

Aunque la intención del anuncio era exponer a la ciudadanía las condiciones en las que la gobernadora recibiría la administración pública, también ha acarreado las primeras presiones para el nuevo gobierno, siendo que el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua de inmediato pidió el pronto pago de 10 mil 820 millones de pesos que se les adeuda a proveedores particulares durante la gestión de Javier Corral, acción que calificaron de “inmoral”.

“Muchas pequeñas y medianas empresas que dieron servicio lamentablemente están en esta situación de deuda. Efectivamente, la deuda bancaria, a largo plazo, la de las carreteras, esa no creció, pero en proveedores traemos esos 10 mil millones de pesos que van a afectar mucho a la economía local. Nosotros esperamos que el Gobierno de Maru pueda pagar a estos proveedores”, declaró a la prensa local Francisco Santini, presidente del CCE estatal.

Sobre el monto adeudado a proveedores particulares que recibirá Maru Campos junto con las llaves del Palacio de Gobierno de Chihuahua, Meléndez, también excolaborador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, señala que “la deuda de 10 mil millones de pesos refleja que aún hay un monto considerable de deuda, por lo que se usarán recursos en servicios de deuda en vez de para programas sociales”.

Como agravante, la administración de Maru Campos tampoco podrá recurrir a las participaciones que libere la Federación para solventar el inicio de sus operaciones, puesto que Corral pidió por adelantados tres mil 700 millones. De estos, mil 800 millones tendrían que haber sido liberados una vez iniciado el nuevo gobierno, en el último trimestre del año. Además de solicitar otros 800 millones del Fideicomiso Carretero a pagar en 2022.

Las operaciones mediante las cuales “Corral vivió de fiado”, como denunciaron los diputados Olson y Aguilar, se dio en el marco del acercamiento entre el gobernador saliente y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes, tras limar asperezas por las confrontaciones públicas que sostuvieron en 2020, dedicaron una gira por Chihuahua a inicios de agosto a intercambiar elogios mutuos y a hacer críticas sobre las posturas asumidas por el PAN.

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