‘El Pinto’, talón de Aquiles

Luego de la detención arbitraria de un supuesto asaltante de cuentahabientes en la zona oriente de Guadalajara, la estructura policial está en entredicho.

Ahora se exige la renuncia de su autor intelectual, Filiberto Ortiz “El Pinto”, director de la Unidad de Información para la Prevención del Delito, y del comisario de Seguridad Preventiva, Salvador Caro Cabrera.

“El Pinto”, desde su llegada a la corporación policial, fue puesto en duda por su historial de violación a los derechos humanos y su renuncia como director de la policía de Ocotlán tras la muerte de elementos.

Tras este hecho, Ortiz Amador provocó un número inédito de denuncias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), pues ningún funcionario había provocado antes las 59 quejas que se levantaron contra la Dirección de Seguridad Pública de Ocotlán.

Del grueso de denuncias se pudo corroborar que en 22 de estas hubo evidencias de un patrón de conducta de transgresión a derechos humanos de los servidores públicos adscritos a la misma, como lo detalló la recomendación 5/2008.

Incluso en tres de las quejas la CEDHJ determinó que las violaciones al sistema de justicia que habían hecho los elementos respondía al aval y justificación del director de Seguridad Pública de dicho municipio, es decir, a Filiberto Ortiz.

Incluso se señaló que bajo la dirección de “El Pinto”, el personal de seguridad había tomado como propias las formas de violación de derechos humanos, dejando asentada la relevancia que el funcionario tenía en la tortura ejercida.

“El personal de la corporación policiaca, al mando de Filiberto Ortiz Amador, tiene arraigadas prácticas administrativas violatorias de derechos humanos, tales como revisiones de rutina, detenciones ilegales, retenciones injustificadas, prestación indebida del servicio público y ejercicio indebido de la función pública”, se lee en la citada recomendación.

De oscuro pasado

A Ortiz Amador se le acusó de participar en la tortura de los detenidos tras las manifestaciones altermundistas de Guadalajara en 2004,  pues de acuerdo al testimonio de César Naranjo, uno de los aprehendidos, éste había supervisado a los detenidos antes de enviarlos al penal de Puente Grande, sometiéndolos a asfixia, golpes y electroshocks en los testículos.

Desde su nombramiento en abril de 2016, “El Pinto” salió de nuevo a la luz pública por su oscuro pasado y bajo el sello de que su llegada significarían graves violaciones por parte de la policía a su cargo.

Así lo dijo en su momento Francisco Hernández Lomelí, académico de la Universidad de Guadalajara, al argumentar que el cargo que le habían concedido debía ser ocupado por funcionarios con honorabilidad y sin cuestionamientos por crímenes o violaciones en su pasado profesional.

Entrevistado por los medios de la UdeG, el experto apuntaba que no había explicación para la designación de “El Pinto” como funcionario en la corporación tapatía, pero que un posible argumento era que “o sabe mucho o sabe hacer cierto tipo de cosas”.

El comisario de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, defendió la integración de Ortiz Amador.

“Todas la investigaciones corroboraron que era un hombre incorruptible y que realizó algunos de los decomisos de drogas más importantes en la historia del estado de Jalisco, es una de sus credenciales”, declaró Caro Cabrera al periódico Mural en noviembre del 2016.

¿Policía secreta?

Ante los sucesos ocurridos en la zona de Oblatos, la oposición en Guadalajara ha señalado que esta práctica que atenta directamente con el nuevo sistema de justicia penal demuestra la actuación de la policía en sus presuntas investigaciones, destacando la tortura como una de las formas.

Por eso han señalado que la Policía de Guadalajara debería reestructurarse con la destitución de Salvador Caro, como lo indicó Alfonso Petersen, coordinador edilicio del PAN en el municipio, a medios locales.

“Creo que lo que sigue es una reestructuración total de la corporación. Yo insistí y seguiré insistiendo hasta que cumpla mi objetivo, de que el comisario tiene que dejar la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara”, expresó Petersen Farah.

El alcalde tapatío, Enrique Alfaro, descartó llegar a esas consecuencias, pero sí habrá respuesta a los actos.

Lo sucedido fue también puesto en duda por la presidenta de la comisión edilicia de derechos humanos del municipio, y regidora de Movimiento Ciudadano, Guadalupe Morfín Otero, quien pidió esclarecer los hecho violatorios de las autoridades.

Circuló la versión de que quienes integran la Unidad de Información para la Prevención del Delito en Guadalajara actuaban como una policía secreta; el fiscal, Eduardo Almaguer, expresó que se investigaría.

Pero, quienes ahora tratan de señalar actividades del grupo policial fueron quienes le dieron origen, ya que esta opera desde 2008 cuando el hoy gobernador, Aristóteles Sandoval, era alcalde en Guadalajara, y Eduardo Almaguer fungía como integrante de la comisión edilicia de seguridad, por lo cual tuvo conocimiento de las actividades de esta área policial.

Sin embargo esta policía no puede actuar por su propia cuenta, ya que de acuerdo con la resolución a la acción de inconstitucionalidad 134/2015, se resolvió que la policía encubierta debe estar bajo supervisión o en coordinación con los agentes del ministerio público.

Además de que la policía encubierta sólo actúa a nivel federal y para la investigación de delitos contra la salud o ligados al crimen organizado. A pesar de que esta tesis se debilita con la respuesta del Ayuntamiento tapatío respecto de la institución legal y reglamentaria que la sustenta.