Aún cuando los ataques a la prensa parecen no ser tan impactantes como ocurre en otras entidades de la República –en las que el asedio y persecución a los periodistas se ven impulsados por entornos de alta violencia–, el estado de Jalisco no está lejos de evidenciar una mala relación entre gobiernos y medios locales.
Así es como lo señala el último informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del estado, en el documento titulado “La situación de los derechos humanos en Jalisco 2018”, donde se hace un recuento de los acontecimientos más relevantes del año en dicha materia.
La información revelada por el organismo que integra el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social en Jalisco, abrió el debate sobre la relación poco amigable entre la prensa local que cuestiona e investiga los movimientos de la administración estatal de Enrique Alfaro Ramírez y la respuesta que este último ha tenido con respecto al papel que juegan los medios en su tarea de informar a la sociedad.
A diferencia de otras entidades en donde los casos de alta violencia sirven para ponerle freno a la libertad de expresión en la región, en Jalisco ha sido el desdén de las autoridades hacia todos aquellos que realizan investigación periodística lo que limita precisamente esta labor
“La relación rasposa con determinados medios informativos y periodistas desde que asumió la gubernatura de Jalisco el seis de diciembre de 2018, está presente luego de que Alfaro Ramírez suele confundir las críticas con ataques personales e imagina que detrás de todos los cuestionamientos está un grupo o partido político que las atiza”, señala el documento del CEPAD.
Y es que, precisamente de esa forma se ha referido el gobernador de Jalisco a los planteamientos de los medios de comunicación de la entidad, señalando que no dará respuesta a “supuestos medios” que responden a agenda ocultas
“No voy a entrar en debate con los medios, y menos con esos medios, porque en el fondo de estas posiciones hay otras agendas; yo lo que le digo a quiénes se dedican a desinformar y a decir mentiras flagrantes. Está bien, pueden decir lo que quieran, yo sé realmente cuál es la intención, cuál es el interés, pero para qué polemizar”, expresó Alfaro Ramírez al ser cuestionado sobre la reducción presupuestal de su gobierno por reporteros del diario NTR Guadalajara a finales del mes de enero, medio al que calificó como “mentiroso”.
Este tipo de actitudes del gobernador le han valido el señalamiento de organizaciones internacionales como Artículo 19, la cual lanzó un llamado de atención al mandatario local por atentar contra la libertad y la representación que tienen sus dichos ante un panorama de vulnerabilidad para los periodistas, pues esto evidencia un nulo respaldo de las autoridades al ejercicio libre de la información.
“Artículo 19 exhorta al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, así como a todas las autoridades del estado, a cumplir con los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, debiendo fomentar una pluralidad informativa e incluyente, a través de la adopción de un discurso favorable para el ejercicio periodístico”, señaló la organización en febrero pasado
No es violencia, es desdén
Uno de los apartados en el reporte de la CEPAD sobre libertad de expresión fue escrito por Sergio René de Dios Corona, periodista de amplia trayectoria y académico de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), cuyo trabajo de investigación ha estado centrado el papel del periodismo y la comunicación.
De acuerdo con el investigador, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, en la última década se han abierto solamente 18 indagatorias por delitos cometidos contra periodistas en Jalisco. Sin embargo, Sergio René sostiene que a diferencia de otras entidades en donde estos casos de alta violencia sirven para ponerle freno a la libertad de expresión en la región, en Jalisco ha sido el desdén de las autoridades por aquellos que realizan labores de investigación periodística lo que limita precisamente esta labor.
Este tipo de acciones también han generado un incremento en el presupuesto publicitario del estado, en donde –bajo el pretexto de una comunicación más directa– el mandatario ha designado amplios recursos a empresas digitales que concentran su discurso en las páginas oficiales del gobierno estatal.
“Es común que Alfaro Ramírez pague pautas publicitarias para dar a conocer políticas públicas o fijar posturas en redes sociales, interesado en que se difundan más por esa vía. A los medios informativos no siempre envió sus comunicados oficiales”
De igual forma, señala que esto ha llevado a que los canales de comunicación oficial se muestren con ausencia de críticas y sin la posibilidad de preguntar. Tal como ocurrió en su momento con reporteros del diario NTR Guadalajara.
“La libertad de expresión no se mendiga; se ejerce. Está salvaguardada por la Constitución Política del país, que obliga a las autoridades, según el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el de expresar, recibir y difundir opiniones, pensamientos e informaciones por cualquier medio posible, sin restricción de fronteras”, concluye el apartado respectivo del informe de CEPAD.
Este fenómeno de desatención del Gobierno de Jalisco hacia la prensa ya generó reacciones de otras organizaciones locales, quienes respaldaron el ejercicio periodístico e hicieron un llamado Enrique Alfaro para exigir el derecho a disentir y a la libertad de expresión; por su parte, activistas como Pedro León Corrales también expresaron la necesidad de que entidades como la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos intervengan para contrarrestar este fenómeno de censura.
“Lo que resulta muy preocupante es un ambiente que está tomando mayor frecuencia, en donde el periodismo más profesional, más crítico y que da seguimiento serio a temas sociales, está empezando a ser muy presionado y pensamos que esto es parte de las garantías que tenemos como derecho de audiencias”, señaló Carlos Chávez Reyes, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, una de las 20 organizaciones que se posicionaron hasta el momento en este tema.
