Una transición caracterizada por la incertidumbre y la indignación es la que se vive en Baja California, estado cuyo gobernador, Jaime Bonilla Valdez, está acorralado en el tablero político.
El mandatario estatal es investigado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Secretaría de Honestidad y Función Pública de la entidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a las inconsistencias en la declaración patrimonial, presuntos actos de corrupción de su gabinete y la amenaza latente del recorte del periodo de gobierno.
A principios de este mes, se dio a conocer la opinión jurídica emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 30 de octubre, sobre la extensión de mandato en el estado fronterizo; la polémica reforma constitucional como Ley Bonilla, que extendió el periodo de acción del gobernador por tres años más.
De forma unánime, la Sala Superior del TEPJF recomendó a la SCJN determinar la inconstitucionalidad de la reforma aplicada por el Congreso local el 8 de julio de este año.
“Se considera que la reforma impugnada resulta inconstitucional ya que transgrede la prohibición prevista en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo sobre los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, así como los derechos de votar y ser votados, previstos en los artículos 35, fracciones I y II, 41, párrafos primero y segundo y 116, párrafos primero y segundo”, fue parte de la resolución entregada a la Corte.
Con la designación de Margarita Ríos-Fajart como nueva integrante de la SCJN, sólo queda esperar a que el máximo órgano de justicia decida regresar el periodo de gobierno al formato original
Con esta decisión, uno de los episodios más controversiales en la historia moderna de los procesos electorales del país parece estar llegando a su fin. Una acción legislativa en la que un Congreso local decide prolongar la duración de una gubernatura después de haber celebrado los comicios.
Para el director del seminario de Derecho Electoral en la UNAM, José Luis López Chavarría, la intentona de Bonilla Valdez de perpetuarse en el cargo tiene un precedente inmediato dos décadas atrás en el estado de San Luis Potosí. Un caso en donde, sin llegar a emitir norma alguna, se especuló la posibilidad de prolongar la gestión del gobernador interino.
“Nos remontamos a la época del sexenio de Salinas de Gortari en el estado de San Luis Potosí, con el gobernador Gonzalo Martínez Corbalá, quien llegó al cargo ante la renuncia de Fausto Zapata –quien había triunfado en las elecciones constitucionales en contra de Salvador Nava, pero fue acusado de gran dispendio en los comicios.
“El Congreso de la entidad nombró a Martínez Corbalá provisionalmente al cargo de gobernador, para que en un lapso de 18 meses convocara a nuevas elecciones. Entonces se especuló que al término de este gobierno potosino provisional pudiera seguir al frente de la entidad. Se rumoró a nivel prensa, pero al final Gonzalo Martínez no vio coronada esa inquietud de perpetuarse al frente del gobierno”, explica el catedrático de la UNAM.
Sin embargo, para el especialista en materia electoral, la búsqueda y consumación de la implantación de un nuevo periodo de gobierno resultó contraproducente para el nuevo régimen en Baja California, esto debido al rechazo generalizado al que la medida impulsada por los integrantes de la pasada Legislatura local generó a escala nacional.
“Ahora, 20 años después en el caso Bonilla, en el fondo lo que se pretende sondear es nuevamente esa posibilidad de hacer a un lado o quebrantar el principio constitucional de la no reelección. Es el caso de un gobierno local que lanza a manera de ‘globo sonda’ una reforma para ver qué tipo de reacciones políticas y sociales genera.
“Pero vemos que de forma unánime existe un rechazo a cualquier tipo de cambio o manoseo a ese principio, que ha sido fundamental en la historia política del país”, explica.
Jaime Bonilla Sin salida
Sobre las alternativas que tendría el nuevo gobernador para aferrarse al periodo de gobierno hasta 2024, López Chavarría considera que realmente son muy pocas después de la resolución del TEPJF, pues en su calidad de máxima autoridad electoral, es prácticamente un hecho que su opinión será tomada en cuenta por los jueces de la SCJN.
“La ruta está muy acotada, ya simplemente es cosa de esperar el tiempo administrativo y técnico que la Corte juzgue conveniente. Puede ser que inclusive ahora que se decidió a la nueva ministra que hacía falta (Margarita Ríos-Fajart), quizás en enero o febrero pudieran ya resolver esa situación.
“Yo ya lo veo como un asunto de mero trámite. Sería muy ilógico que finalmente con un aval previo y unánime de la Sala Superior del TEPJF, los ministros de la Corte contrariaran. Porque finalmente es el Tribunal quien tiene a los expertos en temas electorales.
La Suprema Corte, en beneficio de una salud política y de terminar con cualquier incertidumbre e inquietud, deberían darle prisa a este tipo de resoluciones. Porque mientras más se alargue esto, los supuestos se pueden extender
Cisma fronterizo
La resolución del TEPJF llegó en un periodo más que complejo para el nuevo régimen bajacaliforniano, el cual con poco más de un mes ya es blanco de acusaciones de corrupción y opacidad en las declaraciones patrimoniales del titular del Ejecutivo.
Este 27 de noviembre se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encontraba en el proceso de investigación de los bienes de Jaime Bonilla; residencias en México y Estados Unidos que no quedaron debidamente asentadas en su declaración patrimonial desde el periodo de campaña del ahora gobernador del estado fronterizo.
Más tarde, en un proceso revelado a principios de este mes, tres de los funcionarios de primer nivel del gabinete de Bonilla fueron señalados de actos de corrupción para la contratación de servicios de comedores escolares –el primer programa social implementado por el mandatario estatal el 4 de noviembre.
Cynthia Gissel García Soberanes y Jesús Núñez Camacho, secretaria de Bienestar Social y Oficial Mayor, presentaron sus licencias a los cargos correspondientes al verse directamente señalados por su probable responsabilidad en la distribución de contratos de adjudicación directa para los proveedores de estos servicios. Acciones que ya están siendo investigadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California.
