Jacinta tenía razón

El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) vestidos de civil entraron en el mercado central de Santiago Mexquititlán.

Decían estar realizando una operación de búsqueda de drogas y DVD “pirata”. Los agentes intentaron confiscar productos del mercado, y los vendedores protestaron.

Jacinta estaba en la bola.

Hay una fotografía que fue publicada en un periódico local, en la que se le ve detrás de los participantes en la marcha. Eso bastó para que la mujer indígena fuera detenida -junto a Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio- acusada del secuestro de los seis miembros de la AFI.

Aunque a simple vista la historia suene irreal, a la Procuraduría General de la República (PGR) le tomó más de 3 años determinar que existía “duda razonable” respecto de su responsabilidad en el supuesto secuestro. 

Jacinta pasó más de 36 meses en prisión sin que nadie presentara ninguna otra prueba de su participación en el incidente que la fotografía del periódico. Durante el juicio no se pidió en ningún momento a los agentes que comparecieran para demostrar su denuncia o reconocer a Jacinta.

Ayer, 5 años después de que fuera puesta en libertad, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que se le  “ocasionó un daño patrimonial y moral” que se debe reparar.

El monto de la indemnización no fue especificado.

El tribunal determinó también que la PGR debe reconocer la inocencia de Jacinta otorgándole una disculpa pública al menos en los mismos medios donde se difundió la acusación.

El proceso de Jacinta –quien fue sentenciada a 21 años de prisión-  estuvo plagado de irregularidades, denunciaron desde el inicio del juicio organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La indígena otomí, que en ese entonces hablaba muy poco español, no tuvo acceso a un traductor y se le negó su derecho a la presunción de inocencia.

Duda de la PGR

Jacinta celebró que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) fallara a su favor, pero dudó que la PGR cumpla con la reparación del daño.

“Me siento bien, estoy esperando haber qué se resuelve o qué se va a hacer. Falta ver qué tiene que decir la PGR, quién sabe qué pasaría”, dijo en entrevista con el diario Reforma. 

La otomí aseguró que para la PGR no es fácil reconocer errores y dar una disculpa pública, sin embargo, ella sigue luchando para que se haga justicia a mucha gente.

“Es muy difícil, a veces se gasta uno lo que no tiene, vende uno lo que no tiene, no quiero que otras personas pasen igual que nosotras, sabemos que es difícil, por eso estamos luchando, ojalá que no vuelva a ocurrir. Si ellos (la PGR) no están de acuerdo, si no quieren pedir disculpas públicamente, que por lo menos no vuelva a pasar otra vez”, destacó. 

Jacinta remarcó que hay muchas personas indígenas que son detenidas y encarceladas injustamente por no saber hablar español y por tener miedo, por lo que ella seguirá peleando por que estas situaciones cesen.

A favor de todos

Rosendo Anaya, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Poder Legislativo indicó que el fallo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) es a favor de todos los indígenas que han sufrido muchos atropellos en el ámbito de la justicia.

“Algo que esperábamos, nos congratulamos con esta resolución del Tribunal Federal, porque desde un principio se había dado cuenta de que se habían equivocado, que la PRG se equivocó y este fallo no fue en favor de Jacinta, como ella lo ha comentado, sino a favor de los indígenas que están en condiciones muy similares, seguramente ha habido muchos atropellos con respecto a la impartición de la justicia, seguramente esto irá caminando cada vez más”, dijo el funcionario en entrevista para un portal de Internet.

Anaya destacó que este caso es un precedente para los indígenas, porque se ha ventilado cómo la justicia no ha sido igualitaria para todos. Se inculparon de delitos a tres mujeres que estuvieron por mucho tiempo en abandono y sin apoyo, señaló.