Con la reciente extinción del organismo estatal denominado Servicios y Transportes, el Gobierno de Jalisco se ha deshecho de todos los entes públicos que llegó a tener para la operación de rutas de autobuses convencionales y transporte público, aumentando así la participación de la iniciativa privada en este servicio fundamental.
Primero fue el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, del PRI, quien impulsó la desaparición del organismo público Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome), la cual se concretó por parte del Congreso del estado el 26 de julio de 2017.
Ahora, en una acción similar, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, del partido MC, propuso la extinción del otro organismo estatal para la administración de rutas de autobuses: Servicios y Transportes, que fue aprobado por el Congreso este 15 de mayo.
A través de ese par de organismos, el Sistecozome y Servicios y Transportes, el Gobierno de Jalisco podía operar directamente rutas de transporte público de camiones.
El gobernador Enrique Alfaro propuso la extinción de Servicios y Transportes, la cual fue aprobada por el Congreso el pasado 15 de mayo
La desaparición de estos organismos públicos implica que las rutas de transporte que estaban bajo su responsabilidad están pasando a las manos privadas de empresas a través de concesiones.
Un proceso que comenzó en el sexenio del priista Sandoval Díaz y que ha continuado en el de Alfaro Ramírez.
La promesa que hacen las autoridades a los jaliscienses es que bajo el modelo de ruta-empresa (es decir, una empresa a cargo de cada ruta), la calidad y la seguridad de este servicio aumentará, y que incluso el control del estado será mayor –no obstante la pérdida de sus organismos-.
Organismos de transporte público quebrados
El argumento que utilizó el exgobernador de Jalisco, Sandoval Díaz, para desaparecer el Sistecozome en el año 2017, es la misma que ahora usa el gobierno de Alfaro Ramírez para extinguir el organismo público de Servicios y Transportes: su inviabilidad financiera.
En el caso del Sistecozome se informó que sus pasivos totales superaban los 503 millones de pesos (MDP), mientras que los de Servicios y Transportes estaban rondando los mil 600 MDP, de acuerdo con el dictamen aprobado por el Congreso del Estado.
“Los pasivos del OPD Servicios y Transportes al primer trimestre del 2020 ascienden a más de 1,598 millones de pesos, lo que representa 911 por ciento de sus ingresos totales del 2019 y de continuar la dinámica en la que sus egresos son superiores a sus ingresos los pasivos seguirán aumentando”.
Los datos publicados señalan que mientras en el año 2017 el organismo de Servicios y Transportes generó ingresos por 241 millones 198 mil 806 pesos, para el 2019 estos se redujeron a 175 millones 262 mil 858 pesos.
El dictamen de viabilidad financiera que emitió la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco sobre Servicios y Transportes, advierte que “en el periodo 2017 a marzo 2020 los ingresos propios del OPD Servicios y Transportes han disminuido en promedio 24 por ciento anual.
“Esta disminución ha requerido que durante los ejercicios 2018 y 2019 se requieran transferencias del Gobierno del estado de Jalisco a la OPD Servicios y Transportes para que esta pueda solventar los costos de su operación”.
Al tener egresos por arriba de sus ingresos, el organismo Servicios y Transportes generó pérdidas por 213 millones 020 mil 875 pesos en el periodo 2017-2019 y por si fuera poco.
“A los pasivos anteriormente mencionados es necesario agregar el pasivo contingente generado por juicios laborales (que) conlleva a laudos condenatorios en perjuicio del OPD por un estimado de 36.9 MDP. Además de adeudos vehiculares de ejercicios anteriores (refrendos, infracciones de tránsito, recargos y gastos de ejecución etc.) por un importe estimado de 1.5 MDP”, dice el dictamen del Congreso.
Finanzas opacadas
Lo que persiste sin ser clarificado tanto con el Sistecozome como con Servicios y Transportes son las causas que llevaron a su quiebra financiera, pese a tratarse de organismos operadores del transporte público en un estado como Jalisco, con una dinámica económica creciente, al menos hasta la llegada del coronavirus.
Ambos organismos públicos estaban facultados tanto para prestar directamente el servicio del transporte como a través de subrogatarios y permisionarios, sin embargo, sus finanzas colapsaron, según lo han determinado los gobiernos de Sandoval Díaz y Alfaro Ramírez.
El decreto aprobado por el Congreso incluso incluyó un artículo octavo transitorio, que ordena una investigación sobre el ente.
“La Contraloría del estado deberá realizar una auditoría al extinto organismo público descentralizado denominado ‘Servicios y Transportes’, y en caso de encontrar alguna probable responsabilidad, procederá conforme a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del estado”, se lee.
Una disposición similar se aprobó cuando se desintegró el Sistecozome, pues incluso el Congreso comunicó que “la Contraloría del estado tendrá que dar seguimiento puntal a la quiebra, y deberá presentar las denuncias en donde se configuren delitos, ante la Fiscalía General y se dará cuenta de cada paso al Congreso del Estado y al nuevo Sistema Estatal Anticorrupción”, aunque no hay resultados a la vista de ello.