Jalisco, la otra crisis de seguridad pública

La inclusión de Jalisco entre las cuatro entidades del país consideradas por el presidente Enrique Peña Nieto, como las de “mayor urgencia” para atender, por sus condiciones de inseguridad, evidenció la profundidad de la problemática en el estado. 

Es significativo que Jalisco sea emparentado por el presidente con el grupo de estados con las peores crisis de inseguridad y descomposición institucional (Tamaulipas, Michoacán y Guerrero), como lo hizo en su mensaje Por un México en Paz con Justicia Unidad y Desarrollo, del 27 de noviembre pasado.

Distintos aspectos que delinean esta fortaleza del crimen organizado en Jalisco han sido expuestos en Reporte Indigo. Nunca fue un dato menor su segundo lugar en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped) con 2 mil 113 casos, sólo atrás de Tamaulipas. 

La postura del presidente no deja lugar a interpretaciones. Al hablar de su iniciativa para crear policías estatales únicas, dijo:

“Esta reforma implicará un enorme reto presupuestal y por ello requerirá un proceso de transición administrativa responsable que dé prioridad a las entidades con mayor urgencia de atención, en este sentido, la iniciativa propone que los primeros cuatro estados en adoptar este modelo sean Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas”.

Durante la actual gestión estatal se ha registrado el 44 por ciento de las desapariciones del Rnped (926), y más de un tercio de todos los homicidios tienen la huella del crimen organizado: 572 de los mil 682 ocurridos de 2013 a octubre de 2014, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Sin el impacto social y mediático que ha tenido en este año la desaparición de 43 normalistas en Guerrero, entre noviembre de 2013 y marzo de 2014 fueron hallados en Jalisco 116 cuerpos en distintas fosas clandestinas.  

Un factor clave es la prominencia que ha adquirido el Cartel Jalisco Nueva Generación, y que lo ha llevado incluso a enfrentar al Ejército Mexicano, como en Guachinango, el 12 de mayo pasado, donde se presume que el grupo delictivo emboscó y asesinó a cuatro efectivos tras un operativo contra el robo de combustible. 

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) reveló que en Jalisco los cárteles obtienen 600 millones de pesos al mes por el hurto de gasolina, y que la mitad de las estaciones de servicio en el interior del estado -200- son extorsionadas para vender hidrocarburo robado. 

En la investigación del asesinato del alcalde panista de Ayutla, Manuel Gómez, ocurrido el 3 de agosto de 2014, la FGE difundió que el CJNG ordenaba sobre su Policía y que le habían cedido antes una comandancia en la fuerza de Unión de Tula.  

Así que no es la primera vez que el Gobierno Federal demuestra su preocupación por Jalisco, pues es aquí a donde envió uno de los primeros frentes de su Gendarmería. 

Todo ello, y algunas columnas publicadas en medios nacionales que abordaban sobre la situación estatal, hizo decir al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, el 18 de septiembre: 

“Es falta de información que no se tiene en el centro de cómo se está avanzando en el tema de seguridad (…) no hay focos que nos indiquen que se recrudece la violencia en Jalisco. Hoy está por debajo de la media nacional, por debajo de la media en homicidio doloso y secuestro (…) La Gendarmería yo la solicité”. 

Tras el mensaje presidencial del jueves pasado, el mandatario estatal admitió: 

“En Jalisco hay una célula criminal, una organización criminal fuerte que nos ha generado muchos problemas de inseguridad, desde los anteriores gobiernos, desde el anterior gobierno hasta el mío por ser una causa de foco rojo”. 

La propia Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió la relevancia de Jalisco en la producción de metanfetaminas y como plataforma de tráfico hacia Estados Unidos, dentro de su informe Evaluación Global de las Drogas Sintéticas 2014.

Cuando el presidente Peña Nieto habló de desplegar operativos federales urgentes, de reacción y no preventivos, de nuevo citó a Jalisco:

“He ordenado al gabinete de seguridad que realice un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente. También he instruido que se incremente el apoyo de las fuerzas federales en los municipios que lo requieran de los estados de Jalisco y Tamaulipas”. 

Jalisco, otra vez, con Tamaulipas, el de los 196 migrantes asesinados en San Fernando; con Michoacán, el de Servando Gómez “La Tuta”, quien cooptó a Policías y Ayuntamientos enteros; y con Guerrero, el de la afrenta nacional. 

Otra solución Única

El gobierno estatal ha destinado cerca de 400 millones de pesos en una imagen mediática que gira en torno al concepto de “Bienestar”. 

Pero el propio Peña Nieto ha exhibido a la entidad frente a todo el país. Y ahora el estado deberá adoptar un verdadero mando único policial. 

El fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco aseguró el mismo día del mensaje presidencial que si Jalisco fue elegido para un reforzamiento en sus áreas de seguridad pública es porque hay un “reconocimiento” por los avances de la Fuerza Única y “va adelantado en el tema”, así lo consignó el diario local El Informador. 

Reporte Indigo ha expuesto las 54 quejas que tiene la Fuerza Única ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, además de testimonios de ciudadanos que se dicen violentados por sus policías y publicado en Los excesos de Fuerza Única y Denuncia a funcionario por tortura. 

De la Fuerza Única han sido detenidos 10 de sus oficiales por acusaciones criminales, nueve por extorsión y uno por pertenecer a una banda de robo de vehículos en Casimiro Castillo con 17 integrantes, siete de estos, por cierto, policías municipales. 

Fue cuestionada también por su falta de reacción en el plagio y asesinato del diputado federal Gabriel Gómez, en pleno Periférico de la zona metropolitana de Guadalajara, el 23 septiembre pasado.

Pese a todo, las autoridades de Jalisco se dieron el lujo de hallar una prórroga velada a la depuración policial que debió concretarse el 30 de octubre, optando por reevaluar al 70 por ciento de los oficiales no confiables, un total de 3 mil 90 de los 4 mil 415 que resultaron reprobados.

Esto lleva a repetir un gasto por 8.3 millones de pesos en esos exámenes, así como a mantener en las calles a todos esos elementos no aptos.

Cambia opinión

La realidad siempre alcanza. Varios de los que ahora se suman sin chistar a la policía única estatal, fueron sus vehementes opositores cuando la propuso el expresidente panista Felipe Calderón en una iniciativa avalada por la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

El 12 de octubre del 2010, los medios plasmaron esta declaración al respecto del entonces alcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval:

“Muchos presidentes municipales no estamos de acuerdo. Yo recurriría a cualquier controversia constitucional, a cualquier recurso legal, porque la mayoría de alcaldes de Jalisco no está a favor”. 

El 26 de octubre del 2010, los entonces alcaldes: de Guadalajara, Aristóteles Sandoval; de Zapopan, Héctor Vielma; de Tlaquepaque, Miguel Castro (hoy diputado local); y de Tonalá, Antonio Mateos, todos ellos del PRI, acudieron al Senado de la República para defender su “autonomía municipal”. 

Ahí se reunieron con los senadores Manlio Fabio Beltrones –hoy líder de diputados del PRI en San Lázaro-, Jesús Murillo Karam–hoy procurador- y Ramiro Hernández –hoy alcalde tapatío-. Finalmente lograron detener la reforma y todo siguió como hasta ahora. 

El día del mensaje presidencial, Sandoval Díaz, ya como gobernador, expresó: “Por fin, hoy por ley, se establecerá ya la Policía Única”. 

Y aunó: “Debo de ser muy enfático, muy claro: en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero ya sucedieron cosas muy, muy lamentables, ahí es más reactivo y en el caso de Jalisco hoy es el momento en poder tener acciones concretas de manera preventiva”.

La alerta

En los números de la inseguridad en Jalisco, un tercio de los homicidios en la entidad tienen el sello del crimen organizado

600
millones de pesos
mensuales gana la delincuencia organizada con el robo de combustible

116
cuerpos encontrados entre 2013 y 2014 en fosas clandestinas de varios municipios

4,415
policías de la entidad reprobaron las pruebas de control de confianza

54
quejas ha recibido la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de elementos de Fuerza Única

2,113
desaparecidos hay en el estado, según datos oficiales