Los recortes presupuestales que adoptó el Gobierno federal ante la caída de los ingresos petroleros han golpeado fuertemente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en su delegación Jalisco.
Esta reducción “significativa” sobre los recursos operativos de la Profepa en Jalisco llega, sin embargo, justo cuando más se le necesita para hacerle frente a problemáticas ambientales muy severas en el estado, en particular la contaminación del Río Santiago.
Apenas el 7 de septiembre de 2016, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, emitió la declaración de su visita a México, donde destacó el deplorable estado del Río Santiago en Jalisco, al señalar:
“En Jalisco, el Grupo de Trabajo conoció el caso del Río Santiago, considerado el río más contaminado en México. El río recibe descargas de más de 300 industrias en el corredor industrial Ocotlán-El Salto, uno de los corredores industriales más importantes del país. Una de las zonas más contaminadas del río fluye a través de los municipios de Juanacatlán y El Salto, con un total de 300 mil habitantes”.
Las industrias alrededor del Río Santiago resultan de competencia federal, lo que hace a la Profepa un ente clave en su vigilancia, sin embargo, la dependencia le advirtió recientemente a los legisladores locales de las dificultades presupuestales por las que atraviesa.
El 15 de febrero pasado los legisladores le solicitaron a la Profepa Jalisco, con el acuerdo 1054-LXI-17, un informe sobre las condiciones de contaminación del Río Santiago; aquella respondió el 3 de abril con el oficio PFPA/21.7/0448-1701171, donde la delegada Xóchitl Yin Hernández, advirtió:
“Se hace de su conocimiento que esta Procuraduría ha sido sujeta a ajustes presupuestales desde el año 2015, lo que han implicado una reducción significativa de los recursos materiales y humanos.
“Por lo que actualmente la Subdelegación de Inspección Industrial de esta Delegación en Jalisco, cuenta únicamente con tres inspectores federales, circunstancia que ha generado una disminución en las actividades de inspección y vigilancia en todo el estado”.
Multas benévolas
En la declaración del Grupo de Naciones Unidas que llamó al Santiago “el río más contaminado en México”, este comparte su experiencia en el sitio: “Fue un fuerte impacto ver el río cubierto de espuma y el olor de fuertes gases que se desprende del agua que cae en la cascada, El Salto”.
En el río “los efluentes principales se derivan de las industrias metalmecánica y metalúrgica, químico-farmacéutica, electrónica, automotriz, y de alimentos y bebidas. Un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua encontró un total de 1090 sustancias tóxicas, productos químicos y metales en el río, principalmente de fuentes industriales”.
Sin embargo, pese al nivel de contaminación, las sanciones que ha impuesto la Profepa contra las industrias del Polígono de Fragilidad Ambiental del Río Santiago, donde se concentra la problemática, no han sido severas.
Según el informe de Profepa, esta abrió 125 procedimientos administrativos sancionatorios en el Polígono, entre 2013 y 2015, en la actual administración federal, con multas por solo 16 millones 278 mil 816 pesos, si bien los procesos de 2016 y 2017 siguen abiertos.
De esta forma, la grave contaminación del río amerita castigos anuales promedio de solo 5.4 millones de pesos, no obstante que hay ya repercusiones para la salud de sus vecinos, como lo señala el Grupo internacional:
“Médicos locales citaron un aumento en la incidencia de diferentes enfermedades, incluyendo leucemia, abortos espontáneos y defectos de nacimiento congénitos, entre otros (…) Las comunidades expresaron su frustración porque sus preocupaciones no se escuchan. A pesar de la evidente exposición a contaminación industrial peligrosa, la carga de la prueba recae en las víctimas que sufren impactos en la salud”.
Dicho Polígono comprende a Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Zapopan, Tlajomulco, Juanacatlán, Zapotlanejo, Guadalajara, Ixtlahuacán del Río y Tala.
Vigilantes débiles
En su informe al Congreso, la Profepa asegura que entre 2013 y 2017 realizó 636 visitas de inspección y verificación a las industrias del Polígono de Fragilidad Ambiental del Río Santiago, pero estas dieron lugar únicamente a seis clausuras.
Esta debilidad que muestran los entes encargados de vigilar la normativa ambiental del país, no pasó desapercibida para el Grupo de Naciones Unidas que visitó el río, y que dijo:
“El Grupo de Trabajo fue informado de la limitada capacidad de las autoridades competentes para llevar a cabo inspecciones de control de la contaminación ambiental producida por las empresas. La Profepa es responsable de la inspección y supervisión de 200 mil empresas potencialmente contaminantes (…) Para ello sólo tiene 300 inspectores”.
Relajan vigilancia
Inspección y verificación de Profepa a industrias del Polígono de Fragilidad Ambiental del Río Santiago:
2013 2014 2015 2016 2017
Visitas 100 174 175 160 27
Clausuras 0 3 2 0 1
Sanciones 40 42 43 – –
Monto (MDP) 4 7.8 4.3 – –
Inacción estatal
Mientras la Profepa resiente la baja presupuestal, la contaminación en el Río Santiago no amaina.
“Las autoridades llevaron a cabo únicamente acciones correctivas que no solucionaron los problemas de salud pública y contaminación industrial”, entre estas, “la creación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales que solo tratan las descargas de aguas residuales domésticas de la parte meridional de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y no las aguas residuales de las industrias”, señala el Grupo de Trabajo.
A ello se suma que las instancias estatales ambientales que tienen como cabeza de sector a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadet), de Magdalena Ruíz Mejía, tampoco hacen mucho por el río.