Sierra El Cuale: la negativa

La política ambientalista de la administración de Aristóteles Sandoval Díaz ha quedado marcada con la intención de impulsar áreas protegidas en la superficie estatal y bajo un régimen local.

Aunque para la declaratoria estatal de Área Natural Protegida de la Sierra El Cuale, anunciada desde marzo del año pasado, la administración priista encuentra obstáculos por parte de los ejidatarios de los municipios que atraviesa este conjunto montañoso.

La superficie, enclavada al noroeste del estado, comprende cuatro municipios, dos de la región Costa Norte: Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, y dos de la región Sierra Occidental: Mascota y Talpa de Allende. Que se corresponden con un importante corredor turístico de pueblos en esa zona.

De acuerdo con el proyecto de la declaratoria, publicado el pasado martes 10 de enero en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, se argumenta que la Sierra El Cuale: propuesta de Área Natural Protegida (ANP) responde a una importancia nacional e internacional por las características naturales y su equilibrio ecológico.

“La región de la costa norte de Jalisco mantiene extensiones considerables de ecosistemas terrestres y marinos de singular importancia. La propuesta de Área estatal de protección hidrológica Sierra El Cuale se establece en la vertiente costera, lo que permite proteger una representación mayor de los ecosistemas existentes en un gradiente que va desde la zona marina hasta la montaña”, se lee en el documento oficial consultado por Reporte Indigo.

Las comunidades ejidales en torno a la superficie natural de lo que pretende ser declarado como ANP ven una amenaza a sus terrenos y un dobleteo de funciones que ya vienen realizando.

Así lo expusieron el presidente, secretaria y tesorero de Nuevo Centro de Población Ejidal Provincia, perteneciente al municipio Cabo Corrientes, en una carta enviada al Congreso Local de Jalisco y turnada como comunicación recibida el pasado jueves 12 de enero.

“Dicha iniciativa contempla el 50 por ciento de la superficie del núcleo agrario que representamos, es por ellos que le hacemos de su conocimiento que por iniciativa propia hemos estado realizando actividades de conservación, restauración de suelo y reforestaciones.

“En caso de que se decretara el área natural protegida propuesta perjudicaría directamente el aprovechamiento forestal y otras actividades productivas; además, se hace hincapié en que el Ejido viene cuidando y aprovechando sus recursos forestales de manera ordenada”, se lee en el texto.

Privados de sus tierras

Los ejidatarios de Las Juntas y Los Veranos, también del municipio de Cabo Corrientes, fueron más duros con su crítica sobre el proyecto de declarar área protegida a la zona.

“Nuestro ejido se vería afectado con una superficie de 5,578.34 hectáreas, de las cuales en forma ilegal se pretende privarnos de las tierras que legalmente nos fueron dotadas a nuestro ejido, y de los cuales los ejidatarios de manera voluntaria hemos adoptado la protección y la conservación de nuestros recursos”, expresó María Grarda González Zúñiga, en su carácter de presidenta del ejido.

En los documentos, los ejidatarios de Boca de Tomatlán y Mismaloya, Emiliano Zapata, Pedro Moreno y Provincia, así como los ya citados, exponen que han tenido diversas reuniones con representantes de las autoridades estatales.

Incluso se menciona que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a cargo de Magdalena Ruiz Esparza, realizó un taller en Talpa de Allende, otro en Puerto Vallarta y tres en la cabecera municipal de Tuito, para informar a la población sobre el proyecto natural.

Para Trinidad Mejía Paz, presidente del ejido Emiliano Zapata, las autoridades no han sabido exponer con toda claridad los alcances de este plan.

“Derivado de las reuniones que se ha tenido con personal de la Semadet, en el que el ingeniero Daniel Arcadio Gutiérrez ha realizado las presentaciones del proyecto de ANP en nuestro municipio, y así mismo, se han hecho reuniones con los prestadores de servicios técnicos de la zona, en los que se han visto diferentes puntos de vista y se han expuesto los pro y los contra de dicha ANP y sus afectaciones a los posesionarios de los Ejidos.

“Derivado de dichas reuniones, han surgido muchas dudas de las cuales el representante de la Semadet no ha sabido esclarecer con certeza los alcances, por lo que existen muchas dudas respecto a ese proyecto”, señala el oficio de Mejía Paz.

Reclamo a nivel federal

Los ejidatarios han enviado oficios al Legislativo local con la esperanza de ser escuchados y, sobretodo, aclarar sus dudas sobre un proceso que sigue en pie desde que lo anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en marzo de 2016.

“Señores diputados, queremos manifestarles que nuestras tierras ejidales son la base económica de nuestro sustento, sustento de nuestras familias, y de concretarse ese decreto se violarían los derechos humanos del ejido y sus habitantes.

“En virtud de lo anterior, y por considerar que hemos trabajado de manera enérgica y voluntaria en la protección y la conservación de nuestros ecosistemas, la Asamblea General de Ejidatarios, de fecha 27 de noviembre de 2016, acordó su negativa y no autoriza a que se establezca un decreto de áreas naturales protegidas ‘Sierra El Cuale’”, señala en el oficio del comisariado Ejidal de Las Juntas y Los Veranos.

Además de que estos oficios también fueron enviados a dependencias federales como la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para que tengan conocimiento del conflicto existente en el tema.