Jalisco tendrá cinco Centros de Justicia para las Mujeres en 2024

El proyecto del gobierno del estado implica convertir a la entidad en la segunda del país con mayor número de instalaciones para atender víctimas de violencia de género, después de Coahuila
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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Con los cinco Centros de Justicia para las Mujeres que el Gobierno de Jalisco proyecta tener en operación para el año 2024 en distintos puntos de la entidad, la infraestructura en esta materia en el estado se consolidaría como la segunda más grande de todo el país, según lo muestran los registros que elabora el Gobierno de México.

Luego de la reciente inauguración del Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el estado de Jalisco cuenta ya con cuatro de estas instalaciones en operación, mismas que fueron diseñadas para concentrar en un solo lugar los múltiples servicios públicos que resultan indispensables para atender debidamente a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Los registros de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) indican que, actualmente, el estado que dispone de la mayor red de Centros de Justicia para las Mujeres es Coahuila, con seis de estas instalaciones; mientras que hay cuatro entidades con cuatro Centros en sus respectivos territorios: Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, y el propio Jalisco.

Por eso, si se concretan los planes del Gobierno de Jalisco y, en efecto, en el 2024 se pone en marcha un quinto Centro de Justicia para las Mujeres, el estado se colocaría solo por debajo de Coahuila en lo concerniente a las dimensiones de esta infraestructura que resulta vital para combatir la violencia de género.

Este 4 de diciembre en que abrió sus puertas el nuevo Centro de Tlajomulco de Zúñiga, mediante un acto encabezado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el Gobierno de Jalisco comunicó:

“Alfaro Ramírez recordó que con el centro de Tlajomulco ya son cuatro en Jalisco, y que el próximo año se abrirá otro en Tlaquepaque, todos ellos, como parte de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres que atiende en coordinación el Gobierno de Jalisco con recursos estatales y de la propia Conavim”.

En ese evento se informó que, con las nuevas instalaciones de Tlajomulco, en todo el país ya se tienen funcionando 67 de estos Centros de Justicia. El resto de su distribución es la siguiente: Campeche, Chiapas, Nayarit, Puebla y Sonora tienen tres cada uno; Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, y Zacatecas tienen dos cada uno; mientras que todos los siguientes solo cuentan con uno en sus territorios: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, y Yucatán.

El modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres que diseñó el Gobierno de México, prevé que en estas instalaciones se brinden servicios como atención médica general y psicológica; abogacía y trabajo social; seguimiento a demandas en lo familiar (divorcios, custodias, alimentos); presentación y seguimiento a denuncias penales; desahogo de procesos judiciales; albergue temporal; y herramientas para el empoderamiento económico de las víctimas de violencia de género (como capacitación laboral).

Así nació el tercer Centro

El 11 de marzo de 2022, la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco atravesó por un cambio significativo, pues dejó de ser una responsabilidad de la Fiscalía del Estado, para ser asumida por un nuevo organismo que fue creado con esa finalidad específica.

Ese día, el gobernador de Jalisco, Alfaro Ramírez, instaló la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado (OPD) Red de Centros de Justicia para las Mujeres, el cual asumió la operación de esas instalaciones a partir del mes de abril de ese año, aunque en ese momento el estado solo contaba con dos centros: el de Guadalajara y el de Puerto Vallarta.

Según lo expuso el mandatario, su Gobierno optó por ese diseño institucional al considerar que era lo más conveniente para el funcionamiento de los Centros y la atención de la violencia de género en la entidad: “Se ha dado todo un ejercicio de diálogo, de discusión, de debate público sobre cómo poder diseñar un andamiaje institucional más sólido, para enfrentar un reto tan complejo como este, una apuesta que tendrá resultados muy positivos para nuestros estados”.

Y continuó: “Un esfuerzo que está pensado para enfrentar un problema que ha rebasado la capacidad de respuesta de gobiernos en todo el país y que hoy en Jalisco asumimos como un desafío que queremos enfrentar de la mano de la sociedad y con una respuesta institucional sólida, será esta estructura y esta Red la que nos va a permitir también crecer la infraestructura de Centros de Justicia en el estado”.

El 7 de julio de 2022 se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres en Colotlán, el tercero para Jalisco; y ubicado en el norte del estado para que sus servicios estén al alcance de las mujeres que habitan municipios de la región, como Bolaños, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero.

El refugio para atender violencia extrema, bajo reserva

Además de la expansión de la red de los Centros de Justicia para las Mujeres, una estrategia federal que ha tenido seguimiento transexenal –inició en 2010, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa-, el Gobierno de Jalisco anunció la reapertura este 4 de diciembre del “Centro de Atención a la Mujer, sus Hijos e Hijas, Estancia Temporal (CAMHHET)”.

Este Centro es el refugio más importante que tiene el Gobierno del Estado para las mujeres que enfrentan condiciones de violencia extrema que ponen en riesgo su vida, por lo que inclusive su ubicación se mantiene bajo reserva.

El Gobierno estatal señaló que el refugio para la violencia extrema de género recibió una “inversión de 28.6 millones de pesos, con lo cual se concretó un proyecto interinstitucional iniciado en 2021”, mismo que consideró un: “proceso de rehabilitación, que incluyó tanto la mejora de su infraestructura física como el rediseño de un modelo de intervención para las usuarias basado en protocolos actualizados”.

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