Iztacalco, entre pagos millonarios a proveedores incumplidos y trabajos mal ejecutados en CENDIS, revelan órganos auditores

La alcaldía que gobierna Armando Quintero ha incurrido en presuntas malas prácticas en el ejercicio de recursos públicos, según un análisis de la Contraloría General de la Ciudad de México realizado al gasto público de 2021
David Martínez David Martínez Publicado el
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Durante 2021, la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México cometió presuntas irregularidades en contratos de obras y servicios que han perjudicado a la Hacienda pública.

Según la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, la gestión del alcalde Armando Quintero incurrió en diversas anomalías e inconsistencias en procesos de adquisiciones y se detectó la falta de mecanismos que puedan evitar malas prácticas.

Quintero Martínez, abanderado de Morena, se convirtió en el primer alcalde de Iztacalco en octubre de 2018, después de las elecciones de julio de ese año y, para 2021, fue reelecto.

En 2023, el Órgano de Control Interno de Iztacalco dio a conocer los resultados de la auditoría A-2/2022, clave 1-6-8-10, ejecutada al rubro de “Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios” de la demarcación durante el año 2021, señala información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La introducción del documento especifica que el órgano auditor local revisó el 25 por ciento de los contratos firmados por la alcaldía en el año 2021, que representa un monto económico de 148 millones 68 mil 931 pesos. Como resultado, el órgano supervisor realizó tres observaciones.

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por la Contraloría?

La primera acusación corresponde a las inconsistencias detectadas en la ejecución de los trabajos que se realizaron a través del contrato AISR/AI/035/21 para el “Mantenimiento a los CENDI: Pantitlán, Leandro Valle, Derechos de los Niños, Infonavit y Juventino Rosas”, así como en los bienes adquiridos a través del contrato AIZT/ADB/042/042/2021 para la compra de “Muebles de oficina y estantería”.

Respecto al primer contrato, la Contraloría detectó que hubo deficiencias en los trabajos realizados en el CENDI (Centro de Desarrollo Infantil) Infonavit, al encontrar que no se llevaron a cabo los trabajos de desmantelamiento, recubrimiento y acabados, así como las instalaciones hidrosanitarias ni las instalaciones eléctricas.

Pese a no cumplir con lo que se estipuló en el contrato, la demarcación pagó al proveedor Acasmo S.A. de C.V. un total de un millón 420 mil pesos de los recursos públicos.

En el segundo contrato, AIZT/ADB/042/042/2021, firmado para la compra de “Muebles de oficina y estantería”, la contraloría detectó que no fueron localizados 17 botes de basura que se adquirieron a través de dicho convenio y cuyo monto asciende a 25 mil pesos.

Pagan por herramientas y kits pagados, aunque no los hayan recibido

La segunda observación es la diferencia en la entrega de bienes y prestación de servicios formalizados a través de los contratos abiertos número AIZT/ADS/041/11/2021 para la “Prestación del servicio de conservación y mantenimiento a las celdas de cimentación y áreas verdes en la U.H. Infonavit Iztacalco” y el contrato LPNB/AI/040/2021 para el “Suministro e instalación de sistemas de seguridad en colonias”.

El órgano de control de Iztacalco menciona que, a través del primer contrato, se adquirieron 438 bienes de equipos de desazolve y jardinería por un millón 316 mil 373 pesos; sin embargo, solo se entregaron 373 bienes a los beneficiarios del programa social de mejoramiento de unidades habitacionales para el que se celebró el contrato; de 68 y más, no hubo constancia de entrega.

La Contraloría indica que los faltantes, cuyo costo superan los 100 mil pesos, estaban en resguardo de los beneficiarios del programa social al momento de la investigación, pero los poseedores de los bienes acusaron que algunos no funcionaban ni recibieron capacitación para emplearlos.

Sobre el segundo contrato, para el “Suministro e instalación de sistemas de seguridad en colonias”, el organismo acusa que no se acreditó la entrega de 22 kits de videovigilancia, que equivalen a un monto de un millón 200 mil pesos.

Dichos bienes fueron adquiridos como parte del ejercicio del Presupuesto Participativo del año 2021.

Señalan ausencia de mecanismos de control

La tercera observación indica que, de manera general, en los contratos otorgados hubo carencia de controles que permitieran garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos y convenios de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

En consecuencia, la Contraloría recomendó mejores mecanismos de control para supervisar el cumplimiento y ejecución de trabajos contratados conforme a lo acordado.

Además, solicitó información sobre los bienes faltantes en los contratos referidos, así como el reintegro de los recursos correspondientes.

“La dirección general de administración deberá instruir al jefe de la unidad departamental de Bienes e Inventarios a implementar los mecanismos de control y supervisión necesarios que aseguren la correcta recepción de bienes y servicios solicitados de conformidad con los contratos formalizados”, detalla el órgano supervisor del servicio central.

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