Jalisco, la entidad con más órdenes de protección emitidas para víctimas de violencia

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) catalogó a las autoridades de Jalisco como la entidad con más órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia emitidas.

Así lo constató el órgano con la revisión que hizo a los datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) estatal.

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres de la ASF reporta que Jalisco aparece como el primer lugar nacional en materia de emisión de estas órdenes durante el año 2021.

Dichos instrumentos tienen el objetivo de salvaguardar la integridad de las mujeres cuya vida está en peligro.

“De acuerdo con información del Banco Nacional de Datos sobre las órdenes de protección, de 2019 a 2021, se emitieron 112 mil 496 órdenes de protección, de las cuales, 43 mil 861 (39.0 por ciento) se emitieron en 2021; 50 mil 246 (44.7 por ciento) en 2020, y 18 mil 389 (16.3 por ciento) correspondieron a 2019”, informó el ente auditor.

Señala que del total de órdenes de protección emitidas en 2021, 38 mil 334, es decir, el 87.4 por ciento, fueron en el ámbito penal; cuatro mil 913, el 11.2 por ciento, en el ámbito civil y familiar; y 614 el 1.4 por ciento, en los dos últimos ámbitos.

Asimismo, de las 43 mil 861 medidas concedidas a nivel nacional, 19 mil 069 (43.5 por ciento) correspondieron a Jalisco; cuatro mil 419 (10.1 por ciento) a Morelos; 20 mil 359 (46.4 por ciento) se emitieron en 27 entidades federativas, una se emitió en el orden federal y 13 no especificaron el estado de la República.

Estados omisos

La Auditoría también detectó, sin embargo, los casos de tres entidades que han sido omisas en reportar sus órdenes de protección emitidas ante el Banco Nacional de Datos; estas son Oaxaca, Sonora y Veracruz.

La relevancia de estos instrumentos de protección, previstos en la legislación con fines precautorios y cautelares, radica en que representan “actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima”.

Además, la auditoría de la Cuenta Pública 2021 precisa que no solo las Fiscalías están facultadas para emitir esas órdenes.

“Deberán otorgarse por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas.

“Evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o por medio de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima”, señala el documento.

Acciones anunciadas

Las autoridades de Jalisco han implementado acciones con el objetivo de volver más eficientes los mecanismos de protección para las mujeres que se encuentran en peligro, como fue el caso de la Estrategia Ale, presentada el 13 de agosto de 2019.

Entre sus líneas de actuación, tiene la finalidad de crear y fortalecer unidades especializadas en comisarías municipales para el seguimiento y atención de mujeres que cuentan con órdenes o medidas de protección.

La iniciativa se lanzó luego del impacto que generó el feminicidio de Vanesa Gaytán Ochoa, cometido por su esposo el 25 de abril de 2019, frente a Casa Jalisco, cuando ella fue a solicitar auxilio de las autoridades.

Unos días después, el 27 de abril, se anunció que cada comisaría nombraría a un responsable del área, quién será el enlace con la Fiscalía para dar seguimiento, calibración y mejoras permanentes en materia de medidas de protección.

También se ordenó la instalación de una Mesa de Trabajo Permanente, que tendría como meta sesionar al menos una vez por semana y estaría integrada por la Coordinación de Seguridad, la Fiscalía estatal, la Secretaría de Igualdad y las comisarías de los nueve municipios de Área Metropolitana de Guadalajara.

“Con aportaciones de todos los participantes, vinculatorio tanto para la Fiscalía como para las comisarías. Se intercambiará información sobre buenas prácticas y experiencias y se dará seguimiento a las medidas en vigor”, se comunicó entonces.

De igual forma, se anunció la instalación de un software para el registro único de órdenes de protección con semaforización de riesgo y notificación a todas las policías involucradas.

Mecanismo cuestionable

El 27 de diciembre de 2019, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) expuso los hallazgos de su investigación sobre el feminicidio de Vanessa Gaytán, reveló que la víctima había acudido ante la Fiscalía en múltiples ocasiones y que había recibido órdenes de protección.

“Personal de la CEDHJ revisó, en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres, el expediente electrónico único de atención en violencia familiar del 21 de septiembre de 2017, generado a favor de la víctima.

“Desde esa fecha, la agraviada había denunciado violencia constante en su contra por parte de su entonces esposo, acudiendo en 16 ocasiones a dicho centro, la última vez el 13 de abril de 2019, y, sin importar que fue atendida y que se dictaron tres medidas de protección, días después fue víctima de la agresión”, detalló.

Incrementan órdenes

El 1 de marzo de 2022, fecha en que se presentó la Estrategia Emergente contra la Violencia en Razón de Género, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que el Gobierno estatal había incrementado la cantidad de órdenes de protección emitidas para mujeres víctimas de violencia.

Agregó que este problema va más allá de resolverlo con “policías y patrullas”, pues la estadística de feminicidios en 2021, de los 71, la mitad fueron cometidos por una persona conocida de la víctima y el 40 por ciento de ellos sucedieron al interior del hogar de las afectadas.

“En el estado se incrementaron en 18 por ciento las medidas de  protección, pero falta hacer más para que sea suficiente”, mencionó la autoridad.

La estrategia, con una inversión de 260.7 millones de pesos en 2022, tiene entre sus fines aumentar la capacidad operativa especializada; ampliar la infraestructura institucional; fortalecer el seguimiento a las víctimas de violencia; e incrementar la investigación y el análisis.